Similitudes y diferencias en los programas económicos de PSOE y Unidas Podemos ante el reto de la coalición

El preacuerdo de Gobierno de coalición firmado por los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente, recoge en un documento unas vagas líneas sobre política económica en las que se difumina la pugna que han mantenido ambas formaciones en asuntos tan sensibles como pensiones, vivienda, impuestos o reforma laboral durante esta última legislatura.

A priori, la ortodoxia económica impuesta por Bruselas y representada por la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tendrá que conjugarse con los planteamientos contra la austeridad y la reforma laboral de la formación de Pablo Iglesias, que ocupara otra vicepresidencia.

Sin embargo, las posibles diferencias no son insalvables. En los programas de PSOE y Unidas Podemos para las elecciones 10N se repiten frases y palabras como “empleo digno y pensiones justas”, “reforma fiscal”, “justicia social”, “lucha contra la precariedad” o “viviendas asequibles”. Pero lo más importante es que los socialistas y los miembros de las confluencias de izquierdas ya fueron capaces de alcanzar un acuerdo presupuestario para 2019 hace poco más de un año, que no llegó a fructificar por la negativa de las fuerzas independentistas a dar su apoyo.

En el documento del preacuerdo se deja claro que el futuro Ejecutivo cumplirá con los objetivos del déficit establecidos por la Unión Europea con el recordatorio de que “el Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y elimine los privilegios fiscales”.

Tras el anuncio del preacuerdo, las principales organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han reiterado en un comunicado la necesidad de “rigor presupuestario y ortodoxia económica” en “un Gobierno estable y moderado” mientras que los sindicatos CCOO y UGT recalcaron que “éste es el Gobierno que necesita España”en busca de “igualdad, cohesión y futuro”.

Ante los posibles nubarrones económicos por la incertidumbre de las tensiones comerciales y un Brexit sin acuerdo más la desaceleración de la economía, el Gobierno en funciones remitió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2020 con un nuevo cuadro macroeconómico en el que rebaja una décima las previsiones de crecimiento del PIB (el 2,1% en 2019 y el 1,8% en 2020), los agentes económicos han reiterado que el futuro Ejecutivo debe afrontar una serie de reformas que sirvan para espolear un entorno económico que se debilita.

Estas son las coincidencias y las diferencias de los programas económicos de PSOE y Unidas Podemos:

Pensiones blindadas

La revalorización de las pensiones según el IPC, una de las mayores reclamaciones de las manifestaciones de jubilados, está presente en los dos programas, con algunas diferencias en la letra pequeña. Unidas Podemos explicita que se garantice “por ley” y apuntan que “buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa”. El PSOE detalla que propondrá ante el Pacto de Toledo este blindaje en la Constitución, hasta que se llegue a un acuerdo, promete la revalorización según los precios. Las dos formaciones apuestan también por incrementar más las pensiones mínimas y las no contributivas.

El PSOE subraya por su parte “la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial” y reducir la brecha de género en las pensiones. Unidas Podemos se distingue en este apartado con políticas como la derogación del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2023 si nada cambia; que se pueda elegir libremente los años de cotización para el cálculo de la pensión entre toda la vida laboral y eliminar las penalizaciones a la jubilación anticipada de los trabajadores con más de 35 años de cotización, entre otras.

Todas estas medidas aumentarían el gasto del sistema de pensiones, que ya cuenta con un importante déficit (unos 16.000 millones de euros). Para aumentar los ingresos, Unidas Podemos sugiere revisar las reducciones y bonificaciones a las empresas que paga la Seguridad Social y eliminar los topes máximos de cotización, que limitan la aportación de los salarios más altos (pero que luego también tienen establecido un tope de pensión), entre otras medidas.

Diferencias significativas en el terreno laboral

En materia laboral, las políticas del Ministerio que más escollos supuso en el anterior intento de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias suman muchas coincidencias, pero también diferencias significativas. El PSOE apuesta por elaborar a largo plazo, con los sindicatos y la patronal, un nuevo Estatuto de los Trabajadores y “de forma inmediata” también dialogar para “derogar, durante el primer año de legislatura, los aspectos más lesivos de la reforma laboral”. No se explicita de qué elementos se trata, aunque en la pasada legislatura la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo acotó a la supremacía del convenio del sector sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos (para que no decaigan cuando no se llega a un acuerdo sobre uno nuevo) y la mayor protección de los trabajadores subcontratados.

Con un programa mucho más detallado en Unidas Podemos, con más medidas concretas, la formación aboga por derogar no solo la reforma laboral de 2012, sino también la de 2010 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de los “elementos lesivos” para el PSOE, los de Iglesias apuestan por derogar las facilidades de despido y el abaratamiento de su coste.

