La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 128,8 millones de euros a siete empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y a la Federación Española de Fabricantes (Fenin) por fijar desde al menos 1996 los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados, informó el organismo.
Por primera vez, la CNMC sanciona a cuatro directivos de empresas (con sanciones que van de los 4.000 a los 15.000 euros) y de la federación empresarial (FENIN) participantes en la conducta. Procter and Gamble, uno de los fabricantes, desveló el cártel a la CNMC mediante el denominado Programa de Clemencia y se le exime del pago de la multa.
El mayor importe de la misma, 68,5 millones de euros, corresponde precisamente a esta empresa, actualmente Procter & Gamble España, que no tendrá que hacerle frente por haber delatado al resto de participantes en junio de 2013.
Se trata de la segunda mayor multa impuesta por el organismo liderado por José María Marín Quemada tras la impuesta en julio de 2015 a un cártel de automoción por 171 millones de euros.
En concreto, la CNMC considera que Arbora & Ausonia, (actualmente Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras, y Algodones del Bages, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.
“El cártel que sanciona la CNMC afecta a la distribución de pañales para incontinencia urinaria grave que financia el Servicio Nacional de Salud a través del canal farmacia. Se dispensan con receta y su pago solo es asumido en parte por el usuario final, dado que el resto se lo reembolsa la Administración”, señala el organismo.
“Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios) desde al menos diciembre de 1996 hasta junio de 2010”, añade.
Competencia subraya que el alcance de la conducta sancionada “es especialmente significativo, ya que la cuota de mercado conjunta de las entidades infractoras en el mercado relevante es del 95%”. La incontinencia urinaria grave es “por su gravedad, frecuencia y repercusión un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad”.