La región madrileña es la única comunidad autónoma que no ha activado durante 2020 ayudas directas para trabajadores afectados por ERTE o que no las ha planificado para 2021, cuando en febrero se contabilizaron 118.746 empleados de la región bajo los efectos de estos expedientes de regulación. En el resto de España se han habilitado o anunciado complementos económicos para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), adelanto de subvenciones de alquiler, priorización y planes específicos en formación e incluso avales bancarios ante momentos de impago o retrasos en el cobro del subsidio estatal.
Mientras hace unos días el decreto de convocatoria de elecciones madrileñas encendía la alarma sobre la posibilidad de que no se pudieran gestionar o incluso recepcionar las ayudas del Estado para autónomos, pymes y empresas que acaban de ser aprobadas, debido la parálisis en la que ha entrado ya la maquinaria gubernamental hasta los comicios del 4 de mayo, otro tipo de ayuda que no depende de plazos burocráticos sino de voluntad política pasaba desapercibida: todas las comunidades y ciudades autónomas de España han activado desde el comienzo de la pandemia, o aprobado para este año 2021, ayudas directas y específicas para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) a excepción de Madrid, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso y hasta el pasado 10 de marzo, Ignacio Aguado, cuando fue cesado de sus funciones como vicepresidente.
Los empleados bajo ERTE representan a un amplio colectivo que no computa como desempleados, pero que tampoco recibe sus percepciones de manera íntegra, lo que añadido al problema de bloqueos o retrasos en los cobros, se traduce en ingresos mermados sustancialmente que, como llevan ya meses avisando las entidades del tercer sector, ongs y redes vecinales, ya rozan la exclusión social.
Desde la Consejería de Empleo madrileña, explican por qué se ha decidido no activar ayudas para este tipo de trabajadores y apuntan que las actuaciones de regiones como Galicia, Castilla y León, Murcia o Ceuta, todas ellas también con presidencia popular, podrían recibir un toque de atención: “Los complementos a prestaciones como políticas pasivas corresponden al Gobierno de España. Las comunidades solo coordinan políticas activas (incentivos a la contratación, que sí se han lanzado, por valor de 19,4 millones de euros) aunque alguna región como Galicia lo intente. El Estado les puede recriminar”, afirman desde el gobierno de la Puerta del Sol.
Esa argumentación choca con el texto del Real Decreto ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el que se autorizó en marzo del pasado año a las regiones a “ampliar partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción” y también a adoptar “otras medidas que las comunidades autónomas, en colaboración con los servicios sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis”.
Y no se trata solo de Galicia. Son todas las demás regiones, también Ceuta y Melilla. Cada administración a excepción de la madrileña ha articulado en los últimos meses ayudas ya concedidas o aprobadas para este año, la mayoría son directas, también en forma de avales bancarios ante los retrasos en el cobro de la prestación, ayudas para el pago de alquiler o hipotecas, subvenciones para la mejora de sus contratos o incluso prioridad en la asignación de formación o cursos específicos que mejoren las capacidades de empleabilidad de las personas afectadas.
Los gobiernos del PP eligen el pago único
Varias regiones gobernadas por el Partido Popular no han hecho la misma lectura competencial que Madrid y atendiendo al decreto ley estatal, han activado ayudas directas. Galicia, por ejemplo, con un ejecutivo con mayoría absoluta del Partido Popular, activó entre julio y octubre una ayuda de entre 12 y 15 euros por jornada completa efectiva de suspensión o reducción de contratos para personas afectadas por un expediente de regulación, compatibles además con las prestaciones por desempleo, incluso posibles complementos que las empresas acordaran conceder. Traducido al ingreso mensual en las familias: entre 150 y 300 euros en función del horario de la jornada laboral. Para ello se utilizaron seis millones de euros de las arcas regionales, junto con anticipos a 3.400 trabajadores que estaban aún pendientes de que el Estado les ingresara la prestación.