Durante la campaña electoral para estas últimas elecciones, Unidas Podemos ha centrado gran parte de sus ataques contra los socialistas a cuenta de una medida laboral: la mochila austriaca. Aunque no está plasmada en el programa del PSOE para estos comicios, los de Iglesias la han recuperado entre las iniciativas planteadas por la ministra Calviño en la Agenda del Cambio del PSOE ()y que se incluyó en el Plan Nacional de Reformas que envió el Ejecutivo a Bruselas en abril. En estos documentos no está desarollado cómo se podría aplicar, ya que el modelo puede tomar diversas formas. Los socialistas han sostenido hasta el momento que solo se trata de una posibilidad a explorar con los sindicatos y la patronal, pero en Unidas Podemos se oponen frontalmente a la medida, como una forma de cargar el coste del despido al trabajador.

Ambos partidos abogan por combatir la elevada temporalidad –uno de los principales males del mercado laboral español– reforzando el contrato indefinido, pero en el PSOE se quedan básicamente en exponer la idea mientras que Unidas Podemos enumera varias medidas como “dejar un único tipo de contrato temporal”, prohibir los contratos temporales de menos de un mes y que el fraude en el despido de un trabajador temporal sea nulo, con obligación de la empresa de readmitir al empleado, entre otras.

Sobre la subcontratación, más allá de equiparar las condiciones de los empleados subcontratados con los de la plantilla de la empresa, los de Iglesias añaden la prohibición de la subcontratación de “servicios propios de la empresa”. Con esta medida pretenden que no se pueda externalizar labores de limpieza de habitaciones de hotel, una de las principales reclamaciones de las kellys (camareras de piso).

En las políticas de igualdad laboral hay muchas coincidencias, como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y la aprobación de una Ley de igualdad laboral, con algunas diferencias. El programa de Unidas Podemos para el 10N se diferencia además en varias medidas para equiparar los derechos de las empleadas del hogar, como su reconocimiento del derecho a paro.

El PSOE habla prevenir el uso fraudulento de los falsos autónomos, que en Unidas Podemos proponen combatir con la presunción de que existe una relación laboral por cuenta ajena “cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante” y con más y mayores sanciones cuando se detecta este fraude. Respecto a los autónomos, ambos partidos apuestan por la cotización de los trabajadores en función de sus ingresos reales. El PSOE aboga por una mayor protección social del colectivo y Unidas Podemos quiere impulsar medidas como “la prohibición de que las empresas del IBEX 35 y que cotizan en bolsa paguen a autónomas y pymes a más de 30 días”.

En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el objetivo a largo plazo en esta legislatura es el mismo: que alcance el 60% de salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Sin embargo, los de Iglesias plasman un objetivo previo de “llegar inmediatamente a los 1.000 euros”.

Para combatir la pobreza, ambas formaciones plantean propuestas de una renta garantizada destinada a las personas con menos ingresos: el “Ingreso básico garantizado” de Unidas Podemos (mínimo de 600 euros al mes por adulto) y el “ingreso mínimo vital” del PSOE, que no detalla su cuantía.

Sin acuerdo con los límites de precios del alquiler

En materia de vivienda hay diferencias en puntos importantes. Por ejemplo, en su programa el PSOE plantea la cesión de suelo público durante 50 años a empresas o cooperativas para la construcción de viviendas de alquiler asequible. Esta medida, que ya se ha experimentado en el pasado, puede acabar con los pisos en manos privadas, salvo que la protección sea a perpetuidad, como se hace en Baleares y en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau también practica este modelo. Unidas Podemos nada dice de este tipo de planes de colaboración público–privada en su programa electoral, pero sí aboga por la paralización y reversión de la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público.

Por otra parte, los planes para incrementar el parque público son más ambiciosos por parte de los de Pablo Iglesias. En concreto, consideran que se debe incrementar en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social. El PSOE en su programa recalca que quiere impulsar la promoción de vivienda pública y “crear un gran parque de alquiler público de precio asequible”. Afirman que actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas protegidas. Aunque no está especificado en su programa, este objetivo se ha planteado como como objetivo de legislatura, es decir, 5.000 al año.

Otra de las diferencias sigue siendo el límite del crecimiento del precio de los alquileres entre contrato y contrato, uno de los principales puntos de fricción entre las formaciones en su pacto presupuestario de la pasada legislatura. El PSOE en su programa habla del índice estatal para controlar la evolución de los precios del alquiler. Unidas Podemos defiende intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios e implantar un contrato de arrendamiento indefinido, “estableciendo causas claras de rescisión justificada”.

