La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está exprimiendo su centro de formación, el Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE), para cubrirse ante las millonarias reclamaciones que tiene pendientes por irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas en las subvenciones recibidas por los cursos de formación.
Esta sociedad anónima, que factura poco más de 2,2 millones de euros al año, abandonó en 2018 las pérdidas gracias a una operación inmobiliaria, al aumento de su facturación y a una reducción drástica de sus gastos de personal, tras pagar en 2018 a su propietario, la patronal, 13,09 millones en dividendos. CEOE, que el año pasado liquidó sus deudas con su filial, ha podido cubrir así las provisiones que tuvo que dotar para hacer frente a las reclamaciones del Ministerio de Empleo para que devuelva las ayudas.
En sus últimas cuentas anuales, accesibles a través de la plataforma Insight View, ISEE explica que a lo largo del año pasado pagó a la CEOE dos dividendos que ascienden a los citados 13,09 millones. El más relevante, de 12,32 millones, se aprobó el 29 de diciembre de 2017 y sirvió para paliar el roto contable que sufrió la patronal al verse obligada a provisionar 12,972 millones en sus cuentas de ese ejercicio tras reclamar esa cuantía el Tribunal de Cuentas a la entidad y a Cepyme por irregularidades en el cobro de esas ayudas, tal y como adelantó en abril La Información.
A ese dividendo, que CEOE cobró en febrero de 2018, se sumó, explica ISEE, un “nuevo dividendo por valor de 770 miles de euros que ha sido pagado en el mismo ejercicio junto con el anterior” y que CEOE ha registrado en sus cuentas como ingreso financiero en concepto de “participaciones en instrumentos de patrimonio”. Este segundo dividendo corresponde a la cuantía reclamada por Empleo a Cepyme, según fuentes de CEOE.
Descapitalización
Ambas patronales interpusieron en enero de 2019 sendos recursos contencioso-administrativos contra las peticiones de reintegro de esas ayudas que ha llevado a cabo el Ministerio de Empleo tras el informe del Tribunal de Cuentas. Mientras se resuelve esa disputa, los pagos del ISEE a su matriz han provocado una drástica descapitalización de la filial de CEOE, cuyo activo se redujo más de un 50% el año pasado, al pasar de 26,3 millones a 12,7 millones.
ISEE, creado en 1993, tiene por objeto social “la realización de estudios e informes relacionados con el mundo de la empresa, preparación y ejecución de programas de formación empresarial, elaboración y ejecución de coloquios y seminarios sobre temas económicos y sociales que afecten el mundo empresarial, y la preparación y ejecución de programas de formación a dirigentes”.
La empresa, que desde este mes tiene nueva directora general, la experta en colaboración público-privada María Teresa Gómez, salió en 2018 de pérdidas tras dos años en números rojos al lograr resultado positivo de 348.000 euros, frente al quebranto de 982.000 euros de un año antes. Para ello, fue determinante la venta, en octubre de 2018, de una nave industrial ubicada en la Comunidad de Madrid que había adquirido en 1998 y que le ha aportado plusvalías de 585.000 euros.
También contribuyó a la mejora de los resultados el aumento de la facturación (del 18%, hasta 2,2 millones) y el recorte de los gastos de personal, del 36%, tras disminuir la plantilla un 30%, hasta una media de 10,59 empleados (fijos y temporales), frente a 18 hace solo dos años. Fuentes de CEOE atribuyen este redimensionamiento a la “reorientación” del instituto para conseguir realizar su actividad sin depender de las subvenciones públicas.
Tras embolsarse esos 13 millones en dividendos de su filial, CEOE también ha amortizado completamente en 2018 dos préstamos de ISEE: uno de 2,5 millones concedido en julio de 2009; y otro de 1,3 millones otorgado en octubre de 2012 y cuyo plazo de amortización era de 15 años.
ISEE todavía tiene concedidos tres préstamos a Cepyme por importe de 4,225 millones: uno con un importe inicial de 2,151 millones otorgado en 2013 y ampliado a 2,478 millones en 2015 cuyo saldo está íntegramente pendiente de cobro; otro de 977.000 euros concedido en marzo de 2016 y que vence en 2020; y otro de 770.000 euros concedido en abril de 2018.