Las asociaciones de comerciantes y vecinos de los barrios afectados por la nueva 'Operación Chamartín', ahora 'Madrid Nuevo Norte', han dado una respuesta desigual al que parece el impulso definitivo al desarrollo urbanístico de la zona septentrional de la capital. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Manuela Carmena, el Ministerio de Fomento, y la la sociedad Distrito Castellana Norte (formada por BBVA y la constructora San José) se califica como “esperanzador” por parte de la Asociación de pymes de Chamartín, pero es rechazado por la plataforma ciudadana Madrid Zona Norte.
Mucho ha cambiado Madrid desde que hace casi 24 años Renfe adjudicara a un consorcio liderado por el banco Argentaria (posteriormente integrado en BBVA) la concesión sobre los terrenos del Estado ubicados en el recinto ferroviario de Chamartín. Sin embargo, los alrededores de la estación se han quedado estancados, a la espera de un desarrollo que nunca llegaba, lo que ha afectado al comercio y a la hostelería y ha provocado un gran “sufrimiento social”, según asegura el vocal de la Asociación de comerciantes de la zona, Miguel Rodríguez.
“Es hora de cerrar la herida del tren, no se puede tolerar que las vías ferroviarias rompan la estructura urbana de la ciudad”, defiende. Afirma que los vecinos de la zona tienen que ir a abastecerse, como muy cerca, a Plaza de Castilla, y que la incertidumbre, unida a la crisis, ha llevado a clausurar multitud de establecimientos.
Frente a esta opinión esperanzada, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la plataforma ciudadana Madrid Zona Norte “lamentan que el Consistorio se haya plegado a los intereses” de BBVA, que por cierto tiene su sede en uno de los barrios afectados, Las Tablas. Además de éste, los ámbitos de actuación del plan serán el Centro de Negocios Chamartín, Fuencarral- Malmea (un polígono industrial), y Fuencarral-Tres Olivos. Alrededor de la estación, que pretenden remodelar por completo, se quiere construir un gran centro de negocios a imagen de la City londinense.
Según la plataforma vecinal, con el acuerdo se ha perdido “una oportunidad de oro para avanzar en el reequilibrio de la ciudad”.
Aunque reconocen como algo positivo la rebaja del número de viviendas respecto al plan inicial de Distrito Castellana Norte, siguen considerando excesiva la cifra de 11.000 viviendas que incluye el nuevo proyecto, de las cuales “solo un 20%, 2.200 pisos, serán de protección oficial”, dicen. Al respecto, el Ayuntamiento explica que dispondrá de otras 1.900 calificadas como libres, que podrían tener un uso para alquiler social a través de la EMVS. Esto se traduce en que el municipio tendrá en total de unas 4.100 viviendas adicionales para desarrollar políticas públicas de vivienda, según Carmena.
Pero para estas asociaciones “en el noreste sobran viviendas y oficinas vacías, como sobran en el resto de la ciudad, por lo que no es necesario construir más”. “Pero si se construyen lo que necesitamos son pisos públicos de alquiler económico, ya que apenas tenemos en nuestra zona”, indica Félix Arias, portavoz de la FRAVM y de la citada plataforma, que agrupa a colectivos del barrio del ámbito afectado por la operación.
Sin embargo, Antonio Díaz, miembro de la ejecutiva de la asociación de vecinos de Las Tablas asegura que están “muy contentos”, pues según asegura habían venido trabajando por el desbloqueo y la puesta en marcha de la operación, cuya ejecución se podría prolongar entre 2019 y 2039. “Esperamos que se resuelva el actual caos circulatorio y que las infraestructuras nos conecten con el resto del distrito”, explica. En este barrio residen unas 37.000 personas pero acuden cada día a trabajar en torno a 40.000 más en empresas como BBVA, Telefónica, Telecinco o Huawei, con los consiguientes problemas de tráfico.
Nudo de Fuencarral y Manoteras
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que entre otras medidas para resolver las dificultades circulatorias, que se podrían ver incrementadas con la construcción de nuevas viviendas, se quieren “tocar” los nudos de Manoteras y de Fuencarral. “Que una operación urbana lleve 24 años en un impasse ha generado muchos problemas a los vecinos y propietarios”, recalcan estas fuentes.
Sobre la posibilidad de que una vez más este plan resulte fallido en caso de cambio de gobierno, con todas las cautelas las fuentes consultadas creen que la aprobación definitiva del mismo a finales de 2018 evitaría posteriores modificaciones. Botella retiró del orden del día del último pleno de su mandato, en 2015, la aprobación del anterior proyecto, que suponía construir 19.000 viviendas.
Fuentes del PP explican que tomó esta decisión “por responsabilidad” y por no dejar cerrado un proyecto de tal envergadura al siguiente consistorio. Sobre el actual plan consideran prematuro opinar, ya que afirman que “apenas lo conocen aún”, aunque en principio lo consideran “positivo”.
Si nada se cruza en el camino del nuevo proyecto debería empezar a andar en 2019, el mismo año en el que se celebran elecciones municipales y autonómicas. De ser así, con unas obras que se prolongarían dos décadas y una inversión prevista de 6.000 millones de euros, cambiará definitivamente la fisionomía del norte de Madrid.