Ni Ana Botín, ni Carlos Torres, ni Ignacio Goirigolzarri. El nombre que ha protagonizado una parte importante del pasado ejercicio en la banca española no es el de ningún banquero, sino el de un jubilado valenciano. Carlos Sanjuán arrancó a comienzos de 2022 una campaña por la atención de las personas mayores en las sucursales bancarias que acabó implicando al Gobierno y a todo el sector. Fue el primero de los tres problemas reputacionales que tuvo que afrontar la banca española en el año que acaba de concluir y que el sector acabó solventando con acuerdos voluntarios y sin un endurecimiento de las leyes.
El curso comenzó tras un ejercicio, el de 2021, protagonizado por los grandes ERE y los fuertes planes de cierre. Miles de trabajadores salieron de los bancos al tiempo que se clausuraron cientos de sucursales por todo el país. El panorama que quedó fue el de un país con la mitad de oficinas bancarias que en 2008 y con doscientos municipios que han perdido su última presencia de entidades financieras durante la pandemia.
La crisis sanitaria aceleró el proceso de digitalización de los servicios bancarios en España. A ello se unieron políticas comerciales que incentivaban el uso de las aplicaciones frente a la atención física. Fue en este contexto donde Sanjuán impulsó la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, que buscaba lograr una mejor atención a personas que tienen menos aptitudes digitales y para quienes una app o el uso de los cajeros complican las gestiones bancarias.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se implicó y presionó a la banca para que diera respuesta a estas exigencias. No fue mediante una norma, sino que dejó en manos de las patronales la formulación de compromisos para solucionar el problema. El resultado fue un decálogo de respuestas genéricas a esta brecha para las personas mayores como ampliación de horarios o reparación de cajeros, así como la asignación de personal específico para personas mayores.
Ocho meses después del acuerdo, la asociación de consumidores Asufin publicó un informe sobre el cumplimiento de estos compromisos en el que apuntaba a problemas que se mantienen. Apuntaba a que, si bien se estaba cumpliendo con la ampliación horaria, apenas un 10% de los mayores pudieron hacer sus gestiones en ventanilla, ya que muchas de ellas acarrean costes añadidos. Además, aunque el 42% tiene problemas para usar el cajero, el 90% dice que se ve abocado a usarlo. Por último, indicaba que falta todavía implementarse el trato preferencial que se anunció en las oficinas o el gestor personal que se incluía en el decálogo.
La atención a mayores ha sido únicamente el primero de los acuerdos voluntarios firmados por las patronales bancarias con el Gobierno. El segundo llegó tras el verano. A la necesidad de mejorar la atención a mayores se unió la que se presta en zonas rurales. La gran eliminación de costes de los últimos años, unida a la que se realizó desde la pasada crisis financiera, ha dejado a multitud de municipios sin oficina bancaria ni cajero.
Las tres patronales del sector (AEB, CECA y Unacc) sellaron una serie de compromisos pactados con el Ministerio de Asuntos Económicos. El protocolo daba seis meses a las entidades para garantizar la presencia física en los municipios de más de 500 habitantes, ya sea con oficinas, cajeros, ofibuses o agentes comerciales. Si en esos meses, que vencerían en abril, no se ha dado solución, se obligará a la implementación de cajeros de ‘marca blanca’. Para municipios más pequeños, el acuerdo era menos concreto y se hablaba de alternativas como los carteros rurales mediante acuerdos con Correos o impulsar la retirada de efectivo en comercios.
Mientras estos acuerdos se sellaban, con ruedas de prensa conjuntas entre el Gobierno y las patronales bancarias, se iba gestando el caldo de cultivo para el tercero de estos acuerdos. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, el Banco Central Europeo (BCE) cambió el rumbo de su política monetaria, apostando por fuertes subidas en los tipos de interés. Esto ha provocado una alta revalorización del euríbor, que ha pasado en pocos meses de su mínimo histórico a máximos de la última década. Esto, para muchos hogares, ha supuesto un quebradero de cabeza al elevar sus costes hipotecarios, al tiempo que suben los precios de la energía o los alimentos.
Unidas Podemos y otros socios del Ejecutivo empezaron a presionar para imponer límites en las cuotas de las hipotecas y evitar que estos hogares pudieran entrar en problemas de impagos. El ala socialista y el sector se mostraron reacios a estas medidas, si bien la vicepresidenta Calviño urgió a las patronales a pactar un modelo para proteger a los clientes más vulnerables.
El código de buenas prácticas fue la vía final elegida para aplicar estas medidas. Se trata de un protocolo que no obliga a su cumplimiento más que para aquellos que lo firmen. Unidas Podemos, Más País y otros socios lamentaron que se utilizara este método para ayudar a los hipotecados vulnerables, ya que no supone un endurecimiento de la ley.
En este caso, no hubo un acto de firma entre el Gobierno y las patronales. Fue el Ejecutivo quien anunció las claves de este nuevo código de buenas prácticas. Tras las críticas iniciales, se han ido adhiriendo los principales bancos del país. Se trata en realidad de dos códigos. El primero es una reforma del que ya estaba vigente desde 2012, ampliando su implementación hasta aquellos hogares con rentas menores a 25.200 euros. Además, se aprobó la creación de otro, que tendrá una vigencia temporal de dos años, para familias con ingresos de menos de 29.400 euros.
Por último, se aprobó una eliminación temporal de los costes para convertir una hipoteca variable en hipoteca fija. Sin embargo, esta medida, que se ha dispuesto para todos los hipotecados en España, choca con una realidad que es el encarecimiento acelerado por parte de los bancos de los préstamos a tipo fijo.
No esquivó el nuevo impuesto
La banca afronta el nuevo ejercicio tras haber esquivado tres posibles endurecimientos de la ley mediante códigos de buenas prácticas y acuerdos voluntarios. Sin embargo, pese a su oposición frontal, no ha podido evitar el impuesto temporal que tendrá que abonar en 2023 y 2024.
Este 1 de enero ha entrado en vigor este nuevo tributo que grava los ingresos por comisiones e intereses del sector este año y el próximo. El tipo será del 4,8% y prevé recaudar 1.500 millones de euros, dentro del paquete de medidas que el Gobierno anunció para hacer frente a la inflación. El Ejecutivo ha señalado al sector bancario como uno de los principales beneficiarios de la situación provocada por el alza de precios gracias a la subida de tipos de interés.
Pese a la buena sintonía mostrada entre el Gobierno y las patronales del sector durante todo el pasado año en los sucesivos acuerdos firmados, el curso cerró con una advertencia de que el caso puede llegar a los tribunales en 2023. “Lo recurriremos al día siguiente de abonarlo”, anunció María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, una de las voces más beligerantes en el sector contra el impuesto. La banca en conjunto ha cargado contra la medida, que ha asegurado que limitará el crédito y la concesión de hipotecas y lastrará sus resultados. Resultados que, a falta de concretarse en las próximas semanas con las presentaciones de las cuentas, apuntan a un beneficio histórico para los bancos españoles.