Las claves en la negociación de los ERTE: una prórroga más sectorial y cambios en la protección por desempleo

Semana clave en la negociación de la extensión de los ERTE más allá de septiembre. El Gobierno, los sindicatos y las patronales de empresarios se han reunido otra vez este martes para abordar cómo será la nueva prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo causados por la crisis del coronavirus, una negociación que se complica un poco más en cada prórroga. Las tres partes coinciden en que los ERTE deben mantenerse, pero los acentos difieren en el cómo, especialmente en la manera de repartir los recursos públicos para apoyar este mecanismo de 'hibernación' del empleo que se puso en marcha en marzo.

El Ejecutivo y los agentes sociales pretenden cerrar un nuevo acuerdo en este tema a lo largo de la semana. Intentarán no agotar los plazos en esta ocasión y dar así más certidumbre a empresas y trabajadores. Desde el máximo de 3,4 millones de empleados que llegaron a estar acogidos a ERTE, en la actualidad quedan algo más de 700.000, de los que 600.000 está en expedientes por fuerza mayor y unos 130.000, en ERTE por causas objetivas (los llamados ETOP). Este martes por la mañana, las partes ha vuelto a reunirse tras el encuentro de ayer lunes, con la previsión de reuniones diarias para intentar alcanzar un consenso lo antes posible.

A continuación, recogemos algunas de las claves más importantes en la tercera prórroga de los ERTE.

Hasta cuándo

La propuesta inicial del Gobierno a los agentes sociales recoge ampliar los ERTE por otros tres meses, hasta final de año. Sin embargo, ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó que tal vez la fecha no era la “adecuada” y apostó por llevar el horizonte un poco más adelante para que no condicionara la campaña navideña. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó por su parte este lunes que la intención del Ejecutivo es mantener los ERTE mientras sean necesarios, pero que la revisión trimestral permite adaptar la herramienta a las circunstancias de cada momento dada la incertidumbre de esta crisis.

Los agentes sociales, y sobre todo los empresarios, exigen un horizonte amplio de prórroga en los ERTE para dar seguridad a las empresas que atraviesan más dificultades sobre el respaldo que tendrán en los próximos meses y que estas puedan organizarse.

Prestación por desempleo

La protección de los trabajadores afectados por ERTE preocupa especialmente a los sindicatos. Se debaten dos cuestiones. Por un lado, ampliar la prestación de las personas que lleven en ERTE más de seis meses, dado que en la actualidad a partir de los 180 días la cuantía se reduce del 70% de la base reguladora al 50%. El Ministerio de Trabajo se inclina por mantener esa cantidad en el 70%, lo que exceptuaría esa reducción que sí se aplica a las personas en paro.

Por otro lado, Trabajo ha planteado poner fin a partir de octubre al llamado 'contador a cero', por el que los empleados en ERTE han cobrado la prestación de desempleo en este tiempo sin consumir su derecho a cobrar el paro en el futuro, de manera que el Estado repone a estos trabajadores estos meses de cotización. La medida se ha aplicado de manera extraordinaria para los empleados en ERTE, mientras las personas en paro sí han estado consumiendo su derecho a prestación.

ERTE más sectorializados

Este puede que sea el mayor escollo en la negociación y en el que las partes tengan que hilar más fino. El Gobierno insiste en la necesidad de diferenciar o sectorializar el apoyo del Estado a los ERTE por coronavirus pasados los primeros meses de pandemia, de manera que se centren más recursos públicos en los sectores y actividades que se ven limitados directamente por el virus y que seguirán estándolo en los próximos meses. Yolanda Díaz mencionó ayer a modo de ejemplo el turismo, pero también la cultura y el transporte.

