La ley del ingreso mínimo vital ha sido aprobada este viernes por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de los partidos del Gobierno, ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís y la abstención de PP, EH Bildu y Vox. La legislación va ahora rumbo al Senado y ha incorporado importantes cambios en su tramitación parlamentaria, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022 y que amplían el acceso a la renta mínima estatal. Entre ellos, se aprueba una ayuda por hijo de entre 50 a 100 euros al mes para familias beneficiarias del IMV, pero también para hogares que tengan hasta tres veces más de renta. Además, se han incluido modificaciones para ampliar el acceso de jóvenes, personas con discapacidad, en paro y aquellas que ven gravemente empeorada su situación de manera repentina.
La ayuda por hijo que ha aprobado el Congreso consiste en una aportación de 100 euros al mes por cada menor en el hogar con una edad inferior a tres años, de 70 euros mensuales para los niños de entre tres y menos de seis años, y de 50 euros en el caso de los mayores de seis años y menores de 18.
Se beneficiarán del complemento por hijo todas las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital, pero también otras en situación de pobreza (no tan severa) que no cumplan con los requisitos para recibir el IMV. La legislación establece que podrán recibir la ayuda por cada menor los hogares con hasta el triple de renta que marca el acceso al ingreso mínimo vital y con un “patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados”
El complemento por hijo para las familias de escasos recursos ya fue anunciado por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como un acuerdo entre los socios de Gobierno. Es una medida muy esperada por las organizaciones que luchan contra la pobreza infantil, ya que España es una anomalía por falta de inversión frente a otros países del entorno europeo. Además, España es el tercer Estado de la UE con más pobreza infantil, que alcanza a uno de cada cuatro menores.
Otro cambio destacado es la mejora de la cuantía del ingreso mínimo vital a los hogares con algún miembro con una gran discapacidad. A la cuantía mensual “se sumará un complemento equivalente a un 22%” si el hogar beneficiario cuenta con “alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%”.
Se facilita el acceso al IMV
La tramitación parlamentaria también ha incorporado modificaciones que facilitan el acceso al ingreso mínimo vital en varias situaciones. Como adelantaron los ministros, las ayudas de dependencia no computarán como ingresos del hogar de cara al acceso al IMV.
Se recoge otro cambio muy demandados desde colectivos sociales sobre el acceso de los jóvenes a la ayuda. Tendrán derecho a la prestación los jóvenes extutelados por la Administración Pública desde los 18 años (ahora limitado a partir de los 23) y para el resto de jóvenes se reduce el período mínimo exigido de independencia del hogar familiar, de tres a dos años.
La legislación también facilita el acceso al IMV teniendo en cuenta la renta del año en curso, en lugar de la del ejercicio anterior como es habitual, para los hogares que ven empeorar súbitamente su economía. La regulación establece que estos solicitantes deben cumplir con los requisitos de acceso del IMV en vigor y, además, que el año anterior a la solicitud el hogar no triplicara los umbrales de renta ni el patrimonio neto límite fijado. Antes, se restringía mucho más el criterio de renta, ya que nos hogares no podían superar “en más del 50%” los límites establecidos.
También se prevé un paso más ágil de protección del IMV desde el desempleo, para aquellas personas que pierdan la protección del paro y se queden en una situación de necesidad, sin derecho a otras ayudas. En estos casos en que agoten los subsidios, las ayudas de desempleo en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, no se tendrán en cuenta en el nivel de renta del hogar de cara al acceso al IMV.
“Estos extremos deberán ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación”, recoge la enmienda que ha salido adelante en la tramitación parlamentaria. Esta comunicación entre el SEPE y la Seguridad Social fue referida por los ministros Escrivá y Belarra como una garantía desde las Administraciones que evite que personas en paro pierdan la protección por desempleo y se queden sin ningún tipo de ingresos. Una situación de vulnerabilidad y pobreza que luego es más difícil revertir.
El último debate en el Congreso
Durante el debate de la norma, que se ha celebrado brevemente este viernes en la Comisión de Trabajo del Congreso, que tiene competencia legislativa plena, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, cuyo grupo ha pactado enmiendas transaccionales con algunos de los socios habituales del Ejecutivo, ha pedido “perdón a las 747.000 personas que solicitaron el IMV y que se les ha rechazado”. Ella ha recordado que “esta ley se aprobó el 20 de mayo de 2020” en forma de real decreto “rápidamente, corriendo, con una gran capacidad de respuesta del Gobierno para atender a las consecuencias de la pandemia”. “Gracias a esa rapidez se ha podido atender a muchas personas que lo estaban pasando muy mal”, ha asegurado, si bien ha enfatizado en la necesidad el texto del Ejecutivo, mostrándose satisfecha con la tramitación parlamentaria.
Desde ERC se han limitado a defender su respaldo a la norma al ver cumplidas sus exigencias pactando enmiendas transaccionales. El portavoz del PNV en la Comisión, Íñigo Barandiarán, ha recordado que la ley “viene a cubrir una faceta de la Constitución que realmente estaba ya cubierta en algunas comunidades autónomas”, y ha insistido en reivindicar la transferencia de la gestión del IMV a Euskadi y Navarra, un aspecto que los nacionalistas vascos han logrado pactar ya con el Gobierno, al menos para el caso vasco. Para Barandiarán, “las atenciones sociales deben poder ser gestionadas por las comunidades” porque permite “encontrar las soluciones más cercanas”.
EH Bildu se ha abstenido porque, tal y com ha dicho su portavoz en la comisión, Iñaki Ruiz de Pinedo, “esta ley de IMV es importante, pero sigue careciendo de temas importantes”. A su juicio, “la cobertura potencial puede ser mayor”, la “edad mínima” para poder acceder a la ayuda “debía estar en 18 años” y no en 20, como recoge el texto. Además, los independentistas consideran que “un año de empadronamiento debería ser suficiente” para poder recibir el IMV.
Vox también se ha abstenido aunque aportando argumentos muy distintos. El diputado Juan José Aizcorbe, ha asegurado que la norma demuestra que “la izquierda prefiere gestionar la pobreza en lugar de generar riqueza” y ha sostenido que el IMV genera “un efecto llamada” para los inmigrantes. El PP, que ha anunciado su abstención, ha considerado que “el Gobierno ha fracasado” en la gestión del IMV “creando un galimatías jurídico” e impidiendo su aplicación, “sin un criterio claro”. “El IMV sigue sin llegar a quien más lo necesita”, ha denunciado la diputada 'popular', que también ha criticado que se haya transferido la gestión de la ayuda a Euskadi. “El Gobierno ejecuta el traspaso de una competencia estatal que puede suponer el inicio de la ruptura del sistema de Seguridad Social”, ha denunciado.
Ciudadanos ha asegurado que el del IMV es un “proyecto de ley esencial para crear músculo social en materia de pobreza severa”, aunque la diputada Sara Giménez ha denunciado que “el decreto se publicó con muchos flecos” que se han subsanado durante la tramitación parlamentaria, como el acceso a la ayuda de “tutelados” y “huérfanos” o cubriendo “la eliminación de la prestación por hijo a cargo”.