“¿Reforma? ¿Qué reforma? Llamarlo actualización ya sería generoso”. Así ironiza un ejecutivo del sector eléctrico, crítico con el funcionamiento de este mercado, preguntado por la propuesta de la Comisión Europea para reformar el mercado eléctrico que ha circulado estos últimos días.
Antes de que Bruselas presente oficialmente el próximo 16 de marzo el documento que luego deberán discutir los Estados miembros, el documento de trabajo adelantado el martes por el medio francés Contexte orilla, por ahora, la principal petición que España planteó en enero y que las compañías eléctricas rechazan de plano.
De cara al debate sobre esta reforma, el Gobierno español propuso a principios de año poner un precio fijo a las centrales hidráulicas y nucleares ya existentes mediante los denominados contratos por diferencias.
En estos contratos (CFD, por sus siglas en inglés), se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. España, que lanzó su propuesta adelantándose al resto de países europeos, planteó que así se drenarían los beneficios extraordinarios de instalaciones que están ya sobradamente amortizadas por haberse construido hace décadas.
De esta forma, el mercado diario seguiría siendo marginalista (la tecnología más cara seguiría determinando el precio que cobran todas), pero se quedaría para despachar a las centrales de ciclo combinado (gas natural), que además podrían recibir una retribución en los llamados mercados de capacidad, según la propuesta española.
Esos contratos por diferencias para hidráulica y nuclear, como reconocen en el Gobierno, por ahora se han quedado fuera de los planteamientos de la Comisión. Es muy ilustrativo un post que publicó hace unos días en LinkedIn Kristian Ruby, secretario general de la patronal europea Eurelectric, que en febrero reclamó en sus alegaciones a la consulta que abrió Bruselas que los CFD sean únicamente “voluntarios”.
Justo antes de filtrarse la propuesta de Bruselas, el que fuera asistente de la entonces comisaria danesa de Acción Climática, Connie Hedegaard, deslizaba que la propuesta española sería “veneno” y algo parecido a una “expropiación” que podría provocar una fuga de inversiones a EEUU.
Ruby advertía de que, de cara a esta reforma, “algunas de las ideas bajo discusión serían veneno para la confianza de los inversores” en un momento muy complejo, en el que el sector, afirmaba, todavía está asimilando las medidas de emergencia acordadas el pasado otoño para hacer frente a la crisis energética y haciendo frente a una elevada inflación.
Citaba “por ejemplo la propuesta española de forzar a la nuclear e hidroeléctrica a formalizar nuevos contratos determinados políticamente. Las empresas y los inversores privados no son fans de la expropiación. Y tienen muchos otros sitios a los que ir. Estados Unidos está cortejando a los inversores y desarrolladores de renovables como nunca antes”.
Aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la propuesta, a falta de ver un documento final, “va en la buena dirección”, fuentes del Gobierno consideran que hay aspectos en el documento que se ha filtrado que son insuficientes.
Si bien incluye aspectos que recogía la propuesta española, como el desarrollo de los mercados por capacidad y la flexibilidad, hay “miedo a generalizar los contratos por diferencia”, de forma que “el corto plazo y sus tiranteces siguen teniendo demasiado peso con respecto a cómo se configuran los precios a largo plazo”, critican desde el Ejecutivo español.
El documento preliminar que se ha conocido se aproxima, en suma, a las tesis que defienden países como Alemania, Dinamarca y Holanda. En palabras del inversor y experto en energía Joaquín Coronado, con esta propuesta “gana Alemania, pierde España, y Francia sigue afianzando la nuclear que es lo que realmente le importa”. Y las medidas de ese borrador “son un conjunto de vagas generalidades que no reforman el mercado”.
En la misma línea, el jurista Mariano Bacigalupo, ex consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actual consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y marido de la ministra Ribera, comparaba el viernes en LinkedIn esta “no reforma” con un “bizcocho híbrido deconstruido y multisabor” para que nadie se sienta desautorizado. Y se preguntaba “si para determinados viajes hacen falta según qué alforjas”.
