La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia solo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión solo suponen un tercio de su presupuesto.
Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.
Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones), pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son “aportaciones genéricas a fondo perdido”, sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación.
Control “flexible”
A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un “control flexible” que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas “muy pequeñas” y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.
Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que “no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente”.
En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo “específico” porque un control idéntico al del sector público “no sería proporcional”. “Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas”, ha remarcado.
En este sentido, ha desechado la posibilidad de publicar las retribuciones de los responsables de la CEOE, que sí se exige en el sector público. “Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente”, ha remarcado, precisando que los miembros de la CEOE sí pueden conocerlas.
Y ha puesto un ejemplo concreto: “Si unos empresarios del metal deciden mañana contratar un ejecutivo muy caro para un plan de internacionalización, no sé por qué eso tiene que estar dentro del marco de esta ley”, ha dicho.
Los sindicatos ponen límites
Por su parte, CC.OO y UGT han mostrado su apoyo a la futura Ley de Transparencia y a la inclusión de los sindicatos en la misma, pero han avisado de que la norma no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para “limitar el derecho de libertad sindical” o atentar contra su “autonomía organizativa”.
Ambos han coincidido en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones. Aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas.
“No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales”, ha comentado el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse “a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen”.
También ha pedido que no se confunda “la posición de los sindicatos con las de los partidos políticos a la hora de dar cuenta ante el conjunto de sociedad de su financiación, su actividad y de los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes”.
“Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos”, ha aseverado el representante de CC.OO.