¿Es beneficioso reducir el tiempo en el que se cobra el paro?

El desempleo persistentemente alto es uno de los grandes problemas estructurales de la economía en España. Nadie lo niega. Ni sindicatos, ni empresas, ni ninguna institución. Incluso en los momentos de fuerte crecimiento de la actividad en nuestro país, la tasa de paro ha permanecido por encima de la media europea. Está ocurriendo ahora: el incremento del PIB (Producto Interior Bruto) destaca y se están creando más puestos de trabajo y de mayor calidad que nunca. Pero el desempleo se ha estancado en el 12%, todavía cinco puntos por encima del 7% del conjunto de la eurozona.

Por eso, el Banco de España plantea la necesidad de abordar cambios en el mercado de trabajo y ha abierto el debate sobre reducir el tiempo de paro sin tocar la cantidad de dinero que se percibe. Según un modelo económico que incluyó en su Informe Anual de 2022, la institución defiende que reducir los meses de prestación por desempleo favorece que los trabajadores vuelvan a encontrar un empleo antes.

Con los cálculos para un 5% de reducción del tiempo de paro (cerca de un mes menos respecto al periodo máximo de dos años contemplado actualmente) y “manteniendo la cuantía de la protección, aunque repartida entre menos meses”, según detalló Ángel Gavilán, director general de economía y estadística del Banco de España, la hipótesis de que adelanta la reentrada de los parados al mercado laboral se cumple. Aunque el propio director general admitió que los resultados obtenidos con estos parámetros es de una mejora del 0,1% de media.

“Lo importantes no son las cifras, lo importante es el debate”, destacó Ángel Gavilán. Porque según el marco de partida que maneja la institución (con el periodo entre 2013 y 2019 como referencia), el 44% de las prestaciones de cuatros meses se agotan antes de que el parado encuentre un nuevo trabajo. Mientras, solo uno de cuatro desempleados (un 25%) con una prestación de seis a diez meses la consumió entera sin volver al mercado. Para las prestaciones más largas, de entre 12 y 24 meses, se estabiliza en uno de cada cinco (20%).

Hay que tener en cuenta que “la mayoría de ellas tenían una duración o muy corta o muy larga. En efecto, aproximadamente la mitad de las prestaciones otorgadas entre 1987 y 2019 tenían una duración potencial máxima de cuatro o seis meses. En el lado opuesto, un 18% de las nuevas prestaciones presentaban una duración potencial de 22 o 24 meses”, destaca el Banco de España.

“Los resultados de este ejercicio analítico, que están en línea con otros que se han documentado en la literatura académica, apuntan a que podría existir un cierto margen de mejora en el diseño de las prestaciones por desempleo”, insiste la institución.

“En todo caso, varios elementos recomiendan una interpretación prudente de los resultados presentados. En primer lugar, el hecho de que, a lo largo de las últimas décadas, no haya habido modificaciones de gran calado en el sistema de prestaciones por desempleo dificulta que se puedan cuantificar con precisión los efectos que unos eventuales cambios en este podrían tener en la conducta de los trabajadores y en el comportamiento agregado de la economía”, añade.

Además, reconoce que el ejercicio está centrado únicamente en las políticas pasivas de empleo (las que buscan mantener la renta de los desempleados mientras estos no tienen un empleo). “No obstante, la probabilidad de reentrada al mercado laboral está muy condicionada también por el diseño y la efectividad de las políticas activas de empleo [por ejemplo, la formación], lo que recomendaría un análisis conjunto de ambos instrumentos”, incide.

Por último, los cálculos “solo valoran qué impacto podrían tener los cambios en el sistema de prestaciones sobre la rapidez a la hora de encontrar un empleo. También sería conveniente analizar si la configuración del sistema puede afectar, además, a la calidad de los nuevos empleos creados; por ejemplo, en la medida en que una mayor duración potencial de la prestación pudiera favorecer que sus beneficiarios (los parados) encontraran un mejor emparejamiento en su vuelta al empleo entre sus habilidades y el nuevo puesto de trabajo”.

“La prestación contributiva es como un seguro que pagas en tu nómina. Te permite seguir teniendo ingresos mientras buscas un trabajo, te formas, no aceptar lo primero que encuentres”, explica Raül Segarra, estadístico especializado en el mercado laboral. “Más allá de una cuestión de optimización económica, es una decisión política sobre cómo queremos que afecte el desempleo a la vida de las personas”, añade el especialista.

En 2018, un informe publicado por el centro de análisis Funcas relataba que “la probabilidad de salida del paro tiende a disminuir con la duración debido a factores tales como la depreciación de las cualificaciones, la pérdida de motivación y la discriminación por parte de los empleadores”.

“Además, los problemas de salud debidos al estrés mental, la acumulación de niveles insostenibles de deuda o los problemas de acceso a la vivienda también tienden a aumentar con el tiempo”, añadía.

Por qué señalar a la duración y no a la orientación

Por su parte, Segarra recuerda que hay “mucha literatura sobre cambios en las prestaciones por desocupación que incentiven la reentrada en la ocupación”, pero subraya que el tiempo de percepción de la prestación “no es el único factor a tener en cuenta”. “Puestos a estudiar posibles cambios, más inversión en políticas activas, especialmente en orientación y buena formación, me parece que tendría mejores resultados”, añade.

