La caída de la recaudación del Impuesto de Sociedades es un elemento definitorio en el incremento de las desigualdades en España en los últimos años. Esta es una de las conclusión del informe Desigualdad de la Renta y Redistribución en España: Nueva Evidencia a partir de la Metodología del World Inequality Lab, elaborado por un grupo de expertos para el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol.
En esta investigación, dirigida por Clara Martínez-Toledano, profesora del Imperial College London y senior fellow de Desigualdad y Fiscalidad en EsadeEcPol, se hace un seguimiento de la evolución de la composición de los impuestos en España desde 1980 hasta 2020. De esta manera, los impuestos indirectos (impuestos sobre los productos) representan aproximadamente un 50% del total a lo largo de todo el periodo, y los impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, etc.) el otro 50%. El impuesto directo con más peso es el IRPF, que representa en torno a un 30-40% a lo largo del periodo, seguido del Impuesto sobre Sociedades, con solo un 8-18%. Los impuestos a la propiedad han aumentado su peso progresivamente desde 1980 hasta el presente (del 2 al 6%), debido en gran medida al crecimiento de la inversión, principalmente en el sector inmobiliario, según se explica en el informe.
Ahora bien, Martínez-Toledano destaca que “la recaudación del Impuesto sobre Sociedades como porcentaje de la renta nacional es a día de hoy más baja de lo que era antes del comienzo del boom inmobiliario”. El IRPF ha ganado peso desde la crisis de 2008 mientras que Impuesto sobre Sociedades lo ha perdido, siendo la importancia de este último en la actualidad aún menor que antes del boom inmobiliario de los 2000, y la del IRPF mayor. “Estos cambios en la importancia de los impuestos respecto a la renta nacional y en su composición pueden afectar profundamente a la progresividad del sistema”.
“Mientras que el 0,01% más rico pagaba impuestos por valor de un 29% de su renta en impuestos en 1999, este porcentaje aumentó hasta el 40% en 2007, para volver a caer hasta el 27% en 2019. Esto se debe principalmente al aumento y posterior pérdida de recaudación por el Impuesto sobre Sociedades”, se detalla en el informe.
De hecho, en la investigación de Esade se apunta que “las desigualdades de renta se redujeron durante los años del boom inmobiliario, pero han aumentado desde el estallido de la crisis financiera de 2008, debido fundamentalmente al aumento del desempleo, al recorte en salarios y al crecimiento de las rentas financieras entre los grupos de renta más altos. La participación del 1% que más gana en la renta nacional ha aumentado de un 13% en 2007 a un 17% en 2019”.
La profesora del Imperial College London desecha las teorías de que algunos expertos que justifican la caída de ingresos en los últimos años del Impuesto de Sociedades señalando que “en 2008 la recaudación era artificial porque las empresas estaban generando muchos beneficios, aunque finalmente colapsaron”. Martínez-Toledano matiza “que la recaudación es más baja que antes de 1999” y subraya que “la progresividad está cayendo porque el diseño del sistema fiscal es diferente”.
En este sentido aboga por reformar el Impuesto sobre Sociedades “de tal manera que la recaudación vuelva a subir a niveles previos al boom inmobiliario”, aunque no quiere dar recetas concretas apunta que es evidente que tiene que ser con “un aumento de los tipos y una reducción de exenciones que puedan tener las empresas”.
“Políticas predistributivas”
Pero otros de los descubrimientos de esta investigación es que “los impuestos y las transferencias corrigen la desigualdad, pero no son suficientes, porque una gran fuente de desigualdad aparece antes de la distribución. Hay otras fuerzas que generan desigualdad y hay que hacer políticas no sólo de impuestos para corregir esa situación, me refiero a políticas predistributivas”, añade Martínez-Toledano.
De hecho, en el informe se constata que “los patrones de desigualdad no varían sustancialmente a través de la acción redistributiva del Estado”, entre otras cosas porque “la progresividad del sistema fiscal ha caído desde la crisis financiera de 2008”. De esta manera, aunque “el 50% más pobre se beneficia en mayor medida de la redistribución a partir de 2007 que el 40% intermedio, debido principalmente a la mayor pérdida de renta antes de impuestos y trasferencias entre los grupos con menor ingreso”, la realidad es que del total de la renta “el 50% más pobre pasa del 14% a un 17% antes y después de redistribución” de los impuestos.
“Los más pobres han perdido mucha renta antes de impuestos porque sufren más el desempleo y el recorte de salarios. Con la redistribución de los impuestos de benefician un poco más que el 40% de las rentas intermedias pero es básicamente porque parten de muy abajo. Lo que sí está claro es que los más se han beneficiado es el 1% más rico, que ha pasado de tener un 13% de la renta nacional en 2007 a tener un 17% en 2019”, explica la investigadora de EsadeEcPol.
En este sentido, en la investigación se apunta a “mejorar las políticas educativas para cerrar las brechas educativas, así como avanzar hacia la reducción del elevado desempleo y de la temporalidad para mejorar los ingresos de las rentas medias y bajas”; modifica el modelo productivo para “fomentar la inversión en sectores en los que España tiene una ventaja comparativa, como, por ejemplo, el sector de las energías renovables, así como diseñar políticas que permitan a los sectores estratégicos tradicionales, como el turismo o la agricultura, generar mayor valor añadido vía por ejemplo las nuevas tecnologías”.
Además, los investigadores proponen “medidas que garanticen un acceso asequible a la vivienda habitual, como el alquiler social, que permitan reducir los niveles de endeudamiento y aumentar las tasas de ahorro de los hogares en la parte baja de la distribución. Asimismo, políticas que se focalicen en ayudar a diversificar el ahorro de las clases medias y bajas no solo en activos no financieros, sino también financieros, permitiría a estos grupos aumentar la rentabilidad de su patrimonio y así generar unos mayores ingresos de capital”, a lo que habría que sumar “una mejora de la educación financiera durante la educación obligatoria y/o un aumento de la participación de los trabajadores y trabajadoras en el capital de sus empresas”.