Casi 600 accionistas de Bankia han presentado por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España por no haber realizado de forma efectiva su labor de supervisión y regulación en el proceso de fusión de la entidad financiera y su posterior salida a Bolsa, empeñándose en “una estrategia equivocada”, lo que provocó graves perjuicios económicos a los demandantes.
Según el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, encargado de la reclamación, ésta se extiende también de forma solidaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por no haber sido nada cuidadosa en la “exigencia de requisitos elementales para una salida a Bolsa”, y al Ministerio de Economía por ser incapaz de “calibrar el devastador efecto de las políticas públicas de estabilización financiera”.
En el escrito presentado se solicita la comparecencia de, entre otros, Rodrigo Rato, expresidente de BFA y Bankia; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; Julio Segura Sánchez, expresidente de la CNMV, y Javier Aríztegui, exsubgobernador del Banco de España y expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En concreto, el despacho presentó este miércoles la reclamación de responsabilidad patrimonial de 29 pequeños accionistas de la entidad bancaria que vendieron sus participaciones “con ocasión del colapso y nacionalización de Bankia” con la intención de, como los hechos posteriores han demostrado con creces, “minimizar sus pérdidas”.
Además, a finales de este mismo mes Cremades & Calvo-Sotelo presentará otra reclamación ante los mismos actores en representación en este caso de un grupo de 565 afectados de la salida a Bolsa de Bankia y que aún poseen las acciones que compraron en su momento.
Para los reclamantes, la salida a Bolsa de Bankia es el “precipitado final de un conjunto de decisiones torpes adoptadas por los gestores de la entidad, que se vieron arropados, jaleados e incentivados por unos supervisores financieros empeñados en una estrategia equivocada en relación con el proceso de saneamiento y rescate”.
Asimismo, los reclamantes entienden que la misma creación de Bankia “constituye una equivocación sin precedentes”, al incrementar exponencialmente el riesgo sistémico de la entidad “conforme se agregaban cajas de ahorro por sí mismas inviables”.
De esta manera, los afectados consideran que la fusión de Bankia y su rápida salida a cotización se realizó sin las garantías de control e información exigibles a los tres órganos supervisores, que, en lugar de cumplir su función, generaron “una apariencia de credibilidad, de solvencia” de la entidad ante los clientes habituales, la gran mayoría depositantes y cuentacorrentistas, que no se ajustaba a la realidad.
Además, se destaca el “especial cuidado en el ejercicio de sus competencias” que deberían haber tenido los supervisores financieros al tratarse de un caso en el que las “asimetrías informativas” entre el vendedor, Bankia, y los compradores, muchos de ellos pequeños ahorradores, eran más que notables.
La reclamación detalla que, en “caso de que no sea posible determinar el grado de participación de cada una” de las tres Administraciones públicas “en la causación del daño”, se reclamará “la responsabilidad solidaria de todas ellas frente a los perjudicados”.