Los empresarios se levantan contra Trabajo y exigen “una rectificación” al acuerdo para dar más poder a la Inspección de Trabajo en la vigilancia de los despidos colectivos (ERE), con un nuevo control previo sobre sus causas. La patronal ha tachado el pacto de “traición” al acuerdo de la reforma laboral y rechazan al Ministerio como “interlocutor fiable”, aunque fuentes empresariales reconocen que “no se rompe el diálogo” del todo con el departamento de Yolanda Díaz. La medida ha sido acordada ahora por el Gobierno con EH Bildu en la tramitación parlamentaria de la Ley de Empleo, aunque fue anunciada hace más de un año por Trabajo.
“Los empresarios españoles consideramos que la enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERES) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral”, apuntan las dos principales patronales, CEOE y Cepyme, en un comunicado conjunto.
Yolanda Díaz ha respondido esta tarde a los empresarios: “¿Cuál es el problema de que la Inspección examine los ERE si todo se hace bien?”.
Las organizaciones empresariales sostienen que “este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso”, algo que ha negado la vicepresidenta segunda, que ha sostenido que el tema no llegó a negociarse.
Partidos como EH Bildu y ERC reclamaban que la reforma laboral recuperara la autorización administrativa previa en los despidos colectivos, que eliminó Mariano Rajoy en la reforma de 2012, pero este tema no fue incluido en el paquete de cambios. La reforma se centró en otras cuestiones, como la reducción de la temporalidad y la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras.
Un cambio anunciado hace un año
Ahora, en el seno de la negociación parlamentaria de la Ley de Empleo en el Congreso, el Gobierno ha acordado con EH Bildu una enmienda en la que se reconoce un nuevo tipo de control administrativo en manos de la Inspección de Trabajo, que ya había anunciado hace un año el Ministerio de Trabajo dentro del Plan Estratégico del organismo público para 2021-2023. La enmienda salió adelante por mayoría en la votación de la ponencia de la ley, este lunes.
En lugar de una autorización de la autoridad laboral, como había antes, será la Inspección de Trabajo la que analice si se cumplen las causas alegadas por las empresas para aplicar los expedientes de despidos colectivos.
“La actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable”, consideran CEOE y Cepyme.
Las patronales valoran además que esta modificación “tiene como fin intervenir las decisiones empresariales”, por lo que la consideran “contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa”, así como que “contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria”.
Según fuentes del pacto entre EH Bildu y Trabajo, la modificación acordada no supone que la Inspección pueda vetar los ERE, sino que su función se ciñe a elaborar un informe preceptivo sobre si se cumplen las causas para aplicar el despido colectivo. Si no se cumplieran, así lo dictaminaría en un informe y esta valoración serviría a los trabajadores y sindicatos para impugnar el despido en los tribunales.
Piden una “rectificación”
Por ello, las patronales apuntan que “a la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe”.
Preguntadas por este rechazo de la interlocución, fuentes de CEOE precisan que los empresarios “no rompen” relación o diálogo con el Ministerio de Yolanda Díaz, una decisión que “tendría que tomar la junta directiva”. “Estas cuestiones, dada su urgencia, serán tratadas a nivel interno en la Junta Directiva de CEOE del próximo 21 de diciembre”, precisa al final el comunicado.
En estos momentos, hay varias negociaciones relevantes pendientes con el Ministerio de Yolanda Díaz, como el alza del salario mínimo, la ley de incentivos al empleo, la de formación y el Estatuto del Becario, entre otras.