La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.
La sección cuarta de la sala de lo Penal ha dado por concluida la vista oral contra los antiguos consejeros y directivos de la extinta entidad, inicialmente programada hasta el pasado 9 de diciembre y que ha necesitado de nueve sesiones adicionales en las que no han faltado los enfrentamientos entre las partes.
Unos reproches velados que han continuado durante la jornada de hoy, en la que el abogado del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha mostrado su disconformidad con los cuatro años de cárcel solicitados por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, quien, en su opinión, no ha considerado la situación de su cliente, en prisión desde 2012 por el vaciamiento de Marsans y actualmente en concurso de acreedores personal.
Contra todo pronóstico, tan sólo uno de los usuarios, el exvicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero, ha optado por defenderse en el turno de última palabra habilitado por la sala, ante la que el exministro socialista ha reiterado que nunca obró de mala fe y que usó la tarjeta “con mesura y diligencia”.
Después de 120 horas de interrogatorios y valoraciones, la presidenta del tribunal, la jueza Ángela Murillo, ha dejado visto para sentencia un proceso en el que las partes han llevado la cuenta hasta del último detalle, como ha relatado el propio Zapatero, que ha hablado de los “739 días de pesadilla” vividos desde que recibió su primera citación en fase de instrucción.
Las palabras de la magistrada han dado alas a los acusados, que apenas minutos después ya se encaminaban a sus coches con la intención de dejar atrás un caso que les ha mantenido sentados en el banquillo durante veintiséis sesiones.
Más de cuatro meses en los que han proclamado su inocencia y han buscado desmontar los cargos, señalando a organismos e instituciones como el Banco de España o Hacienda, los cuales conocerían la existencia de dicho sistema según la versión de quienes fueran máximos responsables de la entidad.
Cuatro meses en los que no han faltado las continuas alusiones al origen mismo del sistema a partir del acta del consejo de administración de 1988, en la época de Jaime Terceiro, quien reconoció haber implantado las tarjetas con el fin de “dignificar” la labor de los consejeros aunque siempre vinculadas a gastos de representación.
Y es que la dicotomía entre gastos de representación y libre discrecionalidad ha monopolizado el debate dialéctico del juicio, lo que ha causado alguna que otra incongruencia en las estrategias de defensa entre acusados.
Sin embargo, lejos de haber escrito el punto final, el caso de las “black” está más vivo que nunca; mientras las defensas apuntan a los próximos meses para conocer la sentencia, algunas acusaciones, como la ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) esperan disponer de ella en un par de semanas.
En declaraciones a los medios, el abogado del sindicato, Andrés Herzog, ha dicho confiar en una sentencia condenatoria generalizada y no ha descartado que alguno de los usuarios, que al margen de Blesa y Rato hacen frente a peticiones de entre cuatro años y doce meses de la cárcel, se vea obligado a entrar en prisión.
Cuatro meses, 120 horas y veintiséis sesiones después, el futuro de las “black” continúa en el aire, ya que a falta de conocer la sentencia ambas partes, tanto acusaciones como defensas, disponen aún de un as bajo la manga: el recurso ante el Tribunal Supremo.