Con este enfoque, el Ejecutivo busca mantener a flote las empresas viables pero que no pueden desarrollar su actividad debido directamente a las restricciones por el coronavirus, ya sean limitaciones nacionales o internacionales, mientras que se procedería a retirar o disminuir el respaldo a las compañías que continúan en ERTE porque atraviesan dificultades, pero que ya no están tan directamente conectadas con las restricciones ligadas a la COVID. El Banco de España ha advertido del peligro de apoyar con fondos públicos durante mucho tiempo el empleo en empresas 'zombies', que no van a sobrevivir en el futuro, en lugar de redirigir esos recursos a políticas que reorienten el futuro laboral de los trabajadores.

El Gobierno reitera que no sería un enfoque totalmente sectorial, ya que propone mantener los ERTE por rebrote para todas las actividades, de manera que cualquier empresa que se viera afectada por restricciones por la pandemia tendría derecho a aplicar uno de estos expedientes. Por ejemplo, en un municipio o territorio en el que se retrocediera en las medidas de prevención frente al virus y en una compañía que tuviera que suspender la actividad por contagios.

Los sindicatos y los empresarios se oponen a esta división sectorial de los ERTE, porque temen que se deje fuera a empresas que en apariencia no se ven limitadas por la pandemia, pero que sí lo están de manera indirecta. Los sindicatos lo suelen ilustrar con el ejemplo de un supermercado en una zona turística como Baleares, que se queda sin clientes aunque su actividad no pertenece estrictamente al sector turístico.

La limitación a despedir

La propuesta inicial de Trabajo contempla mantener la prohibición del despido por causas objetivas ligadas a la pandemia hasta final de año, algo a lo que se oponen los empresarios. El Gobierno prohibió los despidos por causas objetivas, aquellos con 20 días de indemnización por año trabajado, motivados por el coronavirus, de manera que no están “justificados” legalmente. De producirse, son considerados despidos improcedentes, lo que aumenta la indemnización que reciben los afectados, o incluso nulos. La justificación de la medida hasta el momento consiste en que el Ejecutivo ha facilitado una alternativa a los despidos, los ERTE, que da flexibilidad a las empresas sin que recurran a la destrucción de empleo.

Exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social

En la reunión de este martes, las partes se emplazaron a presentar propuestas sobre las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores dirigidas a las empresas en ERTE. El ahorro en las cotizaciones sociales se ha reducido desde el inicio de la pandemia, con un sistema diferenciado en la última prórroga de septiembre en función del número de trabajadores de la empresa, así como el tipo de ERTE (fuerza mayor total, parcial, ETOP o rebrote) y si las empresas activaban a los empleados o los mantenían en el ERTE.

Más allá de definir qué porcentaje de las cotizaciones podrán seguir ahorrándose las empresas en ERTE, los sindicatos y las patronales reiteran al ministro José Luis Escrivá que varíe el sistema implementado sobre los trabajadores activados y los que siguen suspendidos. El responsable de la Seguridad Social insiste en que exonerar más las cuatas de los empleados que vuelvan al trabajo incentiva que las empresas 'deshibernen' trabajadores, mientras que los agentes sociales aseguran que las compañías realmente activan trabajadores si hay demanda, no por esta ayuda, y que los recursos deberían redirigirse aen las empresas con más dificultades, que no pueden sacar a sus empleados del ERTE.

Ayuda para los fijos discontinuos

En la prórroga de los ERTE también se debate una prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos, muy numerosos en el sector turístico, que al terminar la temporada de su actividad se queden sin empleo y no tengan el mínimo cotizado para acceder a la prestación por desempleo. Por el momento se plantea que la ayuda se extienda hasta final de año, aunque la fecha no está cerrada, según fuentes del diálogo social.

Los sindicatos también han exigido que se aborde una prestación para los trabajadores temporales sin derecho a prestación por desempleo y que el Gobierno apruebe ya la ayuda para las personas en paro durante estos meses que han agotado su prestación. El Ministerio de Trabajo inició la negociación del subsidio antes del parón de agosto y parecía que se iba a aprobar en breve, pero por el momento la ayuda no sale adelante. Los cálculos del Gobierno apuntaban que unas 550.000 personas desempleadas habían agotado sus prestaciones entre marzo y septiembre.