Ambas formaciones consideran que la vuelta al mercado de las viviendas vacías debe formar parte de la solución. El PSOE afirma que pretenden “movilizar las viviendas vacías y a los grandes tenedores” para abaratar el alquiler, sin dar más detalles. Unidas Podemos quiere incrementar el parque público “mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores”.

Reforma fiscal, sí, aunque con peros

Tanto el PSOE como Unidas Podemos reconocen que es necesaria una reforma fiscal y de la financiación autonómica y local. Pero los socialistas son menos específicos en su programa sobre a quién debería afectar y en qué medida.

Así, señalan que la reforma de la fiscalidad “permitirá superar la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental”. Sí especifican que todas estas reformas serán para “alinearnos con las medidas ya adoptadas o en trance de adoptarse en el ámbito de los países de la OCDE; pero no conllevará ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos”. Todo apunta a que se refieren al impuesto sobre servicios digitales, que establece un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos multinacionales tecnológicas; así como al impuesto sobre transacciones financieras, un gravamen del 0,2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. También proponen el tipo mínimo de Sociedades del 15% y del 18% para la banca y las petroleras.

Unidas Podemos coincide en el mínimo de un 15% en Sociedades, pero ampliaría hasta el 20% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo, quieren rebajar el tipo para las pequeñas empresas (aquellas que facturen menos de un millón de euros) del 25% al 23%. Los socialistas abogan por reducir la carga fiscal de las pymes, pero sin tipos impositivos concretos. Unidas Podemos querría además aumentar 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades para recuperar el rescate bancario de 60.000 millones de euros, el llamado “impuesto a la banca” que los socialistas descartaron.

El partido morado también propone establecer un IRPF de 47% para rentas de más de 100.000 euros anuales (ahora llega al 45%) y del 55% para rentas superiores a 300.000 euros anuales. El IRPF no se menciona en el programa socialista. Los de Pablo Iglesias también hablan de un impuesto sobre sucesiones y donaciones más progresivo, con cuotas reducidas para herederos con menor patrimonio preexistente, y su armonización estatal a partir de un mínimo de tributación para evitar la competencia fiscal entre territorios.

Podemos también insiste en “publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores”. A este respecto, el PSOE habla de prohibir estas iniciativas, pero no de publicar los nombres de los que se acogieron a la de Cristóbal Montoro. También prometen reducir a 600.000 euros el importe de deuda para ser incluido en la lista de morosos (ahora es un millón).

Los socialistas advierten de que se requiere un mayor volumen de recursos públicos “que deben proceder, en primer lugar, de la máxima eficacia en el gasto público, de acuerdo con las indicaciones de la AIREF, sin comportar aumento ni del déficit ni de la deuda pública”, como aparece en el escueto preacuerdo firmado este martes.

La patata caliente de Bankia

Uno de los asuntos que más fricciones puede causar en el futuro Gobierno de coalición es el futuro de Bankia, cuya cotización lideró las caídas en el Ibex este martes. Podemos propone “impedir la inminente privatización” de esta entidad y además plantea relevar a su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri: su programa dice que “con carácter inmediato se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país”. La formación de Pablo Iglesias también exige “recuperar los 60.000 millones del rescate bancario” y quiere “prohibir las puertas giratorias”.

Transición ecológica “justa”

En materia de energía, una de las propuestas estrella de Pablo Iglesias es crear una empresa pública “para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz” que asumiría la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen. La posibilidad de recuperar esos aprovechamientos hidroeléctricos no figura en el programa electoral del PSOE, si bien la ministra para la Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, la ha planteado en el pasado.

Uno de los ejes prioritarios del acuerdo anunciado este martes es “la transición ecológica justa”. Los programas de ambas formaciones apuestan decididamente por las renovables. Podemos es más ambicioso. Plantea que supongan el 100% de la producción energética primaria en 2040 y “objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024”, garantizando “que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda”.

“Movilizando un 2,5% del PIB anualmente de capital público y privado, podríamos reducir nuestras emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 90% para 2040, y crearíamos 600.000 empleos netos a lo largo del proceso”, dice el documento de la formación morada, que entre otras propuestas plantea ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables para promover el autoconsumo y “rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz”. Cabe recordar que Podemos plantea crear una “vicepresidencia para la Transición Ecológica” y la creación de un “Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica” como “agente esencial” en la descarbonización de la economía. Y que ambas formaciones están de acuerdo en la prohibición del corte de suministros básicos de agua, luz y gas cuando el impago se deba a pobreza sobrevenida o a personas en situación de vulnerabilidad.

