La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aconseja retrasar la reforma de la tarifa regulada de la luz y advierte de que, tal y como se ha propuesto, encarecerá los precios.
Según Competencia, aunque la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica “permite reducir en cierta manera la volatilidad de las facturas del consumidor”, incorpora “una serie de costes que le pueden suponer un incremento del precio frente a la metodología actual”.
La reforma del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) para hacerlo más volátil (actualmente está indexado al precio horario del mercado mayorista) fue una exigencia de Bruselas para aprobar la denominada excepción ibérica, que el Ejecutivo va a pedir extender más allá de mayo. El Gobierno se había comprometido a tener en marcha la nueva factura regulada para enero, aunque de momento se ha retrasado.
El informe del pleno de la CNMC, aprobado el pasado 16 de diciembre, advierte de que “con la metodología propuesta se incrementa el coste del suministro de las comercializadoras de referencia al incorporar un componente de riesgo de volumen” y “se añade un término adicional de apuntamiento de los precios para reforzar la señal de precios de mercado de contado”.
Esto “incrementa en determinados escenarios el coste para el consumidor con respecto a lo que representaría una cesta de productos de mercado de contado y de mercado a plazo”.
La CNMC también aconseja esperar a que deje de estar en vigor la excepción ibérica, en principio, en mayo, para analizar si se implanta este nuevo sistema. “Sería conveniente realizar un análisis de la metodología propuesta del PVPC una vez finalice la aplicación del mecanismo de ajuste” para “valorar la necesidad y proporcionalidad de esta reforma en la metodología del PVPC”.
El organismo cree que la propuesta “suavizará los incrementos de los precios en escenarios de precios al alza y su vez, mitigará las reducciones, en escenarios de descenso de precios”.
“Teniendo en cuenta que actualmente estamos inmersos en un ciclo de precios elevados, la introducción de referencias a plazo en el PVPC mitigará el impacto de la bajada de precios, cuando esta se produzca, frente a la reducción inmediata que reflejaría un precio del PVPC con la metodología actual, en donde el 100% de la señal de precio corresponde al mercado de contado”. Cabe recordar que
Así, “en 2021, ante un escenario de incremento de precios, la nueva metodología habría supuesto un ahorro para los consumidores acogidos al PVPC frente a la metodología actual, mientras que 2022 ante un escenario de reducción de precios, el resultado habría sido un incremento de precio”.
El organismo también subraya que “no se ha producido la revisión de los costes de comercialización para los periodos 2019-2021 y 2022-2024, resultando de aplicación los previstos para 2019, por lo que sería conveniente revisar dichos costes en la determinación del PVPC”.
“Cabría analizar la evolución que han seguido estos costes desde el momento en que fueron fijados, dado que estos podrían haberse visto reducidos, por ejemplo, por la implantación de la digitalización en la actividad de la comercialización”, advierte.
Ventajas del PVPC
La CNMC recuerda que en varios informes ya ha señalado “las ventajas del diseño del PVPC y se advertía de que la reforma del PVPC en el contexto actual de crisis energética, teniendo en cuenta la elevada volatilidad de precios que se había trasladado a tramos más largos de la curva de precios, podría no dar resultados esperados”.
También recalca que en el pasado se ha preguntado “si tenía sentido que el PVPC fuera la referencia de precio más adecuada para los consumidores vulnerables acogidos a bono social”. Así, el organismo señala que “convendría revisar la metodología que se aplica a los consumidores vulnerables y en particular, reflexionar sobre la conveniencia de que el descuento del bono social sea calculado sobre el precio del PVPC”, dado que estos consumidores “pueden responder en menor manera a la señal del precio del mercado”.
Como alternativa, propone las referencias de las subastas de energías renovables. “Supondría una simplificación en el mecanismo de la financiación del bono social cuyo diseño actual hace que recaiga, de forma acumulada, sobre el consumidor de electricidad”.
Respecto a la propuesta de que al PVPC solo puedan acogerse microempresas, la CNMC advierte de que no tiene medios para supervisar que podrán acogerse a ella esas empresas de menor tamaño mediante una declaración responsable. “Dado el elevado número de microempresas, 881.360 según la memoria que acompaña al real decreto, esta labor no podría ser acometida por la CNMC por falta de medios. Además, podrían existir otras opciones digitales más eficientes para realizar esta tarea”.
El Gobierno defendía hace unas semanas que el Gobierno está en una situación “idónea” para abordar esta reforma, pero de momento se ha quedado sin aplicar. Su propuesta pasa por dar más peso a las denominadas señales a plazo: los precios anuales, trimestrales y mensuales, para reducir la volatilidad de esta tarifa.
Así, el Ejecutivo propuso en octubre que el PVPC se fije a partir de enero mediante una cesta de productos en la que el precio diario de la luz en el pool pesará un 45%, y el de los mercados a plazo, el 55%, con una aplicación progresiva hasta 2025. Ese 55% se repartirá entre los futuros anuales (un 54%), los trimestrales (36%) y los mensuales (el 10% restante).
El PVPC es la tarifa regulada a la que pueden acogerse los pequeños consumidores domésticos con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios. Hasta la actual crisis energética, fue siempre más barata que las ofertas del mercado libre.
Como señal de precio al consumidor, el PVPC es imbatible y siempre fue la opción más recomendable, pese a llevar años en retroceso frente a los ofertas del mercado libre. Pero el descontrol que vivió el pool tras la invasión rusa de Ucrania convirtió su diseño en perverso, al estar indexada a la cotización que marca cada hora el mercado mayorista de electricidad.
La reforma del PVPC era una exigencia de Bruselas que las eléctricas llevaban años reclamando. El Gobierno abrió una consulta pública para reformarla hace un año y aparcó la idea ante la falta de consenso. Finalmente se plegó en mayo a cambio del visto bueno de la Comisión Europea a la solución ibérica.
En el decreto del tope al gas, el Ejecutivo se comprometió inicialmente a tener lista su propuesta en octubre. El PP llegó a preguntar por escrito en el Congreso el pasado 5 de octubre “por qué el Gobierno no cumple la ley” y no aplicaba ya esa reforma del PVPC. Ese mismo día, el Ministerio para la Transición Ecológica hizo pública su propuesta.