La posibilidad de que Vladímir Putin decida cortar el grifo del gas ha hecho saltar todas las alarmas de la UE dado que el corazón de Europa depende en gran medida del suministro ruso. No es el caso de España, que tiene diversificado el mercado en distintos países, y solo un 10% depende de Moscú. Por eso el Gobierno ha arremetido con dureza contra la propuesta de la Comisión Europea de obligar a reducir un 15% de la demanda si Putin cumple los malos augurios de cara al próximo invierno.
“España no apoya esta propuesta”, fueron las palabras con las que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejó claro el rechazo de España al plan que la Comisión Europea hizo llegar a los socios sin haberlo negociado previamente: “No permitiremos propuestas que nos hagan sufrir por encima de lo que se exige a otros socios comunitarios”. El Gobierno se enteró de los planes del ejecutivo comunitario a través de la filtración de un borrador en el que no figuraban los porcentajes, pero ya se apuntaba a objetivos de reducción del consumo vinculantes. El propio Pedro Sánchez trasladó su disconformidad a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Para el Ministerio de Transición Ecológica, la propuesta parte de una premisa que no comparten, y es que el Gobierno comunitario ha hecho un cálculo de que se van a necesitar 45 bcm (que es la medida básica para el gas) y ha hecho una división entre los 27 estados miembros que le ha dado el resultado de que será necesario que cada uno rebaje el 15% su demanda de forma obligatoria. Pero el Gobierno argumenta que cada Estado tiene una casuística. En el caso de España, sostienen que no es eficiente actuar sobre la demanda –aunque se está trabajando en un plan de contingencia con el que aspiran a conseguir una cierta limitación que aún no cuantifican– sino que es más favorable actuar sobre la oferta.
Actuar sobre la oferta
¿Qué significa? El Gobierno quiere que los socios europeos tengan en cuenta que España ya está siendo solidaria, ya que el 20% del gas que recibe de manera directa o indirecta va a parar a otros países, especialmente a Francia (aproximadamente un 10% a través del gasoducto) y Portugal. Se trata de una cifra que supera el doble de la media de los últimos cinco años. Y España está dispuesta a poner a disposición del resto de países esa capacidad, que supone 5,6 bcm de los 45 que la UE ha calculado que se necesitarán en los próximos ocho meses.
Esa cifra podría aumentar si se utilizara el Musel de Gijón como plataforma logística con una capacidad de 8 bcm. Los barcos podrían ser redirigidos a los países del norte desde ese puerto. No obstante, aún no está operativo y fuentes del Ministerio de Transición Ecológica calculan que tardará unos cinco o seis meses. Algo similar sucedería con el gasoducto del Midcat, pero el proyecto está pensado para futuros inviernos con la previsión de que la crisis energética no tiene un fin en el horizonte.
Un problema para la industria
Fuentes del departamento de Ribera explican que el consumo de gas en España se destina en un 50% a la industria; en un 25%, al sector energético; y el otro 25%, a pymes y hogares, por lo que el plan de Bruselas tendría que aplicarse a la industria dado que en ningún caso se contempla que afecte a las familias. Así, ven muy poco margen para la reducción y, además, sostienen que sería una desventaja competitiva para la economía española que ha hecho sus deberes en el sector energético, o al menos más que otros países que han mantenido su dependencia exclusivamente del gas ruso porque en otro momento les resultaba beneficioso.
No desvela las cartas de negociación
Lo que no quiere el Gobierno es desvelar las cartas de la negociación que se ha abierto en el seno de la UE. La Comisión Europea ya le hizo un guiño al plantear que los países que no tienen una interconexión o que la tienen limitada con el resto, que es el caso de España con Francia, pudieran reducir el 10% de la demanda en vez del 15%. Pero tampoco le sirve al Gobierno, que evita hablar de hasta dónde está dispuesto a ceder (un 5%, un 2%...) porque está en el 'no' al objetivo vinculante de reducción de la demanda.
Comprensión con Portugal
España y Portugal vuelven a ir, además, de la mano en esta nueva pelea con la UE, como ocurrió en la negociación del mercado energético en la que Pedro Sánchez y António Costa no lograron sus posiciones de máximos, pero sí una excepción ibérica para poner un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad para bajar la factura de la luz. Además de compartir algunos argumentos, como la inversión que ambos países han hecho en las energías renovables, España entiende la especificidad de Portugal dado que no tiene interconexión y está aislado del resto de países. ¿Qué eficiencia hay en que reduzca la demanda si esa reducción no le va a llegar al resto de Europa? ¿Qué ventaja le da al resto de Europa? Se preguntan en el Ministerio de Transición Ecológica, donde insisten en que no se debe dar una respuesta lineal para todos los países.
Minoría de bloqueo
Por eso el Gobierno ha iniciado contactos con el resto de Estados para tratar de sumar adeptos al rechazo al reglamento difundido por la Comisión. Por ahora ven posibilidades con Grecia, Polonia, Hungría o Italia. Desde el departamento de Ribera sostienen que no buscan una minoría de bloqueo sino un consenso para que pueda haber un acuerdo en la reunión de ministros de Energía del próximo martes. Ahora bien, para que la actualización del reglamento salga adelante se necesita mayoría cualificada (el 55% de los Estados miembros, es decir, 15 de los 27 y que representen el 60% de la población) mientras que para bloquearlo se requieren cuatro países que representen al 35% de los ciudadanos europeos.
Si pierde el pulso, acatará
Las conversaciones con los socios han comenzado a distintos niveles (la vicepresidenta, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, los equipos técnicos, la representación consular ante la UE...) y en el Ministerio no ven necesario por ahora que Sánchez descuelgue el teléfono para buscar un frente común con otros jefes de Gobierno. Lo que sí reclaman es que sean los líderes de la UE los que aborden el asunto para darle una orientación política. En todo caso, lo que aseguran en el Ejecutivo es que si pierden el pulso, España acatará la decisión y no se declarará en rebeldía.