La Comisión Europea ha solicitado información preliminar a España sobre supuestas ayudas ilegales de Estado concedidas entre 1998 y 2013 a Correos Express Paquetería Urgente, la mayor filial del grupo estatal Correos. Así lo reconoce la empresa pública, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en sus últimas cuentas, depositadas en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
“La Comisión Europea ha requerido al Estado español información preliminar en relación con una denuncia relativa a supuestas ayudas de Estado concedidas a favor de Correos Express Paquetería Urgente, SA, en el periodo comprendido entre 1998 y 2013, pero no se ha abierto hasta la fecha ningún expediente formal contra el Reino de España por ayudas de Estado”, explica el Grupo Correos en sus cuentas, que arrojan unas pérdidas de 34 millones de euros en 2015.
En abril de 2014, El Confidencial informaba de la admisión a trámite de una denuncia anónima contra Correos ante la Comisión Europea que cifraba en 229,2 millones las inyecciones de capital recibidas por Correos Express (entonces Chronoexpress) entre 2003 y 2012. “La voluntad del legislador no es compensar el área no rentable del SPU [Servicio Público Universal], sino garantizar la viabilidad financiera de Correos”, decía el escrito.
Con 1.040 empleados en 2015, Correos Express es una de las tres filiales del grupo (las otras son Nexea y Correos Telecom) y la más importante por número de empleados. La deficitaria filial de paquetería urgente (conocida hasta 2014 como Chronoexpress) redujo el año pasado sus pérdidas un 26%, hasta 1,85 millones, tras facturar 143,2 millones, un 7,5% más, y registrar un Ebitda (beneficio operativo) de 220.000 euros. A finales de 2015, la matriz tuvo que inyectarle fondos para restablecer el equilibrio patrimonial mediante un préstamo participativo de 2 millones de euros, según sus cuentas.
Investigación formal
La “información preliminar” solicitada por la Comisión Europea sobre Correos Express, que fuentes de la empresa pública declinan comentar, se suma a la investigación formal que decidió incoar Bruselas a Correos el pasado 11 de febrero tras la denuncia de las patronales Asempre y UNO.
En este caso, Correos dice que el procedimiento “se encuentra en fase muy preliminar, por lo que resulta difícil estimar el posible riesgo”. No obstante, “en el supuesto de que se concluya que las posibles ayudas percibidas por la Sociedad Dominante resultaran incompatibles con el mercado, la Comisión Europea podía obligar al Reino de España a recuperar de la Sociedad Dominante el importe de las posibles ayudas, cuyo importe entendemos todavía de difícil valoración”, señala Correos en sus cuentas, formuladas el pasado 15 de marzo y aprobadas sin salvedades por su auditor, PwC.
Según informó Expansión el pasado abril, por esta investigación Bruselas podría exigir a Correos la devolución de más de 1.000 millones al Estado: 954 millones recibidos entre 2004 y 2010 en concepto de prestación de la Obligación de Servicio Universal (USO), que garantiza que todo el territorio nacional tiene cobertura; 48 millones por tres ampliaciones de capital concedidas en 2004, 2005 y 2006; y 0,75 millones por exenciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A esas partidas, que suman 1.077 millones y no tienen en cuenta las posibles ayudas ya prescritas (las concedidas hasta 2003), se añadirían la compensaciones por distribución de material electoral de todas las elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas en España desde febrero de 2004, que en el expediente están declaradas confidenciales.