La reforma se ha planteado tras un proceso de consulta pública que recibió 1.369 contribuciones, incluyendo más de 600 a título individual, 450 de empresas y 40 de entidades públicas, a diferencia del documento que lanzó en enero el Gobierno español “sin ninguna consulta” al sector, como criticó después la patronal eléctrica española.
La iniciativa persigue actualizar un sistema de formación de precios que data de finales del siglo XX (cuando las renovables eran residuales) y que ha quedado en evidencia con la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. En líneas generales, busca proteger a los consumidores de la volatilidad de precios y permitirles disfrutar del abaratamiento de la energía gracias a las renovables; impulsar el almacenamiento y fomentar la contratación a largo plazo.
En un guiño a Francia, el borrador incluye a las nuevas centrales nucleares entre las tecnologías susceptibles de recibir esquemas de apoyo. El documento sí apuesta de forma decidida por impulsar los contratos bilaterales de compra de energía renovable a largo plazo, los conocidos como PPA. No obstante, el Ejecutivo español reclama que se introduzca mayor “transparencia” en este tipo de mecanismos, de los que España se ha convertido en líder en Europa gracias a su enorme potencial en renovables.
Según explican fuentes del Gobierno, todavía no se ha logrado que ese tipo de contratos “sean transparentes ni que beneficien a todos los consumidores”, en alusión a que muchos PPA se firman entre empresas del mismo grupo (por ejemplo, una generadora se lo vende a una comercializadora de la misma empresa) y hay “poca visibilidad respecto a costes” y cómo se trasladan al usuario.
El borrador apuesta por dotar a los PPAs de garantía estatal para reducir el riesgo e incentivar así su contratación. Algo que también planteaba Eurlectric y que España lleva tiempo haciendo para la industria electrointensiva, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica también ha pedido que esas garantías se extiendan a escala europea. Otra de las cuestiones que el Gobierno español echa en falta es la inclusión de soluciones para el almacenamiento de energía, que es especialmente importante en el caso de los mercados con mucha energía renovable.
La propuesta también faculta a los Estados miembros a adoptar intervenciones en el mercado pero muy limitadas a las situaciones de crisis energética como la actual y no contempla mecanismos como la excepción ibérica para poner topes a los precios. Cuando se observen con precios “muy altos” en el mercado mayorista que estén “sustancialmente por encima de la media de los últimos cinco años”, y se espere vayan a continuar durante “al menos 6 meses”. En esa situación, los gobiernos podrán subvencionar a las pymes hasta un 80% de su factura.
Esa es la fórmula con la que básicamente ha respondido Alemania a la crisis energética estos meses gracias a su músculo fiscal. Se trata de una medida que han propuesto otros países durante el periodo de consulta pública que abrió la Comisión Europea y que, desde luego, no es una propuesta española.
A la espera de que la Comisión presente el jueves su documento oficial, hay partido todavía. El Gobierno confía en poder amarrar esta reforma durante la presidencia española de la UE del segundo semestre y, en cualquier caso, antes de las elecciones europeas de mayor de 2024. No obstante, lo que temen fuentes socialistas involucradas en las negociaciones es que la presidencia sueca trate de avanzar todo lo posible estos meses, como les ha hecho llegar, para limitar las ambiciones de España cuando le toque pilotar las conversaciones dado que sería muy difícil dar marcha atrás en los pasos que ya se hayan ido dando.
Uno de los puntos del borrador que temen que desaparezca en la propuesta final que la Comisión presentará este jueves es el reconocimiento del derecho a compartir energía que producen a través de sistemas de autoconsumo por la presión de las compañías energéticas. Actualmente es fácil que, si hay excedente, se pierda. “Los clientes activos tendrán derecho a compartir energía renovable entre ellos en base a acuerdos privados o a través de una persona jurídica y hasta 100 MW de capacidad instalada total”, recoge la propuesta del gobierno comunitario, que asegura con ese nuevo derecho “empodera a los consumidores”.
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