La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha reunido este viernes con las tres patronales del sector bancario (AEB, Ceca y Unacc) para acordar nuevas medidas que lleven servicios financieros a zonas donde no llegan actualmente las entidades, especialmente en el mundo rural. El sector tiene a partir de ahora seis meses para trazar soluciones, de lo contrario, tendrán que instalar cajeros automáticos de marca blanca para poder prestar estos servicios a los ciudadanos de estas localidades.
Calviño ha sido la encargada de presentar las medidas acordadas en un protocolo que amplía otro previo que dejaba fuera a parte de los municipios afectados por la exclusión financiera. Estos plazos que se marcan en el acuerdo plasmado este viernes afectan a aquellos municipios de más de 500 habitantes que no tienen ninguna entidad financiera, lo que suma en torno a 200.000 ciudadanos. Estos municipios deberán tener presencia física de los bancos, ya sea mediante oficinas, agentes comerciales o las sucursales ambulantes, conocidas en el sector como ofibuses. Si en seis meses no se ha planteado la solución para estos municipios, será cuando entra en juego la obligatoriedad de instalar cajeros de 'marca blanca' que den servicio de manera conjunta. “Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio”, ha asegurado el Ministerio en una nota.
Para el resto de municipios, aquellos que tienen menos de 500 habitantes, y que no tienen servicios financieros, el acuerdo es menos concreto tanto en plazos como en alternativas. Se trata de algo menos de 3.000 localidades que suman 446.000 habitantes. El Ministerio explica que la prestación de estos servicios podrá realizarse a través de carteros rurales o modalidades como el 'cash back', que permite obtener efectivo en comercios no financieros, así como en ayuntamientos.
En total, son algo más de 650.000 habitantes los que se verían afectados por estos compromisos de la banca firmados este viernes con el Ministerio. “Tengo la satisfacción de informarles del compromiso del sector con el 100% del territorio”, ha asegurado Calviño en la rueda de prensa tras la reunión. “El compromiso del sector es una buena noticia”, ha añadido, asegurando que ahora se podrán prestar servicios en municipios que incluso antes de la crisis financiera no tenían.
El acuerdo para la actualización del protocolo alcanzado recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio. Las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios —durante la pandemia ha ocurrido en 230 localidades— se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos 4 meses salvo imposibilidad sobrevenida. Además, estos municipios se incorporarán a los objetivos desarrollados en el protocolo, comunicando la previsión de cierre al Observatorio para su incorporación al estudio de diagnóstico con el objetivo de que se pueda sustituir el servicio prestado por otro en línea con los establecidos para municipios en la misma categoría de población, de modo que se mantenga el acceso a los servicios bancarios.
En definitiva, ambas partes han vuelto a marcar la importancia que se da en este proceso a Correos. La empresa pública, que por sí sola no ofrece servicio bancarios, acordó hace unos meses con las distintas patronales un protocolo para poder realizar en sus oficinas o con los carteros rurales algunas operaciones básicas como retiradas e ingresos de efectivo. Hasta el momento han sido siete entidades las que se han adscrito y las patronales confían en que en los próximos meses se unan más.
“Es un día para estar orgullosos, sobre todo para quienes viven en las zonas rurales de nuestro país”, ha defendido Alejandra Kindelán, la presidenta de la patronal AEB, que une a entidades como Santander, BBVA o Sabadell.
Para próximas reuniones ha quedado abordar otro de los temas que el Gobierno quiere acordar con la banca: la subida de las hipotecas. El Ejecutivo pretende tratar con las patronales mecanismos sectoriales que sirvan para proteger a los deudores hipotecarios que se puedan ver con mayores problemas para asumir el pago mensual de la devolución del préstamo con la subida de los tipos. Sin embargo, no se ha avanzado hasta el momento medidas concretas que pudieran salir de este acuerdo.