“Están buscando el desastre del Fogasa para justificar la privatización”
“Parece que estén buscando el desastre para justificar la privatización”. Lo dice Eduardo, trabajador de una oficina del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), sobre el estado del organismo, colapsado y con miles de expedientes acumulados. Tal y como adelantó eldiario.es, los sindicatos han alertado esta semana de que la falta de personal ha empeorado el servicio y de que la única solución que hasta el momento ha propuesto el Gobierno es privatizar parte de su gestión.
Eduardo, quien prefiere no dar su verdadero nombre, es uno de los 30 trabajadores que ahora mismo atienden la única oficina del Fogasa que hay en la Comunidad de Madrid y que, junto a la de Barcelona, es la más colapsada de todo el país. “La semana pasada se jubiló una persona y por supuesto no van a reponer su plaza. También hay otra persona que está de baja por una enfermedad larga. Con esta plantilla, cualquier imprevisto nos deja en cuadro”, explica el trabajador.
El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores.
Tanto CCOO como UGT se han pronunciado en los últimos días sobre la situación del organismo y los planes del Gobierno. Comisiones ha denunciado que el Ejecutivo ha renunciado a ampliar la plantilla del Fogasa a pesar de que su actividad, aseguran, ha aumentado un 500%. Algo que pone “en grave riesgo el modelo público de protección social”.
Por su parte, UGT ha criticado que las intención del Gobierno sea privatizar una parte de la gestión por falta de personal. “La estrategia asumida con el Fogasa, así como con el resto de servicios públicos, es devaluarlos a base de no incrementar plantillas de personal y de no realizar las correspondientes inversiones, con el objetivo de mostrarlo como ineficiente ante la ciudadanía y, de esta forma, justificar su privatización”, asegura el sindicato.
La cantidad de trabajo que llega al Fogasa es ingente: el propio organismo reconoció en febrero que acumulaba un retraso de unos 125.000 expedientes. En la oficina de Madrid están ahora tramitando los casos que entraron en la oficina en marzo del año pasado. “Tenemos pendientes todos los expedientes del año pasado desde mitad de marzo y todos los de este año, aunque a veces hay circunstancias que hacen que algunos expedientes se adelanten. Hay situaciones que se intentan agilizar, si la gente acredita, por ejemplo, que no tiene ingresos o que está pendiente de embargos, pero eso queda a la interpretación del funcionario y además entran tantas solicitudes que es imposible darles salida. Esto se sale de todos los parámetros razonables”, asegura Eduardo.
Es precisamente esa bolsa de retrasos la que el Ministerio de Empleo quiere privatizar. “Se trata de contratar la realización de las actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal, transitoria”, decía Empleo en una presentación en febrero.
“Pagamos prestaciones que no corresponden”
De los 400 trabajadores del organismo, cerca de 130 son letrados. Su labor es la de acudir a las vistas para velar por los intereses del Fogasa -y, por lo tanto, del Estado- en los procesos en los que se requiere el pago de indemnizaciones y salarios. Sin embargo, la falta de personal hace que los letrados solo puedan acudir a un 30% de todos los procesos judiciales. El propio organismo reconoció en febrero que, con los recursos actuales, el Fogasa está “condenado al pago de prestaciones indebidas”
En la oficina de Madrid, la mitad de la plantilla son letrados que, además de resolver expedientes, tienen que preparar y acudir a los juicios. “En los procesos concursales hay que estar vigilantes, porque los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan a basto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden”, señala Eduardo.
En el otro lado, los trabajadores, que esperan durante meses para cobrar sus indemnizaciones y salarios adeudados. Es el caso, por ejemplo, de los empleados de Spanair: la compañía dejó de operar hace 14 meses y su expediente se presentó en la oficina del Fogasa en Barcelona el pasado junio, es decir, la espera ha sido de diez meses. “Hemos tenido suerte y la gente de hecho no está mosqueada porque nos esperábamos algo mucho peor”, admite Federico Cárdenas, responsable del sindicato Sitcpla de tripulantes de cabina en Spanair.
“Cuando tramitamos los expedientes aportamos todos los datos y toda la información precisamente para facilitar la gestión porque nos dijeron que así el tiempo de espera podría ser menor. A principios de 2012 nos dijeron que la previsión era que cobrarámos a finales de este año, pero se ha terminado agilizando”, cuenta.