Desde los sindicatos mayoritarios, y también la patronal CEOE, se inclinan también por esta segunda pata: el gran margen de mejora de la inserción laboral de las personas desempleadas a través de las políticas activas de empleo.

Fuentes de CEOE prefieren no entrar a valorar la extensión de la prestación en el tiempo del ejemplo del Banco de España. “Lo que pedimos es facilitar los tránsitos entre el desempleo y la ocupación, además de reforzar las políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad del trabajador durante el tiempo que cobra las prestaciones”, indican en la organización de empresarios.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, criticó el debate que abre el regulador. “El Banco de España debería de profundizar un poco más en cuáles son las razones por las que a las personas les cuesta poder acceder a algunos puestos de trabajo. Desde mi punto de vista no tiene para nada que ver con el tiempo de duración del desempleo”, afirmó esta semana.

En CCOO también sitúan el foco en esta “presunción” del ejercicio del Banco de España de que “la gente prolonga la situación de desempleo algo más de lo necesario”, sostiene Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y protección Social del sindicato. Pero Bravo advierte de que los datos del SEPE indican que solo una gran minoría, “el 10% de las personas desempleadas, consumen entera la prestación”. El estudio del Banco de España sitúa el dato en el 18% de las personas con el máximo de prestación reconocido (dos años).

Este mismo dato subraya el Ministerio de Trabajo, preguntado por el debate abierto por el Banco de España. “Solo una de cada cinco personas desempleadas con un periodo de prestación acumulado de 12 meses la agota o lo que es lo mismo: cuatro de cada cinco personas (80%) encuentran un empleo antes de agotarla”. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que “incluso en el caso de las personas que cuentan con un periodo mínimo de prestación (cuatro meses) en menos de la mitad de los casos (44%) la agotan antes de encontrar empleo”. El Ministerio destaca que no comparte “los planteamientos que estigmatizan a las personas en desempleo”.

En un contexto en el que “la gran mayoría de personas que cobran prestaciones se incorpora al mercado de trabajo antes de agotarlas”, subraya por tanto Carlos Bravo, no considera que el debate de la reforma de la protección del paro deba enfocar hacia la duración de la prestación, sino “a la mejora de las políticas activas, con más orientadores que puedan ofrecer una atención y acompañamiento personalizado a las personas desempleadas, con formación sobre las necesidades del mercado de trabajo”, valora.

La misma línea defiende el Ministerio de Trabajo: “Consideramos que la clave de la reincorporación al mercado laboral está en mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras con una orientación individualizada y una formación, tal y como se recoge en la Ley de Empleo, que les permita adaptarse a los desafíos de la transformación digital o la transformación ecológica al mismo tiempo que se mejora la cobertura de las prestaciones”.

En el departamento que lidera Yolanda Díaz recuerdan en este sentido que el Gobierno de coalición ha eliminado este 2023 uno de los recortes aplicados por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que redujo la cuantía de la prestación de desempleo del 60 al 50% pasado el sexto mes en paro.

“No se aportan datos sobre los efectos de ese recorte”, subrayan en Trabajo, “que serían de gran relevancia para analizar el impacto de la medida, aunque desde 2012 aumenta el porcentaje de personas que agotan su prestación de 24 meses”, que pasa del 13% al 20% según el estudio del Banco de España. “Y, sin embargo, se reduce en los que tienen una prestación inferior a cuatro meses que no se vieron afectados por el recorte”, que bajó del 55% al 42%, destacan en el Ministerio.

La brecha con la eurozona

Baja productividad y alto desempleo

Lo cierto es que en las últimas décadas, la economía española se ha mostrado incapaz de alcanzar el nivel de renta per cápita de la eurozona. El Banco de España lamenta que “los principales factores que están detrás de este fenómeno son, fundamentalmente, una productividad y una tasa de empleo persistentemente menores que las de otros países de nuestro entorno”.

En 1960, el PIB per cápita español se situaba un 32% por debajo de la media del área del euro, mientras que en 2008 esta diferencia se había reducido a tan solo 10 puntos porcentuales. La crisis financiera de 2008 revirtió el anterior proceso de convergencia, en buena medida como consecuencia de un peor comportamiento de la tasa de empleo relativa. Asimismo, la productividad de España se ha mantenido desde 2008 entre un 10% y un 15% por debajo de la eurozona.

Mientas, las elevadas tasas de paro que la economía española ha mostrado a lo largo de las últimas décadas presentan un elevado componente estructural. Incluso durante la fase de intenso crecimiento que nuestro país experimentó entre 2000 y 2007, la tasa de paro no se redujo por debajo del 8%. Más recientemente, a pesar de la vigorosa recuperación de la actividad en 2021 y 2022, y de que se vislumbren algunos signos de sobrecalentamiento en nuestro mercado de trabajo —por ejemplo, un aumento de los puestos de trabajo vacantes y la escasez de demandantes de trabajo en determinados sectores—, la tasa de paro todavía se mantiene cerca del 12%.

“Corregir estas deficiencias debería ser uno de los objetivos fundamentales de la política económica en España y exigirá cambios muy significativos en muchos aspectos estructurales de nuestra economía. El papel que han de desempeñar las políticas públicas —en particular, el despliegue de los fondos asociados al Plan de Recuperación— son cruciales”, finaliza la institución.