Salario de un euro la hora. Bruto. Es lo que ofrecía una empresa por un puesto de administrativo en prácticas con media jornada del que se hizo eco Mierda Jobs, una cuenta de Twitter creada el pasado septiembre. A sus mandos está Alejandra de la Fuente, una joven periodista cansada de recibir ofertas de trabajo precarias y que decidió darles publicidad para retratar a los empleadores ante los usuarios de esta red social. También para dar testimonio de las míseras condiciones de trabajo que afrontan muchas personas. “Que esto existe”, insiste De la Fuente. Que este Primero de Mayo hay quien tiene poco que celebrar.
Este Día Internacional del Trabajo, 1 de Mayo, los sindicatos salen a las calles, con la mirada puesta en las recientes elecciones generales, para denunciar que tener un empleo en España no siempre garantiza un nivel de vida digno. Esa “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades” que ampara sobre el papel la Constitución Española en su artículo 35. De hecho, un 14% de los trabajadores en España se encuentra en riesgo de pobreza, según los últimos datos disponibles (2017). El dato permanece estancado en los últimos años de recuperación y no se movió respecto a 2016 pese al crecimiento económico.
Las organizaciones de trabajadores subrayan que esa recuperación que se deja sentir a nivel macroeconómico desde 2014 no llega a muchos hogares y, aunque puso fin a la destrucción de empleo y genera todavía muchos puestos de trabajo al año, gran parte de ellos están atravesados por la precariedad.
O bajo el sello de trabajo “de mierda” de Alejandra de la Fuente, con látigo incluido. El perfil de Mierda Jobs recoge jornadas de 14 horas al día con un sueldo de 40 euros, puestos con experiencia y con conocimiento de cuatro idiomas por el salario mínimo y ofertas para trabajar a tiempo completo por 200 euros. “La mayoría de las ofertas de Mierda Jobs son ilegales”, explica la joven, ya sea por salarios que no respetan el mínimo legal o las jornadas de descanso, entre otras condiciones.
De la Fuente advierte de que, más allá de los casos más flagrantes, su idea es replicar propuestas abusivas y en las que las condiciones no son equiparables al desempeño o la cualificación exigida a los trabajadores. Aunque la precariedad generalizada ha acostumbrado a muchas personas a estas condiciones, en opinión de la joven: “En este país, por desgracia, tenemos el pensamiento de que el salario mínimo no es un 'mierda job', cuando sí lo es. La gente no lo identifica, lo justifica, pero son salarios no dan para vivir”.
Sofía (nombre ficticio), de 29 años, gestiona las redes sociales de grandes empresas a través de una empresa externalizada que se dedica a la comunicación. Su salario: el mínimo legal, 900 euros brutos al mes, en su caso 1.050 al mes en 12 pagas que se queda en menos con la reducción de las cotizaciones sociales, como ha podido comprobar en su nómina este medio. “Todos los compañeros cobramos el salario mínimo y tenemos responsabilidad, somos titulados universitarios”, explica la trabajadora, que con su sueldo no puede permitirse independizarse. “Me alegro de que subieran el salario mínimo, si no mi empresa no nos hubiera aumentado nada”, añade.
La precariedad, en cifras
La precariedad tiene muchas más caras y se expresa en diferentes estadísticas laborales. Uno de cada cuatro trabajadores tiene un contrato temporal, por ejemplo. Aunque la tasa de temporalidad se redujo el último trimestre, según la Encuesta de Población Activa, aún es muy elevada. Además, en los últimos años se han disparado los contratos temporales más precarios: los más cortos, de menos de una semana, suponen uno de cada cuatro contratos suscritos.
El aumento de las jornadas a tiempo parcial involuntarias es otra muestra del empeoramiento de las condiciones de trabajo, que sitúa a España como el segundo país de la OCDE con más tasa de empleados subempleados. También lo es que los contratos indefinidos que cada vez son menos “fijos”. El aumento de las muertes en el trabajo, con 652 trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo en 2018, la cifra más alta de los últimos siete años. Y la rebaja de las condiciones laborales de las personas empleadas por subcontratas.
“En nuestro caso vemos que las compañeras que pasan a ser subcontratadas pierden unos 500 euros al mes respecto a las que dependen de los hoteles”, explica Miriam Barros, presidenta de la Asociación Las Kellys. La organización de camareras de piso, limpiadoras de habitaciones de hotel, ha sido uno de los colectivos que más ha puesto sobre el foco el precio que pagan los trabajadores cuando se produce una externalización. “Y no solo en salario, también en la salud. La externalización suele implicar el gran aumento en la carga de trabajo, en las habitaciones que tienen que limpiar las compañeras y eso perjudica su salud”, prosigue Barros.
Cuando las becas se eternizan para poder trabajar
Patricia (nombre ficticio) es periodista y ya se ha tenido que apuntar a dos cursos para poder trabajar como becaria en un medio de comunicación. “Hice la entrevista, todo iba bien, normal, me llamaron al día siguiente para decirme que me habían cogido y ahí me dijeron que la única condición era que tenía que apuntarme a un curso, que ellos me pagaban, de seis meses que es lo que dura la beca”, cuenta la trabajadora de 25 años a este medio.
Becaria es sobre el papel, pero realiza las mismas tareas que su “tutora” según la empresa, una compañera que debe entregar los mismos artículos que ella y que tiene la misma carga de trabajo. “La diferencia es el sueldo. Ella cobra 1.200 euros y yo, la mitad, 600” –afirma la joven– “les sale redonda la jugada”.
El abuso de las prácticas y los puestos de becarios en las empresas quedó pendiente en la pasada legislatura y es una de las reivindicaciones sindicales este Primero de Mayo de cara a mejorar la inserción laboral de los trabajadores jóvenes, con los que la precariedad se ceba especialmente en sus distintas formas.
También espera al próximo Ejecutivo la mejora del sistema de protección de las personas paradas, aún 3,4 millones de ciudadanos. La mitad de los desempleados se encuentran en riesgo de pobreza y cuatro de cada diez no recibe ninguna ayuda ni prestación. Los más vulnerables son los parados de larga duración, casi la mitad del total de desempleados.
Mª Carmen, que cumple 64 años en agosto, enfrenta esta situación, aunque reconoce que ya está “desanimada, no echo currículum”. La mujer lleva seis años y medio en paro. Perdió su empleo como limpiadora durante la crisis, con 58 años, y no ha logrado volver a engancharse al mercado laboral. Espera a la jubilación, que quedará marcada por los años en los que dejó de trabajar para cuidar a sus hijos. “Era administrativa, mecanógrafa, pero cuando mis hijos fueron más mayores y quise volver a trabajar no tenía la formación necesaria en informática. Así que me dediqué a la limpieza”, explica.
Tras su experiencia, Mª Carmen pide más formación para las personas en paro. “He tenido entrevistas en estos seis años, pero no me han cogido en ninguna. Hay una cosa que me parece paradójica. A la juventud les piden en las entrevistas experiencia, cuando están intentando acceder a su primer o segundo trabajo y es imposible que la tengan. Y cuando somos mayores resulta que la experiencia no sirve para nada”. No tiene ningún sentido, dice.