Bruselas plantea a los 27 que empiecen a ajustar sus presupuestos para rebajar el déficit al 3% en el “medio plazo”

Bruselas prepara el camino para que los 27 empiecen a ajustar sus presupuestos, que han podido ser expansivos con récord de gasto desde la pandemia gracias a la activación de la cláusula de escape con la que se suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece unos topes de deuda (60% del PIB) y de déficit (3% del PIB) y una senda de cumplimiento muy severa. Pero ese alivio financiero terminará el próximo año y por eso el gobierno comunitario plantea a los estados miembro que empiecen a ajustar sus presupuestos de 2024 para que la desviación sea menor y se pueda cumplir con el máximo del 3% de déficit en el “medio plazo”.

Esa es la conclusión de las orientaciones presupuestarias que la Comisión Europea ha presentado este miércoles de cara a la elaboración de los proyectos presupuestarios. “Se invita a los Estados miembros a establecer objetivos fiscales en sus programas de estabilidad y convergencia que cumplan los criterios de ajuste fiscal establecidos en las orientaciones de reforma de la Comisión”, explica el gobierno comunitario. Todavía no hay un acuerdo para las reglas fiscales más allá de la propuesta que presentó en noviembre en la que se mantienen los objetivos del 3% del déficit y el 60% de deuda, aunque con un mayor margen de flexibilidad.

Lo que pretende Bruselas con sus orientaciones fiscales de 2024 es poner fin a la barra libre con la que los 27 han contado desde la irrupción del coronavirus, aunque tiene en cuenta que la suspensión de las reglas fiscales está aún en vigor. La idea es que los planes de estabilidad que los gobiernos europeos tendrán que presentar en abril conduzcan a una reducción del déficit dentro del “periodo cubierto” por los planes de estabilidad, que en este caso llegan hasta 2026.

Bruselas analizará individualmente los planes de los países y hará recomendaciones concretas para cada uno de ellos en lo que se refiere también a la reducción de deuda, que en algunos casos, como el de España, está disparada. Precisamente el Gobierno español planteó junto al holandés que las nuevas reglas fiscales permitieran a la Comisión negociar con cada estado sus objetivos de reducción de deuda y no mantener el sistema generalizado actual que obliga a todos los países reducir una veinteava parte cuando esté por encima del 60% del PIB.

La importancia que tiene la advertencia de que los presupuestos comiencen a ajustarse tras tres años de expansión prácticamente ilimitada es que el próximo año los países se arriesgan a procedimientos de infracción. Esto no sucederá en 2023 dado que las reglas están suspendidas, pero sí en 2024, advierten en la Comisión. Por eso les emplaza a adelantarse.

El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha explicado que las orientaciones pueden entenderse como un “puente” entre las viejas reglas fiscales y el modelo que se aprobará, en principio, en los próximos meses. Pero el sistema planteado este miércoles persigue que los estados tengan unas indicaciones para la elaboración de los presupuestos del próximo año, cuando se pretende tener en marcha las nuevas normas. “Se trata de una fase transitoria y debemos trabajar con celeridad para que el conjunto de normas reformadas se apruebe lo antes posible”, ha expresado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

Bruselas apunta al fin de las medidas energéticas

A pesar de que nunca se ha llegado a aplicar castigar a ningún país por la desviación del déficit y la deuda -pese a la amenaza que pesó sobre España y Portugal en 2015-, la intención en la revisión de las reglas fiscales es que haya una mayor flexibilidad para cada uno de los estados miembro al tiempo que se establece un sistema de sanciones más asumible.

Una de las recomendaciones específicas que incluirá la Comisión en el análisis de los planes de estabilidad de los 27 tiene que ver con el coste de las medidas puestas en marcha para hacer frente al incremento del precio de la energía. Hace tiempo que Bruselas advierte de que dichas iniciativas tienen que ser lo más focalizadas posible. Así, la Comisión señala que si los precios siguen en los estándares actuales “las medidas gubernamentales de apoyo energético deberían eliminarse gradualmente en 2024 y los ahorros relacionados deberían contribuir a reducir los déficit gubernamentales”. “Si los precios de la energía aumentan de nuevo y no se puede suspender por completo el apoyo, se deben adoptar medidas específicas para proteger a los hogares y las empresas vulnerables”, agrega el gobierno comunitario.