Toque de atención y medida de presión de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, al Gobierno por el retraso en la aprobación de la ayuda anunciada para personas desempleadas que hayan agotado su prestación durante la pandemia. Ambas organizaciones han lanzado un comunicado este viernes en el que instan al Ejecutivo a que apruebe con urgencia esta medida, que se está demorando pese a que el Ministerio de Trabajo expresó que la estaba ultimando ya en agosto, tras negociar el subsidio extraordinario de unos 430 euros mensuales con los agentes sociales.
Los sindicatos llevan meses urgiendo al Gobierno a que, además de las medidas aprobadas para los trabajadores en ERTE y otros colectivos de afectados por la pandemia, como las empleadas del hogar y los fijos discontinuos, las personas desempleadas también vieran reforzada su protección social dado que desde la irrupción del coronavirus enfrentan enormes dificultades para encontrar un empleo. España ya contaba con una gran cantidad de personas paradas antes del descalabro económico derivado de la pandemia, 3,2 millones en total, que en algunos casos se han sentido “abandonadas” por la falta de medidas para su colectivo, como denunciaban varias de ellas a este medio.
El Ministerio de Trabajo inició en julio una negociación con los agentes sociales al respecto, tras comprometerse en la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre a abordar esta cuestión. Antes del parón veraniego, en Trabajo ultimaban un subsidio extraordinario para unas 550.000 personas en paro que habían agotado su prestación de desempleo desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre. Aún quedaban cuestiones por cerrar, como destacaban sobre todo en UGT, pero la ayuda parecía inminente.
Con la vuelta de la actividad en septiembre han ido saliendo adelante varias medidas, como la Ley del Teletrabajo, los reglamentos de igualdad laboral y la nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero, pero no este subsidio extraordinario. La semana pasada estaba prevista una reunión de negociación sobre el tema en la mesa de diálogo social, pero quedó finalmente aplazada por “problemas de agenda” del Ministerio de Trabajo, apuntan fuentes sindicales. Y hasta hoy.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, respondió a elDiario.es sobre el retraso en la ayuda que confiaba que pudiera estar lista este mismo mes de octubre y la ministra Yolanda Díaz también afirmó esta semana en un encuentro en El País que “la mesa de diálogo social terminó” y que “todas las partes están de acuerdo en dar protección” a este colectivo. Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que habrá una reunión con sindicatos y patronal “en los próximos días” para sacar adelante el subsidio.
A la espera del visto bueno de Hacienda
“Tras esa negociación, de manera inexplicable, el Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de la negociación. En este momento aún no lo ha hecho, pese a que la negociación se inició bajo la premisa de una respuesta urgente a esta situación que ya debería estar en marcha”, denuncian CCOO y UGT en su escrito difundido este viernes, en el que emplazan al Gobierno a atender esta “cuestión prioritaria” de manera urgente.
Los sindicatos añaden que consideran “inaceptable la falta de sensibilidad que el Gobierno de España está mostrando con centenares de miles de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo, han consumido protección por desempleo, durante un periodo en el que sus posibilidades de encontrar un empleo han sido, en muchos casos siguen siendo, nulas, tal y como venimos denunciando reiteradamente desde el inicio de la crisis sanitaria”.
En estos meses de demora para dar luz verde a la ayuda, fuentes del diálogo social señalan a Hacienda como la responsable de que la medida no salga adelante. CCOO y UGT señalan que no van a “caer en el error de identificar la responsabilidad de esta cuestión en un Ministerio u otro, o hacernos eco de quien tiene más o menos sensibilidad en esta materia” y apuntan al conjunto del Ejecutivo: “Emplazamos al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con los reiterados compromisos y anuncios que en este sentido ha realizado. No hay razón económica, social y, desde luego, política, que justifique no resolver esta cuestión urgentemente”.