Caja Madrid también ha hecho llorar a los ricos. Y mucho. Los clientes más adinerados de la entidad han sufrido, como el resto, las malas prácticas generalizadas de la entidad a la hora de asesorar e informar a sus usuarios. Así lo demuestra un documento interno –al que ha tenido acceso eldiario.es– que la caja se apresuró a realizar en 2009 para hacer frente al tsunami de denuncias que esperaba recibir a raíz de la quiebra de Lehman Brothers y de un banco islandés. En esas dos entidades metieron, hasta el fondo, a los que supuestamente eran sus clientes VIP, con reclamaciones que aún siguen abiertas en los tribunales.
La gestión que Miguel Blesa hacía de Caja Madrid era presidencialista. Por sus manos pasaba todo tipo de documentos y decisiones. Desde el presupuesto para cambiar los secamanos de los aseos hasta los parámetros de riesgo con los que se concedían los créditos. Y también, claro, la información detallada de los errores que se cometían en el banco.
Durante el año 2009, a Blesa le comienzan a llegar correos desde su departamento de banca privada, una pata de la caja que se dedica a gestionar clientes que invierten al menos 50.000 euros, advirtiéndole de reclamaciones y demandas por fallidas inversiones en bolsa. Aún no había comenzado el drama de las preferentes, que acaban de salir a la venta, pero muchos clientes de la entidad estaban perdiendo ya todos sus ahorros por arriesgadas inversiones en bolsa asesorados por Altae, la filial que canalizaba este tipo de servicios.
Ante la cascada de denuncias, el banco elaboró una auditoría interna bajo el título “Resumen aspectos críticos relaciones con clientes” que le remite a Blesa Carlos María Martínez, responsable del holding de entidades participadas por Caja Madrid, y al que ha tenido acceso eldiario.es gracias a una fuente anónima que nos ha sido derivada por colaboradores de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X.
La radiografía muestra una situación desastrosa. El banco suspende en prácticamente todas las materias que inspecciona la auditoría. Se analiza si los clientes han pasado un test de idoneidad, si se facilita la información precontractual adecuada o si después de iniciar la relación se cuida y vigila la inversión. La caja muestra graves fallos de omisión con los que deberían ser, precisamente, sus clientes premium.
En números, la propia entidad cuantifica que el 68% de los clientes que tenían “bonos estructurados” –esto es, complejos productos financieros– no tenían experiencia cuando los contrataron. Al menos en uno de cada dos clientes que habían invertido en Lehman Brothers se había incumplido su horizonte de inversión al ser, a muy largo plazo, como una suerte de preferentes. En 2008, el 20% de todos los clientes del banco no habían firmado el test de idoneidad, un requisito previo para poder siquiera prestar el servicio.
A finales de 2008, cuando las bolsas mundiales estallaron por los aires, casi una cuarta parte de los clientes de la entidad tenían inversiones en productos que excedían su deseo de arriesgar, según el documento. Por entonces, Altae, que estaba en plena expansión, había captado ya alrededor de 5.000 ahorradores.
En cuanto a la entrega de información “precontractual genérica y específica” de los productos que el cliente estaba a punto de contratar, la propia caja concluye que prácticamente nadie recibía estos datos. La propia entidad divide su análisis en un antes y un después de que entrara una normativa de protección al inversor en diciembre de 2007 conocida como MiFID.
La MiFID obligó a las firmas de inversión a ser mucho más transparentes con sus inversiones y, sobre todo, a asegurarse de que el cliente entendía los riesgos que asumía. En su trámite parlamentario, se fijó precisamente que las deudas titulizadas fueran consideradas como un instrumento financiero “complejo”, dado su alto peligro para el inversor, debido a la gran preocupación causada por la primera oleada de la crisis de hipotecas basura en EEUU.
Implicaciones judiciales
La auditoría demuestra que no hay “evidencia de la recepción de información [contractual]” antes de que entrara en vigor la normativa. Pero es que después de su introducción el banco reconoce que la mitad de los clientes seguían sin haber sido informados debidamente. Este análisis interno y confidencial del banco choca de lleno con la postura oficial que Caja Madrid sostuvo ante las primeras denuncias de inversores en 2009. La caja madrileña tuvo el dudoso honor de ser la primera entidad condenada en España por haber inducido a clientes a invertir en deuda de Lehman Brothers.
Esa primera sentencia vio la luz en septiembre de 2009, al mismo tiempo que se estaba ultimando el informe de auditoría que está fechado en ese mes. Caja Madrid sostuvo que había informado puntualmente a los clientes de los riesgos que se corrían. La jueza falló que la entidad devolviera los 114.000 euros. Aseguró en la sentencia que “la protección no puede limitarse como pretende la demandada al momento de adquisición de los bonos, sino que se prolonga a lo largo de toda la vida del contrato de asesoramiento financiero”.
Otras sentencias contra Bankia, que ha asumido el patrimonio gestionado y, por ende, los conflictos de Altae, están aún a la espera de su resolución. Es el caso de una demanda acumulada que el abogado Fernando Zunzunegui tiene presentada por varios clientes de Altae que perdieron sus ahorros. La demanda se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid.
Tras conocer el contenido de la auditoría que publicamos, el abogado valora presentarla en las próximas semanas como otra prueba más. “Es un documento muy importante porque supone el reconocimiento del tipo de relaciones que tenían con los clientes”, explica Zunzunegui. Un informe similar pesó a favor del cliente en un caso parecido de inversión en bonos de Lehman Brothers contra Bankinter.
Juan Moreno Yagüe, del 15MpaRato, también tiene mucho interés en estudiar cómo utilizar esta documentación en la querella interpuesta en la Audiencia Nacional y donde sufrieron esta misma semana un revés al entender que Bankia no tiene “responsabilidad penal” en las preferentes.
Otro de los abogados más activos en denuncias por clientes afectados por preferentes, Jordi Ruiz, de Jausas Legal, califica el documento de “auténtica bomba”, ya que deja claras las malas prácticas que realizaba la entidad. “Los clientes no recibían información generalizada, y eso es muy importante a la hora de defender que los clientes no conocían los riesgos que asumían”, puntualiza. Jausas fue el primer despacho en poner una querella criminal a Miguel Blesa como máximo responsable de la emisión de preferentes.
Este documento podría ser aportado a la causa y, además, podría ser de utilidad a los clientes de preferentes en las causas pendientes en los juzgados.
Con todo, muchos de los clientes afectados por la colocación de preferentes eran, precisamente, clientes de Altae. Así, en los correos que se cruza el director financiero con Blesa subraya que los clientes de Altae son “perfectos” para invertir en preferentes. El 22 de mayo la inversión media del cliente de Altae en este tipo de productos era de 140.000 euros.
Respecto al seguimiento de las inversiones de los clientes una vez formalizado el contrato, la evaluación es igual de nefasta. Al valorar la comunicación que se hace a los clientes de las pérdidas en las que están incurriendo o del estado de sus inversiones, Caja Madrid reconoce “deficiencias de información” y “falta de supervisión por parte del banco”. Entre las deficiencias de información, la entidad destaca “falta de valoración del mercado, del rendimiento de la carta y claridad en la información de los honorarios de gestión”.
Muy reveladora es también la gestión de “conflictos de interés” entre clientes o entre el banco y los clientes que llevaba la entidad en 2009. “No se ha elaborado un registro de potenciales conflictos de interés sobre los que aplicar las medidas contempladas en la política [del resto de la caja]”.
En definitiva, la asesoría que se le daba a los clientes de la entidad no cumplía la ley en aquel momento ni en atención ni en transparencia ni en calidad.