En general, el mecanismo de ayudas directas articulado para trabajadores afectados por ERTE ha consistido en aportar con presupuestos autonómicos la cantidad necesaria para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional vigente (SMI) de 950 euros, una vez revisada la cantidades a percibir por el ERTE, que no deja de ser otra prestación contributiva por desempleo pero que puede no llegar a alcanzar esta cifra, en función de las cotizaciones de cada persona empleada. En el caso de las regiones populares se ha elegido abonar en un solo pago y con carácter retroactivo.
Así lo decidió el gobierno murciano, gestionado por populares y Ciudadanos en coalición hasta el terremoto político de hace dos semanas, que activó un pago único en diciembre de entre 300 y 600 euros para cada trabajador afectado, tras una convocatoria resuelta en tres meses, una suerte de récord burocrático en pandemia. La cantidad total presupuestaria asignada a esta ayuda alcanzó los 2,5 millones de euros y llegó a más de 4.500 personas.
Más del doble fueron las personas asistidas en Castilla y León: 11.997 trabajadores y trabajadoras también recibieron, con el mismo sistema que en Murcia, un pago único medio de 500 euros por beneficiario que hubiera estado bajo ERTE entre marzo y junio. El ejecutivo en coalición también de populares y Ciudadanos destinó a esta ayuda casi seis millones de euros, que prevé ampliar con otros cinco en las próximas semanas mediante una nueva remesa de ayudas similares que ya han sido aprobadas y están dentro del Plan de Choque de la región. Esta nueva subvención se destinará a las personas bajo ERTE de empresas que no superen los 250 trabajadores, cuya base de cotización no supere los 1.600 euros mensuales y que hayan estado en situación de ERTE al menos 45 días dentro del nuevo período subvencionable. Todas ellas, condiciones muy similares al resto de autonomías que han activado este tipo de subsidio extra.
Ceuta, ciudad autónoma gobernada asimismo por el Partido Popular, aprobó y gestionó una ayuda para vecinos que estuvieran afectados por un expediente de regulación entre el 14 de marzo y el 30 de noviembre del pasado año. Se ha podido solicitar con carácter retroactivo hasta mediados del mes de febrero y la cantidad diaria subvencionable es de seis euros, exceptuando los 30 primeros días de ERTE que quedan fuera de cobertura.
El recorrido por las regiones conservadoras termina en Andalucía, donde una fuente oficial del Gobierno desde su sede en el Palacio de San Telmo confirma que el nuevo paquete de ayudas que se aprobará en dos semanas incorporará ayudas específicas para empleados bajo ERTE. “Actualmente está perfilándose con los agentes económicos y sociales, y las detallaremos y anunciaremos próximamente”, confirman.
De esta manera, la comunidad se incorpora al resto de autonomías conservadoras, a excepción de Madrid, que de forma específica asignan presupuesto regional a ayudar a esta tipología de trabajadores que, desde que se activó el mecanismo de los ERTE.
Actuaciones en las CCAA progresistas y nacionalistas
Hasta diez resoluciones (la última conocida en enero) ha lanzado la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del gobierno de Cantabria para conceder un suplemento de 200 euros a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo. La región gobernada por socialistas y el Partido Regionalista Cántabro lanzó una primera convocatoria en los primeros meses de la pandemia que ha ido ampliando al ver que la cantidad asignada era insuficiente.
La Navarra presidida por la socialista María Chivite ofreció una cobertura de los meses de verano para trabajadoras y trabajadores bajo ERTE. El plazo para solicitar esta ayuda finalizó el 20 de noviembre y el tope de renta individual quedó establecido en 20.000 euros, o 40.000 si la persona afectada formaba parte de una unidad familiar. Un poco más al oeste, el gobierno de La Rioja, cogestionado por socialistas y Unidas Podemos (UP), acaba de ampliar a principios de marzo, ante “la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19”, en voz de su Consejería de empleo, el decreto de sus ayudas específicas, extendiendo la cantidad de 100 euros a 150 mensuales y la partida presupuestaria hasta los 1,5 millones de euros. Esa misma cantidad es la que explica la Junta de Extremadura que se asigna en una partida presupuestaria específica que otorga una media de 176 euros por persona bajo un ERTE que cumpla los requisitos al mes y que ya va por la decimotercera remesa o ampliación desde septiembre pasado.
