El Ayuntamiento de Zaragoza no adjudica grandes contratos públicos a empresas que rebajen las condiciones laborales de sus plantillas. Es una de las medidas que el consistorio ha tomado en los últimos años para incluir criterios éticos y responsables en su contratación y servicios. Su caso no es único. Cada vez más administraciones aprueban medidas para que en sus contratos y suministros rijan la estabilidad laboral o el comercio justo. La reforma laboral, los conflictos con muchas contratas y el nuevo municipalismo han impulsado los criterios de contratación y compra pública responsable.
Leire Álvarez, de la Red de Redes de Economía Alternativa Social y Solidaria (REASS) en Euskadi, explica que el objetivo final es que las empresas que contraten con la Administración tengan unas prácticas más responsables “en muchos sentidos, laboral, ambiental, o de compromiso con el comercio justo”. “Se trata de impulsar otro tipo de políticas públicas a través de la contratación pública”, remata.
Fue en 2012 cuando Zaragoza comenzó a trabajar para establecer criterios de compra pública responsable. “Empezamos con la sensibilización de los trabajadores del ayuntamiento y abrimos un proceso participativo en el que están presentes consumidores, vecinos, técnicos, las secciones sindicales de las grandes contratas...”, explica el coordinador técnico del Observatorio de Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis Bentué.
A partir de ese proceso han elaborado cláusulas para, por ejemplo, garantizar salarios, formación y aplicación de los convenios para los trabajadores de las empresas que se adjudican sus contratos. Las condiciones laborales que se les apliquen tienen que ser las mismas que existían antes de que la empresa presentara la oferta. Tratan de evitar así que las compañías presenten ofertas a la baja que luego trasladan a los sueldos. “Buscamos la redacción y la formulación técnica idónea para introducir estas condiciones en los pliegos de contratación”, dice Bentué. No todos los contratos contienen estas cláusulas, solo aquellos en los que la mano de obra representa el 80% o más del coste importe de adjudicación.
La estrategia del Ayuntamiento de Madrid ha sido diferente: hace unos meses, el consistorio de Manuela Carmena aprobó por decreto cláusulas de igualdad y estabilidad en el empleo en los contratos públicos. El Tribunal de Contratación Pública ha avalado su forma de actuar frente a la Asociación de Compañías de Seguridad Privada, que presentó un recurso contra un contrato público que daba más puntos a las empresas que aplicaban el convenio colectivo estatal, formaban a sus trabajadores o facilitaban la conciliación.
“Tuvimos el apoyo de todos los grupos políticos”, señala la directora de Gabinete de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, Esther López Barceló. El Decreto contempla también una reserva del 0,5% de la contratación de 2016 (que supone en total unos 1.500 millones de euros) para centros especiales de empleo y empresas de inserción social. El porcentaje se irá incrementando año a año. Madrid prepara ahora otro decreto que incluirá cláusulas éticas y de comercio justo en sus contratos de suministro. El Ayuntamiento organizó esta semana unas jornadas sobre compra pública responsable y el catering contratado, para predicar con el ejemplo, servía productos de comercio justo.
“Institucionalizar las políticas”
Leire Álvarez subraya la importancia del consenso político conseguido en Madrid. “Los partidos y las personas que gobiernan pasan, pero estas políticas deben quedarse. Por eso uno de los retos es institucionalizar las políticas de contratación responsable y que haya consenso de pleno es importante porque implica un compromiso”, dice. Álvarez asegura que las reformas laborales y los conflictos abiertos en muchas empresas con adjudicaciones públicas, el nuevo municipalismo y una directiva europea que respalda la inclusión de este tipo de criterios han contribuido a un 'boom' de estas prácticas. “Ahora falta transversalidad y sistematización”.
Estas cláusulas, sin embargo, no evitan los problemas que ya han surgido con contratos adjudicados en el pasado y que en ocasiones han desembocado en huelgas de servicios como el de basuras o limpieza en algunas ciudades. Luis Bentué señala que revocar contratos es especialmente difícil: “En términos jurídicos se tienen que hacer en base a los criterios que establece la Ley de Contratos o bien hay que indemnizar a la empresa”.
“Reserva social”
Avilés, los gobiernos autonómicos de Aragón y Navarra, o la Diputación de Gipuzkoa son otras de las administraciones con programas en marcha. Barcelona tiene un cupo de “reserva social” en sus contratos para empresas de inserción social y centros especiales de empleo. En 2010, por ejemplo, adjudicaron contratos por un valor de casi seis millones y medio a este tipo de organizaciones. La ciudad tiene también en marcha una instrucción para minimizar el impacto ambiental de los acontecimientos que tienen lugar en la ciudad.
Otro caso es el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha incluido criterios de comercio justo, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental en sus contratos de suministro. Por ejemplo, el 100% del café de sus máquinas de bebidas procede del comercio justo. El consistorio alavés ha formado a cerca de 300 técnicos en estas prácticas.