Los servicios jurídicos de CCOO y UGT acumulan 81 expedientes judiciales abiertos contra cerca de 265 personas, muchas con vinculación sindical, que han participado en huelgas y protestas en los últimos años. Una cifra alarmante que ha llevado a los sindicatos a intensificar su campaña en defensa del derecho de huelga y contra la criminalización de la protesta: por un lado, han convocado para las próximas semanas concentraciones en decenas de ciudades; por otro, además de a la Fiscalía, el CGPJ y el Tribunal Constitucional, acudirán también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo para denunciar la situación.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han manifestado también su preocupación por las personas que ya están condenadas y cuyo ingreso en prisión pende de un hilo. Por ello han insistido en que esperan poder reunirse con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que ya se han dirigido en varias ocasiones, para frenar la entrada en la cárcel de estas personas.
De los 81 expedientes, hay procedimientos abiertos por la vía penal (por los que se pide, en total, 120 años de cárcel) y procedimientos administrativos que implican multas. En al menos nueve procedimientos penales que afectan a 40 trabajadores y cargos sindicales se imputa la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo que implica una pena mínima de tres años y un día de cárcel. Esta pena haría que, en caso de condena, estas personas entraran en prisión. Los sindicatos han constatado que en algunos casos, la Fiscalía hace una petición de cárcel que “excede notablemente” la pena mínima.
Según un informe jurídico de los sindicatos, la mayoría de los casos afectan “o bien a personas que han intervenido de forma puntual en un hecho muy concreto que permite su individualización, o bien se trata de responsables y cargos sindicales contra los que se formulan acusaciones, no tanto en la medida en que han realizado una conducta en sí misma delictiva, sino por la facilidad de su identificación, o por el protagonismo asumido en la gestión del conflicto laboral”.
“Se trata de ejemplificar, de meter miedo y desanimar a la gente para que no participe en movilizaciones”, ha dicho Toxo, que ha alertado de la posibilidad de que este clima se aproveche para legislar sobre el derecho de huelga en un momento en el que estas decisiones judiciales ya están modificándolo “de facto”. El líder de CCOO califica este aluvión de casos como un “ataque sin precedentes” en democracia al derecho de huelga: “Hay que recordar que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y que no es patrimonio de las organizaciones sindicales, sino de toda la sociedad”.
Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, este ofensiva judicial propicia una proyección de la huelga “como si fuera una práctica violenta o delicitiva” y desalienta la movilización. “Las peticiones de la Fiscalía no ponderan adecuadamente la imputación del delito de coacciones a la huelga con la dimensión constitucional del derecho a huelga”, ha señalado.
Una de las propuestas de los sindicatos es precisamente reformar el Código Penal para revisar su artículo 315.3, sobre las coacciones a la huelga, un punto controvertido que está sirviendo para que la Fiscalía eleve sus peticiones en los casos contra trabajadores y sindicalistas. “Resulta sarcástico que se use en estos casos cuando la vulneración de los derechos de los trabajadores se da todos los días y no hay ni sanciones ni propuesta de penas para esas empresas y empresarios”, ha destacado el secretario general de CCOO. En los próximos días, Toxo y Méndez se reunirán con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.