En la Comunitat Valenciana se ha dado un paso más y encabeza el presupuesto derivado a estas ayudas: hasta 47 millones de euros ha aportado el gobierno de socialistas, Compromís y Unides Podem en dos tandas para complementar el subsidio de empleados en ERTE. La primera, en 2020, con una dotación de 30 millones y la más reciente, para los meses de enero y febrero de este 2021, asignando otros 17 millones de euros. Se ha usado una fórmula no vista en ninguna otra región: no hace falta tramitarla, ya que el gobierno autonómico la otorga de oficio. Las cifras oficiales aseguran alcanzar con esta ayuda a 48.000 personas.
Aún no concedidas, pero sí en fase avanzada de su tramitación, que en lenguaje administrativo significa “próximamente”, se encuentran 3,5 millones de euros del presupuesto de Castilla La Mancha que serán empleados, en palabras de la consejería de Economía, Empresas y Empleo manchega remitidas a este diario, “en ayudas directas para las personas trabajadoras que, tras verse afectadas por un ERTE, no recuperen su puesto de trabajo”.
Hace tan solo unos días el pasado 11 de marzo, se anunció en Melilla, gobernada por Ciudadanos en coalición con socialistas y el partido regionalista Coalición por Melilla, la creación del “Cheque Covid-19”, con una partida presupuestaria de tres millones de euros que compensará las pérdidas económicas de los trabajadores bajo ERTE.
En Catalunya, acaba de terminar el plazo para solicitar un pago único de 600 euros para quien llevase tres meses en ERTE a fecha de diciembre de 2020, a razón de 200 por mes. Los cálculos autonómicos alcanzaban los 175.000 personas ayudadas en su formulación inicial, que tras el recálculo al cierre de convocatoria han quedado en 134.000 con un presupuesto que supera los 93 millones de euros. El miércoles pasado, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Chakir el Homrani informó de la ampliación de tramos y ayudas hasta los 900 euros para quien haya estado en ERTE entre ocho y diez meses. También se han habilitado otros 25 millones para formación y reciclaje profesional de personas en expedientes de regulación de empleo.
Euskadi, por su parte, ha realizado dos convocatorias de ayudas económicas directas de complemento de los ingresos por ERTE, de acuerdo a dos plazos e cobertura: de julio a septiembre, con un gasto ya evaluado de dos millones de euros invertidos en 6.000 prestaciones, y una segunda para lo vascos afectados por esta situación entre los meses de octubre y enero, siempre que cobren menos de 20.000 euros al año. Para esta prórroga se han reservado otros doce millones de euros consensuados con la Mesa de Diálogo Social vasca.
Cursos de formación, ayudas para vivienda o avales bancarios
Las regiones con ayudas más modestas, pero, aún así, específicas para trabajadores en ERTE son Asturias, que ha ofrecido avales en seis entidades bancarias de hasta 1.000 euros para personas que por retrasos en el cobro de las prestaciones han tenido dificultades para hacer frente a los gastos cotidianos; subsidios para mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores en expediente de regulación; en las islas Canarias se ofrecen abonos anticipados de las ayudas al alquiler, mientras que en el caso de Aragón e Illes Balears, que para ello ha reservado tres millones de euros, se han priorizado planes de formación, reorientación, recualificación y empleabilidad con recursos específicos para las personas en esta situación laboral.
Mientras tanto, en Madrid, en el último informe de coyuntura económica mensual que publica la región correspondiente a enero, se reconoce el continuo incremento de trabajadoras y trabajadores afectados por ERTE. Ante esta situación, la Comunidad ha decidido derivar sus impulsos económicos de forma indirecta a planes de mantenimiento del empleo y fomento de la contratación en empresas, aunque sin especificar bonificaciones para incorporar o mejorar las condiciones de estos trabajadores. Madrid, por tanto, es la única región española que deja en manos privadas la decisión de mejorar la situación de las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal empleo.