El roaming será gratis sin restricción de tiempo ni volumen consumido a partir de junio de 2017. La Comisión Europea ha presentado hoy una nueva propuesta para acabar con los gastos por itinerancia después del aluvión de críticas que recibió su primer plan. Con este nuevo modelo serán las compañías de telecomunicaciones las encargadas de detectar abusos y, solo en ese caso, cobrar al cliente.
Las organizaciones de consumidores reaccionaron con indignación al plan propuesto por Bruselas hace apenas quince días que, en lugar del fin total del roaming publicitado durante años solo garantizaba 90 días gratis. La CE justificó los límites porque la media de los europeos viaja solo 12 días al año y, sobre todo, para prevenir abusos derivados de las enormes diferencias de precio de la telefonía en la Unión Europea.
En concreto Bruselas quiere evitar que se compren tarjetas SIM en los países donde son más baratos y se usen solo en aquellos estados más caros, ya que esto obligaría a las operadoras a costear la diferencia y acabaría por inflar los precios domésticos.
Esta precaución es la que rige el nuevo “enfoque” de la Comisión: los europeos que viajen al extranjero tendrán roaming gratis sin límite de tiempo ni volumen consumido, pero las operadoras podrán cobrarlo si detectan abusos que se determinarán en base al país de residencia del usuario.
¿Y cuándo se consideraría abuso? Algunos de los indicadores serían que un consumidor apenas use su tarjeta SIM en el país donde la compró pero la usa con mucha frecuencia en el extranjero, que la tarjeta permanezca inactiva salvo para ser utilizada en itinerancia, o que un mismo usuario tenga varias tarjetas que solo utiliza en el extranjero.
Si las operadoras detectan alguno de estos patrones podrán avisar al consumidor y empezar a cobrarle roaming a unas tasas, eso sí, inferiores a las que ha habido en los últimos años. Quedan excluidos los trabajadores fronterizos, que utilizan todos los días las redes de dos países, y se deberán tener en cuenta también los “vínculos estables” con un determinado país. Es decir, si alguien trabaja, estudia o visita un estado durante largas temporadas o regularmente en principio no tendría que pagar.
La Comisión deja así en manos de las compañías y reguladoras fijar estos modelos de uso abusivos para sus clientes. Si no están de acuerdo con la factura los usuarios tendrán que reclamar a la operadora y en última instancia recurrir a los reguladores nacionales. Bruselas insiste, no obstante, en que este mecanismo se dará en casos muy específicos ya que la inmensa mayoría de europeos apenas viaja al extranjero.
La propuesta tiene aún que concretarse hasta tener una versión definitiva en diciembre y este será uno de los flecos a cerrar. “Tenemos que dar indicaciones a las operadoras, pero también a los supervisores, sobre lo que debería ser permisible y cuándo habría que investigar más”, ha dicho el comisario de Economía Digital, Gunter Oettinger.
El plan se antoja más complicado de aplicar que el ya célebre límite de los 90 días por la carga extra que supondrá para los reguladores y para las propias compañías. Pero Bruselas está obligada a introducir salvaguardas que satisfagan a las operadoras y permitan sostener un mercado con enormes diferencias de precios.
La auténtica batalla detrás de la mal parada abolición del roaming es la negociación sobre los precios mayoristas que está abierta entre Consejo y Parlamento Europeo. Las operadoras tienen que pagar a las de otros países cada vez que uno de sus clientes utiliza su red y la UE debe ahora fijar unas cotas máximas.
En los países nórdicos las operadoras ofrecen paquetes muy baratos pero muy generosos en llamadas o mensajes, con lo que si los precios mayoristas son muy altos estarían perdiendo dinero con cada byte que sus clientes consuman en el exterior. Y en el otro lado de la balanza están los países del sur, que invierten para proveer servicios a los veraneantes europeos pero obtienen rendimiento solo tres meses al año, con lo que les interesa tener el máximo beneficio por roaming durante el verano.
Los países nórdicos quieren precios mayoristas más bajos y los del sur más altos, lo que deriva en una minoría de bloqueo en el Consejo con la que la Comisión tiene que lidiar. El temor de Bruselas es que si van demasiado lejos con la reglamentación las compañías se acojan a la llamada “cláusula de sostenibilidad” que les permitiría derogar la normativa.