El Estado está abocado a indemnizar a ACS y a la francesa Eiffage por la quiebra de TP Ferro, la concesionaria del túnel que conecta el AVE con la línea de tren francesa, que irá a liquidación al ser rechazada el jueves la propuesta de convenio presentada por la compañía para la refinanciación de su deuda, lo que llevará a la estatal Adif y su homóloga francesa Sncf Réseau a gestionar esta infraestructura.
La junta de acreedores de TP Ferro, reunida el jueves, decidió “por falta de quorum” no aceptar la propuesta de la compañía para reestructurar una deuda de 557,2 millones de euros, de los que 391,5 millones son con acreedores.
Tras esta decisión, el juzgado mercantil de Gerona abrirá en los próximos días la fase de liquidación de TP Ferro, que está previsto dure unos meses.
El consejo de administración, formado por ACS/Iridium y Eiffage, desaparece y el administrador concursal asumirá sus competencias.
TP Ferro ha asegurado que la continuidad del servicio ferroviario está garantizada “con los mismos niveles de prestaciones, seguridad y calidad del servicio”, y que todo el personal y todas las actividades serán retomadas y gestionadas por una nueva empresa que formarán de manera conjunta Adif y Sncf Réseau, bajo la autoridad de España y Francia.
La compañía ha apuntado que “la actual dirección de TP Ferro, así como toda la organización, serán mantenidas en el seno de la nueva empresa común”.
El resultado va a ser similar al derivado de la clausura del almacén de gas Castor, tras una serie de microseísmos en la costa de Levante. Tras conocerse la noticia, el ministro de Fomento y de Justicia en funciones, Rafael Catalá, aseguró que se está haciendo “un análisis de costes y una valoración de la responsabilidad patrimonial derivada” para el posible rescate del túnel que conecta España y Francia.
Catalá explicó que el túnel fue “una concesión administrativa en su día para que dos empresas, una española y otra francesa, llevasen a cabo las obras y luego explotasen el túnel”. Sin embargo, a causa del impacto de la crisis económica en el tráfico ferroviario que se estimaba, “no hay flujo suficiente para financiar la inversión que las empresas hicieron”.
El ministro ha recordado que en el contrato de concesión se preveía que, si se llegaba al punto actual, las dos administraciones, la francesa y la española, “tendrían la responsabilidad patrimonial de la administración”.
Ello supondría “el rescate de la infraestructura, que quedaría en manos de las administraciones públicas, y habría que indemnizar al concesionario por las inversiones hechas y no recuperadas”. “Estamos en el análisis de costes y en la valoración de la responsabilidad patrimonial derivada, y si no tiene viabilidad el servicio habrá que indemnizar y rescatar”, reiteró.
TP Ferro cobra un peaje por cada tren de alta velocidad que usa el túnel del Pertús, ya sea un tren de mercancías o de pasajeros, pero los ingresos obtenidos han resultado muy inferiores a lo previsto inicialmente.