La ausencia de los precios de la electricidad del mercado libre de la electricidad (los contratos según las tarifas de las empresas comercializadoras) en el cálculo general del IPC (Índice de precios de consumo) que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) distorsiona la estadística oficial de inflación. Concretamente, estaría sobrevalorando la factura de la luz sobre el resto de la cesta de compra, según distintas comparaciones y aproximaciones respecto a las cifras del Eurostat (el INE de la Unión Europea).
Este cálculo parcial, que solo tiene en cuenta los precios del mercado regulado (más volátil al responder a la generación de electricidad diaria), tiene consecuencias tangibles, más allá de la cuestión estadística. Por ejemplo, se traslada automáticamente a la revalorización de las pensiones, que está ligada a una inflación desbocada en los últimos meses por el impacto de la invasión de Ucrania precisamente en las materias primas energéticas (gas o petróleo), y que podría acabar el año de media en el 7,5%, según la última previsión del Banco de España.
Las evidencias del cálculo parcial del IPC de la electricidad
Hay distintas evidencias que permiten concluir que actualmente la factura de la luz está sumando más de lo que debería al IPC general. Primero hay que detenerse una vez más en el origen de la distorsión. El cálculo actual del INE recoge exclusivamente el precio condicionado directamente por un sistema que se fija respecto a un gas disparado en las últimas semanas en los mercados internacionales por la perturbación de la guerra.
Seguidamente, se pueden observar, por comparación con otros datos o con otros países, los efectos que tiene excluir los precios del mercado libre en la estadística, que el que propio INE lleva meses intentando incluir, “pero nos hemos encontrado problemas con la información que nos aportan las empresas”, reconocen desde la institución. El primer anunció adelantó la incorporación de las tarifas ofertadas por las comercializadoras de electricidad al cálculo en enero de este 2022. Ahora, fuentes conocedoras del proceso lo dilatan hasta el inicio de 2023.
Así, según la comparación del peso en el IPC general del precio de la luz en el conjunto de los países de la Unión Europea, se detecta que en España llegó a alcanzar el 43% en febrero (ver gráfico), solo por debajo de Grecia, teniendo en cuenta los datos armonizados de Eurostat respecto a la evolución interanual, del mes frente al mismo mes de 2021.
El IPC general avanzó en febrero en España un 7,6%, respecto al mismo mes del año anterior, y según el dato adelantado por el INE aceleró hasta el 9,8% en marzo, aunque se desconocerán los detalles de la descomposición de este último mes hasta el miércoles 13 de abril. De lo que sí se sabe, España se situó en febrero como el país europeo donde más aumentó el IPC solo por la luz, un 3,3%, esta vez por delante de Grecia (3%) y Países Bajos (3%).
Y para sumar evidencias del efecto exagerado de la luz en el IPC general por su cálculo parcial: la aceleración interanual que se observa en el precio de la electricidad en febrero en España, un sorprendente 80,5%, solo es batida en Países Bajos (94,4%) y en Italia (81,9%).
Si se va más allá de las comparaciones entre países, el economista Francisco Melis, ex estadístico del INE, introduce en este artículo publicado en elDiario.es la confrontación del IPC de la electricidad de la institución española con los datos de las empresas del sector que recoge el Eurostat. Su conclusión es que “la subida de la luz en 2021 se rebajaría a un tercio de lo que calcula el INE”.
El debate sobre el efecto en la inflación media
Melis asegura que “si el IPC de electricidad hubiera crecido en 2021 el 13,3% que arroja la estadística de Eurostat en lugar del 35,6%, el IPC general se habría incrementado en 2021 un 2,3% en lugar del 3,1% efectivamente registrado”.
“Puede afirmarse, por tanto, que la exclusión del mercado liberalizado en el IPC de la electricidad ha elevado en 8 décimas la inflación en España”, añade. Los técnicos del INE discuten esta comparación “porque mezcla la evolución de precios del IPC con los datos de ingresos de las eléctricas del Eurostat”. Es decir, “el precio se camufla en estos últimos por los cambios en el consumo, la potencia contratado o el tipo de contrato”, continúan desde la institución.
El otro gran foco de debate es la posición extendida entre distintos expertos sobre que las actualizaciones de los contratos y las tarifas en el mercado libre de las comercializadoras de electricidad acaban reflejando igualmente la subida de precios, aunque la esquiven en el corto plazo y se produzca de forma más escalonada, dando un resultado parecido para la media de la inflación (IPC) del año.
Lo cierto es que el gran desafío del Gobierno hoy en día es limitar el precio del gas en la generación de electricidad. La propuesta conjunta de España y Portugal que está pendiente de la aprobación de la Comisión Europea busca hacerlo a 30 euros por MWh. Los economistas coinciden en que si esta medida sale adelante “hundirá la inflación”.
Impacto de la distorsión en el IPC en el déficit
La estadística incompleta sobre la evolución del precio de la electricidad del INE implicaría un mayor gasto público en pensiones a razón de “1.500 millones de euros por cada punto extra de inflación” -según la ecuación divulgada recientemente por la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF)-, si se asume la tesis de que actualmente la factura de la luz está sumando más de lo que debería al IPC general.
También impactaría en la actualización de los alquileres de vivienda, limitada de hecho hasta junio al 2% en el plan de respuesta a la guerra del Gobierno, o a la revisión de los convenios salariales ligados a la inflación, aunque solo suponen un 15% del total.
La distorsión del IPC en este histórico pico del precio de la electricidad impacta entonces en distintos ámbitos de la actividad económica real. Siendo el aumento del gasto en pensiones el más grave por su cuantía y por la vulnerabilidad de las cuentas públicas.
Según la propia AIReF, el déficit de las Administraciones Públicas (la diferencia entre gastos e ingresos que debe ser subsanado con deuda) se quedará en el 4,2% del PIB en 2022. Y la gran amenaza es que el esfuerzo para revalorizar las pensiones en 2023 según el IPC de este año frene la reducción de este déficit, que en 2020 llegó a aumentar hasta el 10,3% del PIB por la crisis del Covid.
Un crecimiento del 8,4% en el gasto en pensiones
“La decisión de actualizar las pensiones vigentes en cada momento con el IPC del año precedente comportará importantes consecuencias sobre el gasto público total en pensiones”, advierte el profesor de la URJC Miguel Ángel García en un informe publicado por Fedea.
“Con la información disponible, el gasto público en pensiones a final de 2022 puede superar los 174.000 millones de euros. Esta cantidad significa destinar a pensiones el 13,6% del PIB, 1,3 puntos más que antes de iniciar la pandemia”, continúa el economista, quien lamenta que “las perspectivas para 2023 no son actualmente muy favorables”.
Con “una tasa media anual de inflación del 6% en 2022, asumiendo la posibilidad de una incidencia positiva de las medidas adoptadas. A lo que habría que añadir el impacto del mayor número de pensiones (1,1%) y el efecto sustitución consecuencia de la superior cuantía de las nuevas pensiones respecto a las que salen del sistema (1,3%). La suma de los tres efectos implicaría un crecimiento del gasto en pensiones del 8,4% en 2023”, concluye.