El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha centrado en los últimos años buena parte del debate fiscal en España, especialmente reivindicado por la derecha. Esta misma semana la CEOE pedía rebajas en este tributo, que actualmente está ampliamente bonificado para las herencias entre familiares directos y en muchas comunidades ya prácticamente no se abona en la mayoría de los casos. Los datos de los presupuestos autonómicos para este año muestran el amplio abanico de deducciones y bonificaciones que existen en cada territorio, llevando a que la cuantificación de los beneficios fiscales supere con creces lo que realmente se espera recaudar en este impuesto.
Todos los gobiernos, ya sea autonómicos o estatal, están obligados a publicar en sus leyes de presupuestos anuales una memoria en la que se incluyan los beneficios fiscales. Por ejemplo, a nivel estatal, los Presupuestos Generales de 2022 contemplan 42.000 millones de euros en este concepto. Se entiende como tal al cálculo que se hace por parte de la Administración de lo que prevén dejar de ingresar debido a la aplicación de ciertas políticas fiscales como son las deducciones, reducciones o bonificaciones que existen para los distintos impuestos. Hay quien a este concepto también le llama gasto fiscal.
Los presupuestos del próximo año de las Comunidades Autónomas —salvo Andalucía y Castilla y León, que tienen prorrogados los del año pasado— contemplan en conjunto unos 55.000 millones de euros en beneficios fiscales. Esta cifra es la suma de los beneficios que se aplican tanto conforme a las reglas estatales como autonómicas en los tributos que están cedidos a las comunidades. En torno a una cuarta parte del total corresponde únicamente al Impuesto de Sucesiones. Las 17 comunidades suman por este concepto algo más de 12.000 millones de euros para este impuesto. Es una cifra ampliamente superior a los 3.000 millones que prevén ingresar en conjunto por este concepto. Es decir, por cada euro que prevén ingresar las comunidades por este tributo, se contemplan al menos cuatro euros en bonificaciones y deducciones.
Algo menos de la mitad de los beneficios fiscales de todas las comunidades están presupuestados en la Comunidad de Madrid, una de las que ha plantado una mayor batalla contra este tributo. El gobierno regional tiene planteados en los presupuestos de 2022 unos 5.700 millones de euros en beneficios fiscales, frente a los 526 millones que prevé ingresar. Menos de la décima parte. “Se mantiene la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con una bonificación del 99% entre familiares directos, la bonificación del 15% para las adquisiciones entre hermanos y la bonificación del 10% para adquisiciones entre tíos y sobrinos”, reivindica el Ejecutivo en su informe de presupuestos.
Catalunya es la segunda comunidad con mayores beneficios fiscales presupuestados en Sucesiones (2.400 millones), aunque es la que más prevé ingresar en España por este impuesto, al superar los 780 millones de euros. El Ejecutivo autonómico explica en los presupuestos que el principal beneficio fiscal aplicado son las deducciones por parentesco, seguido de las de participaciones en entidades o las de vivienda habitual. La tercera comunidad por volumen de beneficio fiscal en este impuesto es Andalucía, aunque sus datos hacen referencia a los presupuestos de 2021, ya que el Gobierno autonómico, que encara este año unas previsibles elecciones, tiene prolongadas las cuentas del año pasado. La Comunidad ya aprobó distintas reducciones de este impuesto en años previos que en la práctica liberan a buena parte de los contribuyentes. Sus ingresos esperados son una séptima parte de lo presupuestado como beneficio fiscal. Madrid, Catalunya y Andalucía suman el 80% de los beneficios fiscales contemplados para este ejercicio.
La Comunitat Valenciana tiene presupuestada la cuarta parte de beneficios fiscales que Andalucía. Incluso Castilla y León, otra comunidad donde PP y Ciudadanos han rebajado al mínimo este impuesto, supera a la región levantina. La Comunitat, sin embargo, tiene presupuestados unos ingresos mayores que las otras dos de cara a este curso, estimándolos en 354 millones. Únicamente Baleares, Extremadura y Navarra tienen contemplados ingresos que beneficios fiscales en el impuesto sobre Sucesiones.
El impuesto de Sucesiones es un tributo estatal, pero está cedido a las comunidades. Al igual que el de Patrimonio, entre otros. La ley marca una base, sobre la que las normas estatales aplican una serie de reducciones ya sea por grado de parentesco, edad del heredero o si éste tiene una discapacidad, entre otros conceptos. Hasta ahí, el punto es el mismo para todos los territorios. Sin embargo, los gobiernos autonómicos tienen capacidad de aplicar todas las rebajas y reducciones que consideren necesarias. Es ahí donde se establecen las diferencias que existen entre las distintas comunidades.
Una bandera de la derecha y la CEOE
PP, Ciudadanos y Vox han hecho de este impuesto una batalla fiscal allá donde gobiernan, defendiendo y aprobando su práctica eliminación. Los argumentos utilizados por estos partidos hablan de su “falta de legitimidad” o que “atentan contra los derechos constitucionales”. Con ello, han presentado como grandes anuncios rebajas que, en la práctica, afectan a pocos miles de personas con grandes patrimonios. El PP volvió a plantear su eliminación en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada hace unos meses, dentro de un plan para reducir en 10.000 millones los ingresos públicos.
La CEOE se ha unido esta semana en la presentación de su propuesta de reforma fiscal, que incluye mayoritariamente rebajas de impuestos a rentas altas y empresas. La patronal asegura que “en determinados supuestos resulta incompatible con el principio de no confiscatoriedad”. Defendía este documento que es una “figura impositiva evitada en muchos países”, aunque omitía que la OCDE o el FMI han apostado por esta figura fiscal por su poder “redistributivo”, al constatarse que una buena parte de la riqueza es hereditaria.
La patronal, que acostumbra a defender la unidad de mercado en términos regulatorios, aboga sin embargo en el terreno fiscal de la competencia entre autonomías. Especialmente en el campo de Sucesiones y de Patrimonio. Por ello, defendieron la política de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, frente a la propuesta de otros territorios como la Comunitat Valenciana de tender a la armonización de determinados impuestos para evitar competencia entre regiones.
Otro de los argumentos utilizados por los defensores de la eliminación de Sucesiones es su impacto en la renuncia de herencias. Sin embargo, los expertos y las estadísticas desmienten esta hipótesis. No existe relación entre las comunidades con los impuestos más bonificados y aquellas donde menos se renuncia a las herencias. Además, pese a la carrera a la baja de distintos territorios con el impuesto de Sucesiones, en lugar de bajar no ha dejado de crecer en los últimos años el porcentaje de renuncias frente al total de herencias que se han tramitado.