Desde 2006 a 2011, cerca de 30.000 personas que estaban en paro y cobraban algún tipo de prestación tuvieron que hacer tareas voluntarias para alguna administración pública, según las estadísticas recogidas por el Ministerio de Empleo. La normativa laboral permite desde el año 82 que bajo una fórmula llamada “colaboración social” las administraciones llamen a los desempleados a hacer este tipo de tareas no remuneradas -pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación- mientras siguen en el paro. Eso sí, la norma permite que estas personas 'desaparezcan' de las estadísticas como parados mientras llevan a cabo estos 'trabajos'.
La alarma saltó después de que la Comunidad de Madrid publicara el martes una orden en la que convocaba subvenciones para que los ayuntamientos ocupen a los desempleados en estas tareas, pero solo a los que siguen cobrando una prestación o subsidio, es decir, quedan fuera las personas que ya no perciben ingresos. Los diferentes decretos estatales que regulaban esta posibilidad ya contemplaban que estas tareas fueran llevabadas a cabo solo por desempleados con prestación. “Se les da un complemento económico que sirve para cubrir la diferencia entre lo que perciben de prestación y el salario del puesto que cubren. Por eso sale más barato hacerlo con personas que aún perciben subsidio”, dicen fuentes sindicales.
La Comunidad de Madrid no es la única que ha hecho de la colaboración social una política autonómica: al menos Catalunya y Andalucía también lo han hecho. La primera convocó el año pasado un programa por el que concedía subvenciones para programas de colaboración social en administraciones públicas “con personas perceptoras de prestaciones por desempleo” y en el que participaron unas 220 personas. En el caso de Andalucía, las administraciones locales de la región podían acogerse a ayudas “para desarrollar la acción con personas desempleadas estén percibiendo un subsidio por desempleo y manifiesten su voluntad de participar en la ejecución de la acción”.
En cualquier caso, no hace falta que las comunidades desarrollen reglas propias: la norma ya permite a los ayuntamientos a suscribir acuerdos directamente con el servicio público de empleo. La diferencia radica en que, en el primer caso, las regiones ofrecen subvenciones para que los entes locales lleven a cabo esta 'colaboraciones', mientras que en el segundo caso son los ayuntamientos los que tienen que hacerse cargo de los gastos. “Estas adscripciones [el nombre técnico para estas 'tareas] suceden en todas las comunidades”, advierte la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López.
En Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los sindicatos tienen registrados decenas de casos. En la comunidad gobernada por María Dolores de Cospedal, CCOO alerta de un incremento de estas colaboraciones: en 2011 afectaron a 81 personas, en 2012 a 140, y en lo que llevamos de año ya van 77 parados en estas tareas. “Genera una discriminación total entre desempleados, sirve para cubrir empleo estructural de las administraciones y además contribuye a la idea de que la prestación de paro es una especie de caridad y no un derecho subjetivo que esas personas han generado”, denuncia la secretaria de Empleo del sindicato en la comunidad, Lola Santillana.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT denunció el año pasado que la comunidad pretendía emplear a personas en paro para hacer las labores posteriores a la extinción de incendios. Finalmente, unas 400 personas -según el sindicato- realizaron estas labores de limpiez en la zona de Valencia y Castellón. “Es incomprensible que estén haciendo recortes de personal en la extinción de incendios y luego acudan a parados sin experiencia para hacer este trabajo”, se queja Antonio Gómez, secretario general de Fitag.
Aunque la legislación permite esta fórmula desde hace más de dos décadas, en el último año y medio ha habido algunos cambios que han favorecido su aplicación: por un lado, que el ministerio de Empleo ha animado a las comunidades a fomentar esta práctica mediante la suscripción de acuerdos; por otro, que la reforma laboral abrió la puerta a que las administraciones pudieran hacer ERE, lo que hace más que suculenta la idea de sustituir personal contratado por parados 'voluntarios'. De hecho, no hay ningún obstáculo en la ley que impida a los ayuntamientos despedir a una persona y ocupar ese mismo puesto con un parado en “colaboración social”. Es más, la misma persona podría ser despedida y luego ocupada en su mismo puesto. Las sanciones contempladas en la ley permiten que los servicios públicos de empleo sancionen a las personas que rechacen este tipo de ofertas, incluso con la pérdida de la prestación.
Tanto el secretario general de UGT, Cándido Méndez, como su homólogo en CCOO, Ignacio Fernández Toxo, rechazaron ayer estas prácticas, que calificaron de “atropello” a los derechos laborales, y advirtieron del peligro de sustituir a personal público por personas en desempleo.