Cobrar por la energía sobrante del autoconsumo: tarea casi imposible un año después del fin del impuesto al sol

Un año después de la derogación del denominado impuesto al sol del PP, y cuando han pasado seis meses desde la aprobación de un Real Decreto para facilitar el despegue del autoconsumo, cobrar por los excedentes derivados de la energía no consumida que generan estas instalaciones es todavía una tarea casi imposible en España.

“Ahora mismo se tienen que dar una serie de carambolas”, resume el empresario del sector de las renovables y experto en energía Jorge Morales de Labra, que alude a “un problema de descoordinación” y a “cuestiones procedimentales de mucho detalle que todavía hay que ajustar” y que conciernen a las comunidades autónomas, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al Ministerio para la Transición Ecológica, a Red Eléctrica y a las distribuidoras de electricidad.

El pasado abril, el Gobierno aprobó el Real Decreto 244/2019, por el que se regularon las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica para propiciar el despegue de esta tecnología. La norma habilitaba la figura del autoconsumo colectivo para fomentarlo en comunidades de propietarios o polígonos industriales, reducía los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; establecía un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida y abría la puerta a permitir compensar excedentes entre vecinos de una misma comunidad.

Sin embargo, varias previsiones normativas que contemplaba el decreto no se han cumplido. La norma establecía que, para hacer efectivo el denominado “mecanismo de compensación simplificada” de los excedentes de energía, “en un plazo no superior a un mes” desde su entrada en vigor, el operador del sistema (Red Eléctrica) debía remitir a la Secretaría de Estado de Energía una propuesta de modificación de los procedimientos de operación del sistema eléctrico. Ese procedimiento está pendiente de publicarse.

Asimismo, antes de tres meses desde la entrada en vigor del decreto, la CNMC debía adaptar los “formatos y protocolos de comunicación entre las empresas distribuidoras, comercializadoras y comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en todo lo concerniente a este real decreto”. El organismo sacó a consulta pública en agosto sendas propuestas de resolución, pero todavía no están en vigor.

También está pendiente la creación de un registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica de ámbito estatal previsto en ese decreto y que, si bien tenía únicamente fines estadísticos (el anterior registro estatal que creó el PP fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2017 porque invadía competencias autonómicas). 

“Si el registro no funciona nadie me paga los excedentes; es necesario para poder liquidar la energía”, dice De Labra, cuya empresa (Próxima Energía) ha logrado esta semana, tras muchas dificultades, emitir las primeras facturas con compensación de excedentes fotovoltaicos para un cliente en la Comunidad de Madrid.

Fuentes del ministerio señalan que se están ultimando las especificaciones técnicas de este registro estatal, para el que es necesario un sistema informático que permita a las comunidades autónomas volcar los datos de sus respectivos registros de instalaciones, ya que la inscripción de las plantas es competencia autonómica. Pero todavía no hay fecha para su puesta en marcha.

“En lo que al Gobierno respecta, dentro de sus competencias, se trabaja por facilitar la implantación del autoconsumo de acuerdo con la nueva normativa”, indican desde Transición Ecológica.

La problemática va más allá de las atribuciones del ministerio y, mientras la CNMC mueve ficha, algunas distribuidoras eléctricas (no todas) están remitiendo voluntariamente los datos para poder liquidar la energía excedentaria y reflejar el correspondiente descuento en la factura. Pero “otras se niegan hasta que esos protocolos no estén en el BOE”, resume un experto del sector.

“La realidad es que la compensación de excedentes no existe; hay comercializadoras que están vendiendo una cosa parecida pero eso es un trampantojo; y están pagando mucho menos de lo que sería el precio de mercado”, dice otro experto, que afirma que “muchas comunidades autónomas están denegando puntos de conexión, aun tratándose de microinstalaciones, y bloqueando la venta de excedentes”.

A escala municipal, añade este experto, “los ayuntamientos van por libre y no lo tienen claro: no hay homogeneización para un trámite que no implica tocar la estructura de los edificios, pero hay ayuntamientos a los que les basta con una declaración responsable y otros que exigen que se haga una obra mayor, y eso va por pleno municipal, cuando es algo parecido a instalar un aparato de aire acondicionado”.

Pablo Corredoira, socio director de la consultora Haz Energía, especializada en el ámbito del sector fotovoltaico y del autoconsumo, cree que “se está haciendo bastante en este área pero todavía hay muchas trabas que hay que superar”. “Las normas van mucho más rápido que la adaptación de los distintos agentes a ellas”. En opinión de este experto, cuya firma ha tramitado unos ocho MW de autoconsumo este año, el decreto de Acceso y Conexión, en fase de borrador desde hace meses, “va a permitir clarificar mucho las cosas” y podría propiciar una simplificación de trámites.

Calibrar el boom

El registro estatal de instalaciones de autoconsumo que Transición Ecológica tiene previsto implantar va a estar destinado al “seguimiento de la actividad de autoconsumo de energía eléctrica, desde el punto de vista económico y su impacto en la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, al igual que su incidencia en el cumplimento de los objetivos de energías renovables y en la operación del sistema”.

Permitirá por tanto calibrar el alcance del boom de estas instalaciones durante 2018, tras años de retraso de España con respecto a otros países con una regulación más proclive como Portugal, Alemania o Reino Unido, por citar los más cercanos.

A día de hoy, no hay datos de cuántos megavatios (MW) de autoconsumo hay instalados en España. La patronal UNEF prevé la instalación de hasta 400 MW este ejercicio, lo que prácticamente duplicaría los 235 que calcula que se instalaron en 2018. Lo que es seguro es que hay ya varios miles de instalaciones en marcha. Una de las empresas más activas, Holaluz (que ha anunciado su salida a Bolsa para finales de noviembre), ha asegurado que cerrará este año con unas 1.900 instalaciones en funcionamiento.