El PSOE propone, “ante la emergencia climática”, “alcanzar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040, y del 100% en el 2050; todo ello con un calendario adecuado de cierre de centrales de carbón y nucleares que promueva una transición justa y sin aumento de los precios de la electricidad”. No hay fechas, pero la referencia clara es el acuerdo que alcanzó Ribera con las eléctricas para un cierre escalonado hasta 2035. La hoja de ruta del PSOE en esta materia pasa por impulsar la aprobación “con carácter inmediato” de la Ley de cambio climático y transición energética, implementar el plan nacional integrado de energía y clima, la estrategia de transición justa y la estrategia de pobreza energética, “teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y político, sin reducir su ambición”. Ambas formaciones plantean el objetivo de que los nuevos vehículos matriculados en 2040 tengan cero emisiones.

Más control sobre el juego

El documento presentado este martes plantea “controlar la extensión de las casas de apuestas”. Ambas formaciones prometer regular la publicidad del sector en una línea “similar” a la del tabaco, pero Podemos va más allá y promete “acabar con esta lacra”. “Nos fijamos el ambicioso objetivo de que el 90% de estos establecimientos hayan cerrado en un periodo de dos años”. Para ello, plantean impedirles abrir antes de las 22.00 horas o limitar su cercanía a los centros escolares, entre otras medidas.

Nueva economía, casi igual para ambos

Los programas de PSOE y Podemos no son muy diferentes en materia de nueva economía y “transformación digital”, donde agrupan todo lo relacionado con investigación y desarrollo y el apoyo a sectores emergentes, como la robótica y la inteligencia artificial. Ambas formaciones se fijan el objetivo del 2% del PIB en inversión pública en I+D+i, cercano a la media europea, que es del 2,07% frente al escaso 1,20% español. Este es “un reto imposible de lograr en la práctica” de aquí a 2020 según la Fundación Cotec. Actualmente, nuestro país invierte cada año en I+D+i menos que Apple. Y eso sumando la inversión pública y la privada.

PSOE y Unidas Podemos proponen la creación de una nueva entidad pública que financie la “transformación digital”. Los socialistas lo harían agrupando los programas ya existentes (los del ICO, CDTI y ENISA) mientras que los de Iglesias montarían un nuevo banco de inversión que partiría de esos tres organismos. Del mismo modo, los dos mencionan la inteligencia artificial en sus programas e inciden en la necesidad de invertir: Podemos con una línea específica de I+D+i y el PSOE con una “estrategia nacional”.

Podemos da un paso más y propone la creación de un centro nacional de robótica, además del impulso del blockchain para reducir comisiones bancarias y de la creación de un ‘sandbox’. EL PSOE no lleva nada similar ni menciona al famoso blockchain en su programa, solo incluye la Estrategia España Nación Emprendedora y la Ley de Startups.

Los dos partidos muestran preocupación por los investigadores, especialmente por los emigrados. El PSOE trabajará “por el desarrollo de una carrera investigadora y académica estable, digna y predecible” (casi los mismos términos que usa Podemos) con la aprobación del Estatuto del Personal Docente Investigador (que también lleva Podemos), con oferta pública de empleo y con políticas (no definidas) de atracción de personal docente. Por su parte, Podemos habla de un “plan de choque” para revertir la expulsión de científicos. Y ambos mencionan la necesidad de cerrar la brecha de género en la ciencia.

Una de las pocas diferencias notables entre partidos está en el acceso a internet. Mientras que Podemos es más ambicioso y habla de “bajar la tarifa de internet y la telefonía a las familias” y “caminar hacia la conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito”, el PSOE se queda en un tímido “bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables”. Podemos se apoyaría en red.es para ejecutar y en un canon a las operadoras para financiar la ampliación de la red y garantizar el 100% de cobertura en el territorio.

Ambos partidos coinciden en la necesidad de digitalizar la Administración: los rojos con la figura del Chief Data Officer y los morados con la Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía. El programa de Podemos es más detallado: incluye la apuesta por la ciencia abierta y accesible y por los videojuegos.

Turismo: casi inexistente

Donde no parece que vayan a tener problemas es en lo relativo al turismo, el segundo sector que más aporta al PIB español, porque apenas proponen medidas. Podemos dice que sería “una irresponsabilidad” fiarlo todo al “monocultivo del turismo y la construcción” y propone medidas para “subirse al carro de la revolución tecnológica y digital”. Nada más allá de eso y de crear un “sello de calidad turística” para establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden el entorno.

El PSOE desarrolla algo más sus medidas y propone una estrategia de turismo sostenible que apoye “iniciativas destinadas a reducir la estacionalidad de la oferta”, incentivos al “comportamiento responsable de las empresas” y promoción del patrimonio histórico y natural.

Información elaborada por Laura Olías, Antonio M. Vélez, Analía Plaza, Marina Estevez y Rodrigo Ponce de León.