- Un reciente informe del Observatorio Empresarial Europeo “UnFairbnb” denunciaba la “considerable influencia” de los lobbies del sector del alquiler turístico ante la Comisión Europea
Barcelona, Palma, Valencia o Madrid son algunos de los territorios que con mayor intensidad viven (o padecen) el éxito creciente de plataformas de alquiler turístico como AirBnB en España. Dirigidos sus ayuntamientos, o comunidades autónomas en algún caso, por los llamados “gobiernos del cambio” (en los que suele participar Unidos Podemos o sus confluencias), parecen decididos a a regular la proliferación de pisos para viajeros.
Estas viviendas se extraen del mercado regular, con la consiguiente subida de precios en el resto de la oferta para habitantes de las ciudades. Esta semana, Valencia y Madrid han anunciado nuevas medidas. Barcelona, como ha recordado su alcaldesa Ada Colau en una visita al Congreso, también estos días, fue la pionera.
En este contexto, la Comisión Europea considera que España es un país que se caracteriza por un “enfoque restrictivo” del alquiler turístico. A preguntas de eldiario.es, una portavoz de la cartera de Mercado Interior e Industria recalca: “En el sector del alojamiento, algunos estados miembro han adoptado aproximaciones específicas. Las mejores prácticas se pueden encontrar en Londres y Ámsterdam. Otros países o ciudades adoptan un enfoque restrictivo (por ejemplo Berlín, Bélgica, España)”.
El informe del Observatorio Empresarial Europeo “UnFairbnb” ha denunciado recientemente la “considerable influencia” de los lobbies del sector del alquiler turístico ante la Comisión Europea, a la que acusan de plegarse a sus intereses. Al respecto, la plataforma ha respondido que sugerir que disfrutan de atención preferencial “es absurdo”.
La propia ciudad de Bruselas, sede de la Comisión Europea, es una de las denunciadas por el lobby europeo de AirBnB, la Asociación Europea de Casas de Vacaciones (European Holiday Home Association). Junto a Barcelona, Berlín y París, la ciudad belga recibió una queja por sus prácticas regulatorias que aún sigue su curso.
Sobre esta denuncia en concreto, la portavoz comunitaria señala que la evaluación sigue en marcha.. “Estos asuntos son novedosos y complejos y requieren un examen y evaluación cuidadosos, tanto en términos de sus implicaciones legales como políticas. Y, de hecho, hay una serie de casos judiciales relevantes en tramitación, incluida la reciente decisión preliminar del TJUE a raíz de las preguntas formuladas por un tribunal español sobre la definición de servicios UberPOP”. Con este caso se remite a la sentencia que ha dictaminado que Uber POP, el servicio de Uber que facilita el contacto entre particulares, no es una empresa integrada dentro de la sociedad de la información, sino economía colaborativa, y que debe estar regulada como transporte.
Qué son las “mejores prácticas” para la Comisión
Según el ejecutivo comunitario, Londres y Ámsterdam son un ejemplo de buena praxis en su aproximación al alquiler turístico. La capital británica reformó su legislación para permitir que cualquier propiedad residencial pudiera ser alquilada por cortos periodos de tiempo sin necesidad de licencia o cambio de uso, siempre que el total anual no supere las 90 noches. Ámsterdam ha puesto en marcha un esquema similar, pero en la actualidad está estudiando rebajar a 30 días el máximo permitido por vivienda para limitar el número de turistas.
A juicio de la Comisión, no deben de pedirse licencias específicas ni autorizaciones para las estancias cortas en primeras viviendas o en alquileres de habitaciones de la propia. “Algunos estados miembro distinguen entre los requerimientos de acceso al mercado para los proveedores de alquileres por cortas temporadas dependiendo de si son residencias secundarias, si se alquilan enteras o según un máximo de días al año”.
Además, la CE recomienda establecer diferencias fiscales entre proveedores profesionales y anfitriones ocasionales. Señala el ejemplo de Italia, que está desarrollando una legislación específica para tasar con un 10% cualquier ingreso superior a los 10.000 euros anuales generado a través de plataformas.
Otra de las vías que aconsejan explorar es que las propias plataformas de “economía colaborativa” recauden impuestos locales a los usuarios que luego harán llegar al fisco. Así está ocurriendo ya en Francia.
El caso español
Según el investigador de la UNED Javier Gil, no es cierto que se pueda situar a España entre los países con prácticas restrictivas, y compara su caso con el de algunas ciudades al otro lado del Atlántico. “Hay ciudades como San Francisco o Toronto dónde se prohíbe que existan pisos turísticos profesionales que se alquilen los 365 días al año. Eso no pasa en España”.
Recuerda que el Ayuntamiento que hasta el momento se ha mostrado más restrictivo ha sido el de Barcelona, donde hay casi 10.000 pisos funcionando como viviendas para turistas todos los días del año. “Son 10.000 viviendas que deberían estar en el mercado de alquiler residencial y no en el de pisos turísticos, porque no son economía colaborativa”, mantiene. Además, en Barcelona también se permite el alquiler sin licencia de habitaciones en la primera residencia de la persona. “Siendo la ciudad más restrictiva, está claro que la regulación es a su vez muy permisiva, y no tiene nada que ver con San Francisco”.
Remarca que ciudades como Palma, Madrid y Valencia han anunciado que van a restringir la actividad, algo que está sucediendo en todas las ciudades globales, “porque la situación de descontrol que se vive es insostenible. El impacto sobre la ciudad, sobre los precios de los alquileres, sobre la turistización, es demasiado elevado como para que los ayuntamientos permitan todas estas modalidades”.