El responsable de la Federación Agroalimentaria de Galicia de CCOO, Francisco Vilar, ha valorado que el juez mantengan apartado al presidente de Pescanovoa de la gestión y que la Fiscalía pida la admisión de las querellas, y reclama que “quien haya metido mano en la cartera, pague las consecuencias.
Así se ha pronunciado Vilar en declaraciones a Efeagro en las que ha mostrado su satisfacción por el rechazo del juzgado de Pontevedra al recurso del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra el auto que le aparta de la gestión, “habida cuenta de que es la clave de la solución”.
Según Vilar, para que esto pueda “navegar” hay que mantener a los administradores concursales (Deloitte), que son los que generarán y mantendrán la confianza de los proveedores, y quienes deben permitir llegar a un acuerdo con la banca para que inyecte liquidez de forma inmediata, y así el grupo pueda funcionar con una relativa tranquilidad a corto plazo.
En su opinión, si el juez Roberto de la Cruz Álvarez hubiera admitido el recurso de Sousa habría cerrado la puerta a esas negociaciones y a las posibilidades de viabilidad del grupo.
En ese sentido, ha reiterado su apoyo y felicitación al juez por sus decisiones.
Por otro lado, ha subrayado que los trabajadores siguen preocupados por que todavía no se conoce el alcance real de la deuda, y por tanto va a haber que estudiar bien el plan de futuro que se pueda elaborar.
Un plan que, a su juicio, debe ir encaminado a reducir la deuda para que la compañía sea viable, en el que seguro que habrá “una quita importante o una conversión de deuda en capital, y venta de activos”.
Es en ese punto donde radica la preocupación de los trabajadores, porque, según Vilar, si esos son activos estratégicos para el proyecto industrial del grupo, su venta “puede tener una repercusión en el empleo”.
En cuanto a las querellas, ha valorado que la Fiscalía haya pedido a la Audiencia Nacional que las admita, porque cree que es importante que se depuren responsabilidades de los que han llevado “de mala forma este grupo a esta situación, que puede generar perjuicios a los trabajadores (1.500 empleos directos en Galicia y 5.000 con indirectos, de los 11.000 que se calcula tiene el grupo)”.
Para Vilar, “alguien tiene la responsabilidad de haber puesto a este grupo en la situación en la que se encuentra, y si se ha hecho de forma ilícita no podemos más que apoyar a Anticorrupción.