La Comisión Europea ha anunciado el viernes su decisión de iniciar un “procedimiento de investigación formal por la posible manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana (España)”. En una nota remitida por la delegación en España, la Comisión asegura que con la apertura de este proceso “no pone en duda la exactitud de las estadísticas de España”.
La investigación se abre para dilucidar si “esta comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años” y si hubo una “declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados”.
Esta es la primera vez que la Comisión recurre a sus nuevos poderes en virtud del paquete de seis instrumentos legislativos (six pack) de gobernanza económica para investigar presuntos casos de manipulación de los datos de déficit y de deuda de un Estado miembro. Si se confirmara la manipulación, la Comisión anuncia que podría aplicar las “sanciones apropiadas”. El Reglamento de la UE establece procedimientos de investigación y permite la imposición de sanciones financieras que pueden suponer hasta el 0,2% del PIB español (2.000 millones de euros) en caso de manipulación de las estadísticas y lo tendría que asumir el Gobierno de España.
Los hechos se remontan a mayo de 2012, cuando las autoridades españolas informaron a Eurostat de que el déficit de las administraciones públicas correspondiente a 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4% del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes. Este cambio se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid.
Eurostat procedió a efectuar inmediatamente inspecciones de carácter técnico en España para determinar la naturaleza del problema, según recuerda en la nota publicada. Durante esas inspecciones, Eurostat consideró que el asunto de Madrid podría considerarse un ajuste excepcional. En cambio, el asunto de la Comunidad Valenciana “dio motivos de preocupación”.
Según desvela en el comunicado, la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales “a lo largo de muchos años”. Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no había respetado el principio de devengo previsto por los reglamentos a nivel nacional y de la UE. A esto se añade, dice Bruselas “que se hizo caso omiso a los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas”.
Algirdas Šemeta, el comisario responsable de las estadísticas, asegura en la nota que “la calidad y la credibilidad de las estadísticas europeas no es algo con lo que la Comisión esté dispuesta a transigir. Dependemos de datos fundados para tomar decisiones también fundadas y de estadísticas fidedignas para formular políticas basadas en los hechos. La Comisión utilizará todos los medios a su disposición para velar por que las estadísticas de los Estados miembros reflejen fielmente la situación económica y sean compiladas y notificadas con arreglo al Derecho de la UE”.
A raíz de estas inspecciones, Eurostat publicó un informe con recomendaciones detalladas para garantizar la calidad de la información estadística facilitada por las autoridades autonómicas y locales. En la nota de Bruselas, Eurostat asegura que ha colaborado con las autoridades españolas en la aplicación de estas recomendaciones y sigue estando muy atento a la situación. La corrección del déficit de las administraciones públicas españolas se recogió en la notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2012. Es importante destacar que Eurostat siempre ha publicado sin reservas los datos españoles.
Posteriormente, en septiembre de 2013, Eurostat efectuó una inspección en España con el fin de confirmar sus conclusiones relativas a la notificación incorrecta de la Comunidad Valenciana. Basándose en estas inspecciones y en el análisis ulterior de la situación, Eurostat recomendó a la Comisión que abriera una investigación sobre la tergiversación de los datos del procedimiento de déficit excesivo en España.