Comisiones Obreras quiere reunirse con Podemos para hablar de la cotización del subsidio por desempleo de los mayores de 52 años, después de que la formación que dirige Ione Belarra tumbase en enero la reforma en el Congreso. Pero parece que materializar ese encuentro está “costando trabajo”. “Hemos pedido la reunión en dos ocasiones y no la hemos tenido. La contestación ha sido afable, fluida, pero no se concreta”, ha lamentado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato, Carlos Bravo. Fuentes de la formación, por su parte, afirman a este medio su “total disposición” y aseguran que “el primer contacto” partió de ellos. “Estamos a la espera de ver qué fecha les cuadra”, indican.
Con la conversación con Podemos pendiente, Bravo ha señalado este jueves, durante la presentación del informe Mercado de trabajo y protección por desempleo, que el Ejecutivo ha trasladado al sindicato su “intención de presentar la reforma”, pero ha lamentado que, a su juicio, “no está avanzando en la materia porque tiene dudas sobre si va a alcanzar la mayoría (parlamentaria) o no”. En enero, Podemos dejó caer en el Congreso el decreto del Ministerio de Trabajo para la reforma del subsidio de desempleo, también con los votos en contra de PP, Vox y UPN, alegando que suponía un recorte para las personas de más de 52 años.
En concreto, Podemos se oponía a la progresiva reducción de la cotización de los mayores de 52 años desde el actual 125% hasta el 100% en 2028. Esa sobrecotización se justificó en su momento con el bajo importe del salario mínimo interprofesional (SMI) algo que, a juicio del Gobierno, ya no es necesario ante el pronunciado incremento de esta cuantía en los últimos años. De hecho, mantener esta situación, decían, genera “disfunciones” con los 2,5 millones de trabajadores que cobran el SMI y cotizan menos.
El sindicato ha insistido en la idea de la dificultad del Ejecutivo para montar una mayoría parlamentaria que desbloquee la reforma del subsidio, máxime a las puertas de unos meses con una carga electoral importante, con comicios en Catalunya, Euskadi y las europeas en junio. “El problema es que hay un grupo parlamentario (Podemos) que aparentemente podría haber apoyado y no lo hizo y otros dos grupos parlamentarios que no apoyaron (PP y Vox) y que no tiene perspectiva que vayan a hacerlo”, ha señalado Bravo.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ya había la puerta en febrero a “evaluar” el aumento de las cuantías de los subsidios para los mayores de 52 años, así como la mejora de otras prestaciones, como habían solicitado CCOO y UGT.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO ha expresado también que el real decreto ley no resolvía “los problemas en relación con la protección por desempleo, ni tan siquiera la protección asistencial por desempleo” pero que, “sin duda mejora la situación precedente”. Entre las medidas que decayeron con el decreto estaban el aumento de la cuantía del subsidio de 480 a 570 euros, la eliminación del mes de espera entre la prestación y el subsidio, la posibilidad de compatibilizar un empleo con parte del subsidio y la protección de nuevos colectivos, como los menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales agrarios.
Desde CCOO han lamentado el proceso “anómalo” que ha llevado la negociación de este decreto ley. “Con este Gobierno, llevábamos pidiendo la constitución de la mesa desde hace dos años. La primera reunión fue en diciembre de 2023 y con un marco de conflicto dentro del Ejecutivo entre diferentes ministerios”, ha explicado Bravo. Se refiere a las tensiones entre Trabajo y Economía, menos ambicioso en la propuesta que el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No obstante, desde el sindicato indican que tras esa primera reunión, “la propuesta no tiene continuidad en la negociación y tiene variaciones en el real derecho ley que se presenta”.
La segunda “anomalía”, explican, es que tras decaer el decreto, se vuelve a convocar la mesa. “Lo que nos traslada el Gobierno es la intención de presentar la reforma”, explica Bravo, que no cree “que no tenga voluntad”, sino que “tiene dudas de si va a alcanzar la mayoría o no” para conseguir su convalidación.
“La cuestión es que hay una negociación para que la mayoría de investidura pueda apoyar un proyecto de ley de estas características, que no parece que esté dando resultado hasta el momento. Nosotros estamos instando de manera muy activa al Gobierno a activar los contactos con todos los grupos parlamentarios que puedan apoyar esta medida. Y estamos intentando hablar con todos ellos. Siempre tenemos una interlocución muy fluida, pero es verdad que está costando trabajo tener reunión con algunos grupos”, ha respondido Bravo a preguntas de los periodistas. Unas dificultades que ha enmarcado en el periodo electoral que se abre: “Cuando esos cálculos electorales suponen que centenares de miles de personas no mejoran su protección social, igual alguien se lo tendría que mirar”.