Las comunidades tienen cedida la gestión de cuatro grandes impuestos. Sucesiones y Patrimonio se llevan la fama, especialmente con el debate a la baja impulsado en la derecha. Sin embargo, es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) el que más les aporta a sus arcas. Este tributo con nombre tan largo grava diferentes cuestiones pero principalmente la compraventa de inmuebles. Ahora, con un mercado a la baja, los presupuestos de las comunidades pronostican para este año la pérdida más de 1.600 millones. La carrera fiscal a la baja también le afecta.
Este impuesto tiene una presencia mediática mucho más baja que los otros tributos que el Estado tiene cedidos a las comunidades. Los gobiernos autonómicos tienen plena capacidad normativa sobre ellos y por eso se dan competencias fiscales tan fuertes entre territorios. Sin embargo, Sucesiones y Patrimonio, juntos, no recaudan más que una pequeña porción de lo que hace el ITPyAJD. No en vano, son casi 11.000 millones lo que ingresan las comunidades.
Sin embargo, un repaso por los presupuestos de todos los territorios del régimen común constata que en la comparación entre las cuentas de 2023 y 2024 se han evaporado más de 1.600 millones de euros por este tributo. Es un retroceso del 13% frente a lo originalmente previsto para el pasado año. La situación que vive este impuesto contrasta con el conjunto de la recaudación que va camino este año de superar un nuevo récord.
Este impuesto, en realidad, son dos. El de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. El primero grava las compraventas de bienes como vehículos o viviendas. El segundo se aplica a los documentos notariales, administrativos o mercantiles. Sin embargo, aunque grava muchas cuestiones distintas, la vivienda tiene un protagonismo especial por el gran número de acuerdos que hay al cabo del año y sus respectivos importes.
El año pasado se realizaron en España 640.000 operaciones de compraventa de viviendas. Supuso un retroceso de más del 11% respecto al año anterior. Además, se registró la mayor caída en el número de hipotecas en una década. La subida de tipos de interés enfrió la demanda de financiación y, con ello, las adquisiciones. Esta tendencia se prevé que se mantenga durante este año debido a que los tipos todavía no han bajado, aunque se espera que comience a producirse a lo largo de este ejercicio.
De hecho, las comunidades achacan a este hecho la caída de ingresos por el ITPyAJD. Por ejemplo, Catalunya explica en su proyecto de ley de presupuestos, presentada hace unos días tras el acuerdo entre ERC y el PSC, que el aumento previsto en los ingresos tributarios para este año es algo menor debido al impacto en la caída de la recaudación de los tributos cedidos y en concreto del de transmisiones patrimoniales “debido al empeoramiento en las previsiones sobre la evolución del mercado inmobiliario”. Otras comunidades como Andalucía también hacen referencia al hecho de que este impuesto se verá “muy afectado” por las perspectivas de ventas de viviendas. Solo Asturias y Canarias prevén que el año termine con una subida de ingresos en este apartado.
Sin embargo, pese a que distintas comunidades apuntan a la caída de viviendas vendidas como una causa para el retroceso en su principal impuesto cedido, hay otra razón importante: las rebajas fiscales. Es el caso, por ejemplo, de Galicia. La Xunta apuntaba en la memoria de sus presupuestos que la caída de más del 11% en los ingresos por este impuesto se encontraba el efecto fundamental de haber rebajado los tipos tanto para la venta de vivienda usada como para los coches de segunda mano. También en la Comunitat Valenciana se han aprobado rebajas en este impuesto para la compra de viviendas por parte de menores de 35 años.
También ha aplicado rebajas Balears, donde el Govern del PP con apoyo de Vox aprobó como una de sus primeras medidas una bajada de impuestos en distintos tributos cedidos, entre ellos el de Transmisiones Patrimoniales. En su memoria presupuestaria, también achaca esta caída a la evolución de la venta de vivienda y señala que ya durante el pasado ejercicio los ingresos fueron inferiores a lo inicialmente presupuestado.
Las comunidades autónomas reciben una parte de la recaudación de impuestos como el IRPF, el IVA o los especiales. Sin embargo, cuentan con cuatro tributos que son los conocidos como cedidos, que son aquellos que, aunque se aplican en toda España, tienen capacidad para regular sobre sus rebajas y aumentos. Además del ITPyAJD, se encuentran englobados los de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y las tasas del juego.
Un vistazo al conjunto de los presupuestos de las comunidades autónomas constata que esta bolsa de tributos va a vivir un año a la baja. Esto se debe fundamentalmente a la continua carrera a la baja que han comenzado los territorios en los que especialmente gobierna la derecha. La comparación entre las cuentas de 2023 y las de 2024 señala que, además de perderse 1.600 millones de euros por el ITPyAJD, las comunidades también prevén una pérdida de 460 millones por el impuesto de Sucesiones, hasta los 2.685 millones.
Desde las elecciones de mayo en las que varios territorios cambiaron de signo político en favor de pactos del PP con Vox, han sido numerosos los gobiernos autonómicos que han aprobado recortes en el impuesto de sucesiones. Es el caso de Balears, Comunitat Valenciana, La Rioja, Cantabria o Extremadura. En estos territorios, el tributo ya es prácticamente residual para herencias entre familiares de primer nivel. El caso de Patrimonio es algo distinto, ya que la existencia del impuesto a las grandes fortunas ha llevado a las autonomías a reconducir algunas de sus rebajas.
Si bien, ni la caída del ITPyAJD ni de Sucesiones generará un problema para las cuentas de las comunidades. Los territorios se benefician de una parte significativa de los ingresos por IRPF, por IVA o en los impuestos especiales, que siguen apuntando al alza este año. El PP ha utilizado desde hace tiempo el aumento de la recaudación en España para acusar al Gobierno central de “forrarse” o de practicar una “voracidad fiscal”. Sin embargo, es ese aumento de ingresos, que también recaen en los territorios, el que permite compensar la pérdida de recaudación en los tributos cedidos.
De hecho, las comunidades autónomas tendrán este año más recursos que nunca. El Gobierno, como uno de los primeros pasos para la elaboración de los presupuestos, anunció una previsión de entregas a cuenta para las comunidades —un adelanto de lo que se prevé recaudar este año— de 154.467 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,9%. Es decir, tendrán a su alcance más recursos que nunca.
Por contra, esta semana se ha constatado que las comunidades tendrán un objetivo de déficit más restrictivo de lo inicialmente previsto. El voto del PP en el Senado en contra de la senda de estabilidad presentada por el Gobierno ha provocado que entre en vigor el anterior esquema aprobado, enviado a Bruselas hace un año. Esta otra senda impone un déficit más estricto a las comunidades, lo que le restará a las autonomías 1.456 millones y otros casi 3.000 millones a los ayuntamientos.
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