Llegó el día para conocer las conclusiones del comité de expertos de la reforma fiscal. El grupo de catedráticos que recibió el encargo del Gobierno el año pasado ha publicado este jueves su Libro Blanco, en el que plantea decenas de propuestas encaminadas a mejorar los ingresos del Estado y revisar los gastos fiscales como los beneficios, deducciones o bonificaciones. El comité ha concluido, entre las propuestas generales, la necesidad de unificar el IVA, reducir los beneficios que se aplican en el IRPF o buscar un mínimo común en el impuesto de Patrimonio.
En lo que se refiere al IVA, el grupo concluye que España pierde muchos ingresos por los múltiples productos y servicios asociados a los tipos reducidos y superreducidos. Plantea su eliminación, acudiendo a un tipo común, que podría ser más reducido que el general actual. Eso sí, con la necesidad de que se creen compensaciones para las rentas bajas, evitando que este impuesto sea netamente regresivo. El comité entiende que se trata de una medida que precisa de un largo periodo de tiempo para llevarlo adelante, por lo que propone mientras revisar si está justificado cada uno de los tipos reducidos. El presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, reconoce que hoy por hoy esta medida sería “inviable” si no se aplica antes ese sistema de compensaciones.
El otro aspecto se refiere al IRPF. El comité de expertos plantea una revisión de las bonificaciones que existen para este impuesto, con el fin de ampliar las bases imponibles y aumentar la recaudación. Eso sí, propone mantener las reducciones que existen por el uso de la sanidad o la educación privada. Otras cuestiones como la reducción por tributación conjunta o por arrendamientos inmobiliarios se verían revisadas o eliminadas durante las reformas que plantea el comité.
El tercero de los aspectos hace referencia a la tributación por el Impuesto de Patrimonio. El comité defiende que se debe mantener este impuesto, frente a las peticiones de la derecha española en favor de eliminarlo. Si bien, plantea modificaciones para su “modernización”. Así, señala la necesidad de aumentar el mínimo exento hasta un millón de euros para tributar únicamente a los patrimonios más altos. Uno de los principales asuntos que tenía que abordar el comité era el asunto de la armonización. “Hemos tenido que afrontar con cuidado como garantizar un cierto equilibrio del reparto de las competencias y la autonomía. Es un problema de gran envergadura. La deriva a la que hemos asistido ha sido una competencia a la baja. Estamos vaciando de contenido estos tributos”, ha lamentado Ruiz-Huerta. Por ello, proponen la creación de un mínimo común para “evitar su vaciamiento”.
Los expertos asumen como propio el cambio en el discurso a nivel internacional sobre este impuesto y la creciente preocupación por el aumento de las desigualdades. Distintos organismos internacionales han abogado por aumentar este tipo de tributos. Así, se intenta garantizar que no se produzca “una desfiscalización” de este impuesto y del Impuesto sobre Sucesiones. “La defensa de matices del principio de autonomía no puede llevarnos al vaciamiento de los impuestos patrimoniales, y desgraciadamente es hacia donde vamos”, ha añadido el coordinador del estudio.
Otro de los campos fundamentales en los que se centra el comité de expertos es en la fiscalidad medioambiental, una herramienta con una implantación deficiente en España en comparación con otros países europeos. Entre las 118 medidas que se plantean en este apartado por parte del Libro Blanco se plantea una igualación de la fiscalidad de la gasolina y el diésel. El Gobierno ya planteó en los Presupuestos de 2021 esta implantación, pero la negociación con el PNV llevó a su eliminación del texto final. También se plantea un aumento de la fiscalidad sobre las emisiones del transporte. Igualmente, se incluyen rebajas fiscales en el ámbito de los impuestos sobre electricidad.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, los expertos han abogado por no aplicar el tipo mínimo del 15% sobre el beneficio de las empresas, sino sobre la base imponible. Es decir, que no se haga sobre el resultado final de la compañía, sino sobre ese beneficio tras aplicarle distintas reducciones y bonificaciones, lo que reduce en la práctica los ingresos fiscales. Sin embargo, sí plantean que los beneficios fiscales que afectan al impuesto de Sociedades se revisen para reducir aquellos que no están justificados. Además, plantea un mayor control para evitar que haya personas que se sirvan de sociedades para reducir su tributación o sobre la elusión fiscal internacional de las empresas.
Un encargo de casi un año
El pasado 12 de abril de 2021 Hacienda formalizó un encargo a un grupo de 17 expertos en fiscalidad para diseñar el nuevo sistema tributario español. El Ministerio dio un plazo hasta el 28 de febrero para las deliberaciones de este grupo, que han terminado con la elaboración del libro blanco. Se trata de un compromiso que había asumido España con Bruselas para la recepción de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, con el fin de encontrar y solucionar los problemas que lastran al sistema fiscal en España.
Una vez presentado el documento, queda por delante el periplo legislativo. El Gobierno debe asumir qué partes de las conclusiones del comité de expertos asume y emprender los cambios normativos que sean necesarios para aplicarlas. Desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado en repetidas ocasiones que se iba a esperar a conocer estas conclusiones antes de asumir cambios en el sistema fiscal español y que acompasará la toma de decisiones con la situación económica. Un contexto macroeconómico que ha estado afectado hasta ahora por la crisis provocada por el coronavirus, a la que se ha sumado recientemente el fuerte crecimiento de la inflación y a la que se espera que se sumen ahora las consecuencias de la guerra en Ucrania, como advertía el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.
La presión fiscal en España durante el año 2020, último ejercicio con datos comparables para toda Europa, era del 36,8%. Este concepto mide el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB nacional. Aunque durante la pandemia, la caída del PIB y un mantenimiento de los ingresos fiscales provocó el aumento de esta cifra, todavía España se encuentra por debajo de la media comunitaria, que quedó en el 40,2%. España se encuentra sensiblemente por debajo de las otras grandes economías del continente, como Francia, Alemania e Italia.
La reforma fiscal ha sido uno de los caballos de batalla que han enfrentado en las últimas semanas a los dos socios del Gobierno de coalición. Podemos apostó por presentar su propio proyecto de cambios del sistema tributario primero en un acto de partido y posteriormente en el Congreso con una proposición que fue rechazada por el PSOE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a tildar la propuesta de “inoportuno” al no haber esperado al informe de los expertos. Podemos cifró en 30.000 millones el incremento de los ingresos fiscales y proponía cuestiones como la sustitución de Patrimonio por un impuesto a la riqueza, un aumento de presión fiscal sobre grandes compañías o elevar el IRPF para las fortunas altas.