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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Bruselas saca a Portugal del procedimiento de déficit excesivo mientras resalta la corrupción en España

Economía / Agencias

BRUSELAS —

La buena marcha de la economía de Portugal sigue deparando buenas noticias al gobierno del socialista Antonio Costa. La Comisión Europea ha propuesto sacar a Portugal y Croacia del procedimiento de déficit excesivo, al haber reducido ambos países sus déficit por debajo del 3% que marca la legislación europea. De esta forma, únicamente cuatro Estados miembros (España, Francia, Grecia y Reino Unido) seguirán bajo el “brazo corrector” de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este lunes sus recomendaciones específicas por país en el que también revisa la situación presupuestaria de los Estados miembros que cuentan con desequilibrios presupuestarios y macroeconómicas, informa EP.

Dentro de este análisis, Bruselas ha propuesto cerrar el procedimiento abierto a Lisboa después de que cerrase 2016 con un desvío en las cuentas públicas del 2% del PIB. La Comisión estima además que el déficit público será del 1,8% y del 1,9% en 2018.

La autoridades portuguesas acogieron hoy con alegría la decisión de la Comisión, al suponer la próxima salida de un mecanismo que aplicaba al país desde el año 2009, informa Efe. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitó al pueblo portugués por la noticia y destacó que fue posible gracias a los sacrificios de los portugueses durante muchos años.

De esta forma, si el Consejo de la UE, la institución que representa a los países, siguiera las recomendaciones de Bruselas, Portugal y Croacia entrarían en el “brazo preventivo” y únicamente cuatro países se mantendrían dentro del “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento (España, Grecia, Francia y Reino Unido), una cifra que contrasta con los 24 países que había bajo este procedimiento en 2011.

Recomendaciones a España

Por su parte, la CE ha dado un toque de atención a España por el problema de la corrupción. Indica que pese a los “progresos” para combatir ese problema, y en particular las investigaciones sobre casos a nivel local y regional, no se han desarrollado “estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción”. Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.

Además, la Comisión recomienda a España llevar a cabo un análisis “amplio” sobre el gasto público con el objetivo de identificar áreas de mejora para incrementar su eficiencia. En concreto, el ejecutivo comunitario ha pedido asegurar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios “incluyendo medidas para fortalecer el marco fiscal y de contratación pública”.

En sus recomendaciones, Bruselas da un toque de atención a España por la corrupción, e indica que pese a los “progresos” para combatir ese problema, y en particular las investigaciones sobre casos a nivel local y regional, no se han desarrollado “estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción”.

Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos nivele gubernamentales, añade.

Con respecto al mercado laboral, Bruselas insta a España a adoptar medidas para impulsar la contratación indefinida, así como a reforzar la coordinación entre servicios regionales de empleo, servicios sociales y empresarios para “responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores”.

También propone incrementar la “relevancia” en el mercado laboral de la formación universitaria y hacer frente a las diferencias de los resultados educativos entre comunidades autónomas, a través principalmente de un “fortalecimiento” de la formación de profesores y del apoyo a estudiantes individuales.

Además, las recomendaciones dirigidas a España recogen la necesidad de “abordar las disparidades regionales y la fragmentación” de los regímenes de renta mínima en el país y de mejorar el apoyo a las familias, incluyendo el acceso a una atención infantil de calidad.

La última de las recomendaciones insta al Ejecutivo español a asegurar una inversión “adecuada y sostenida” en investigación y desarrollo y a garantizar una “profunda y completa implementación de la ley de mercado único”.