La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha suspendido el pago a las entidades financieras de los derechos de cobro derivados de la indemnización por la clausura del fallido almacén subterráneo de gas Castor que promovió la constructora ACS frente a las costas de Castellón, según avanza El Mundo.
El pago se ha suspendido tras quedar esa compensación sin cobertura jurídica después de su anulación por parte del Tribunal Constitucional el pasado diciembre. Las entidades afectadas son Santander, Caixabank y Bankia.
En su última liquidación del sector gasista, correspondiente a noviembre y publicada este miércoles, Competencia indica que como consecuencia de la sentencia del Constitucional, “se paralizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro” contenido en el artículo anulado “y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Además, ”se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista“ y abonados a Enagás.
Santander, Caixabank y Bankia adquirieron a Enagás el derecho de cobro de la indemnización de 1.350 millones reconocida por el Gobierno a la infraestructura tras la titulización de esa deuda. Su pago se cargó a los consumidores de gas por un plazo de 30 años a razón de 94 millones de euros anuales que empezaron a abonarse en 2015.
En su sentencia, el Constitucional establecía que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. La sentencia no anulaba la cuantía (ni entraba a valorarla), pero sí anula las consecuencias del procedimiento.
Más de un mes después de dictarse esa sentencia, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparecerá esta tarde en el Congreso para dar explicaciones sobre la solución que piensa articular para abordar el pago de esa indemnización.
La solución podría abordarse regularizándola a través de una Ley o sacándola definitivamente del recibo del gas y cargándola a los Presupuestos Generales del Estado. Ambos escenarios son complejos por la fragmentación del Parlamento y el escaso margen fiscal para cuadrar el déficit.
En los últimos días, Energía ha filtrado su intención de introducir una enmienda en el Senado a la ley de medidas urgentes para paliar la sequía con el objetivo de recortar los ingresos regulados de las empresas gasistas (Gas Natural Fenosa, Enagás, Naturgas, Madrileña Red de Gas y Redexis) que el propio Gobierno calcula en 375 millones de euros anuales a partir de la aprobación y desarrollo de la ley (probablemente ya en 2019). Ese dinero serviría para hacer frente al déficit del sistema gasista que ha propiciado la indemnización al Castor.
La enmienda, que ha propiciado fuertes caídas de las empresas del sector en Bolsa, tiene pocas posibilidades de prosperar por la minoría del PP en el Congreso. El PSOE, por ejemplo, ya ha avanzado que la considera una “chapuza” y reclama una reforma integral del sector. El lunes, Nadal también insinuó un recorte a la actividad de distribución de energía eléctrica.