El Congreso ha aprobado este jueves —con 178 votos a favor y 171 en contra, de 349 emitidos con la ausencia del diputado José Luis Ábalos— la reforma fiscal del Gobierno tras una negociación agónica, que se ha alargado hasta el último minuto. El paquete de medidas tributarias aprobado incluye definitivamente el impuesto a la banca, y está ligado al compromiso del Ejecutivo con Podemos, ERC, Bildu y BNG para prorrogar también el de las energéticas antes de que acabe el año, cuando caduca el gravamen temporal que se diseñó en 2022.
El Ejecutivo de coalición ha logrado el apoyo de sus socios, que, por momentos, parecía imposible. Con el voto a favor de los grupos parlamentarios de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG, Junts, PNV y Podemos, el Gobierno ha logrado la aprobación de la transposición de la directiva europea que pone un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales en toda la UE y en otros países de la OCDE.
Este mínimo desbloquea el quinto desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación, de 7.200 millones de euros, y aumentará entre 2.500 millones y 7.500 millones los ingresos públicos, según las distintas estimaciones. Este Gobierno “sí negocia, sí tramita, sí legisla leyes”, ha resaltado Alicia Álvarez, diputada del PSOE en el debate en el Pleno del Congreso, quien ha asegurado que “la democracia sigue ganando”. En la misma línea, la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tomado la palabra para insistir en que “los ciudadanos nos lo agradecerán”.
El acuerdo es clave como paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, que obligan a limitar el gasto público y a reducir el déficit. Este pacto para sacar adelante el paquete ha prosperado después de una negociación agónica con Podemos, que se oponía a rechazar cualquier reforma que no incluyera garantías para que se aprobara en paralelo hacer permanente el impuesto a las energéticas que caduca en diciembre y que ha servido para recaudar más de 1.000 millones solo este año.
Podemos ha terminado anunciado su apoyo a la reforma tras arrancar al PSOE el compromiso de redactar una proposición de ley conjunta para mantener este impuesto a través de una comisión negociadora con los socios de la investidura. Y después de que los socialistas le garantizaran que Junts está a favor de crear ese impuesto, aunque admiten que contenga la desgravación para proyectos de descarbonización que los posconvergentes siempre han exigido.
“El planteamiento ‘malmenorista’ es un error: hay que apoyar esta reforma sin impuesto porque es mejor que nada”, había dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desde la tribuna, antes de anunciar el acuerdo. “Ese camino del mal menor nos lleva directas a un gobierno del PP y Vox. Les pido que rectifiquen, si quieren los votos de Podemos tiene que haber impuesto a las energéticas”, ha añadido.
Minutos después, Podemos ha lanzado un comunicado en el que confirmaba el acuerdo. “Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal lo que permitirá que sea justo, más redistributivo y con recursos para el Estado del bienestar, la seguridad de los ciudadanos. Felicitar a todos los grupos por la capacidad de diálogo. Muchas horas de trabajo que tienen su fruto”, ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en los pasillos del Congreso.
El pacto alcanzado no ha puesto en peligro el apoyo de Junts a la reforma de este jueves. Tanto la portavoz, Míriam Nogueras, como el diputado Jordi Crusat desde la tribuna han puesto en valor los acuerdos que firmaron con el Gobierno para sacar adelante el texto. “Habrá paquete fiscal con beneficios de los catalanes y será gracias a Junts. Al final este paquete es el que cuenta”, ha dicho para restar importancia a las negociaciones que se han dado en paralelo a esta reforma. “Este acuerdo reducirá el impuesto de sociedades por un valor de 2.600 millones de euros para las empresas catalanas. Beneficia a más de 250.000 empresas catalanas y facilitará un mayor crecimiento del empleo”, ha dicho, para defender también el impuesto a la banca que negociaron con el Gobierno y que permitirá a Catalunya gestionar su recaudación.
“Las energéticas han ganado 10.000 millones de euros en un ejercicio [en realidad, en solo los primeros nueve meses de 2024]. La banca, 26.000 millones. Era completamente razonable que nuestro punto de partida fuera que pacto fiscal sí, con impuesto a las energéticas y con impuesto a la banca. Cual fue nuestra sorpresa cuando después de haber estado negociando, se nos comunicó que tenía que caer el acuerdo sobre fiscalidad el impuesto a las energéticas porque si no, no tendríamos mayoría suficiente en este Congreso. No podíamos aceptar esta postura. Si querían nuestro apoyo, se tenía que prorrogar este tributo”, ha relatado, por su parte, Pilar Valluguera, diputada de ERC.
“Parece, señores de la derecha, que solo saben gobernar con rodillo. La democracia se ha hecho mayor, y necesitamos llegar a acuerdos, porque este es un país plural y eso se refleja en esta Cámara”, ha dicho después Álvarez (del PSOE), mientras seguía el debate sobre la ley, cuyo contenido ha quedado durante toda esta semana opacado por la disputa por el tributo a las energéticas.
Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, ha destacado que “la directiva europea ha sido una reivindicación histórica de la izquierda. Es un gran paso en la buena dirección. Vamos a conseguir recaudar hasta 7.500 millones más”, gracias a que se va a impedir que las grandes empresas se lleven buena parte de sus beneficios a guaridas fiscales, como ocurre ahora.
“Es tan sencillo como que quien más tiene, más pague”, ha resumido Oskar Matute, sobre el espíritu de la reforma fiscal. “Es tan sencillo como apostar por la progresividad y la justicia fiscal, porque si no, todas esas veces que en esta tribuna alguien se rompe el pecho diciendo que la desigualdad es un enorme problema y que su misión vital como cargo político es acabar con la desigualdad, estará mintiendo”, ha dicho.
De “reforma” a “paquete” fiscal
El proyecto de ley aprobado incluye una subida de dos puntos al tipo de IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros (que implica un incremento de aproximadamente 200 millones de la recaudación del Estado). También, una bajada de impuestos a pymes y micropymes (por 700 millones menos de ingresos). Además, se suman unas modificaciones para “atajar el fraude de los hidrocarburos”. Junto a la resolución de los problemas generados por “la fallida reforma fiscal” de Montoro (el ministro de Hacienda del Ejecutivo de Mariano Rajoy). Un problema que “por sentencias [de los tribunales]” amenazaba con “regalar 5.000 millones de euros este año a las grandes empresas” según viene advirtiendo la vicepresidenta Montero.
Por último, al margen de otras medidas menores, se prórroga dos años más el límite del 50% para compensar bases imponibles negativas de los grupos que componen una multinacional, pudiendo integrar las cantidades no computadas en los diez ejercicios siguientes. Se excluye de la aplicación de esta medida a fundaciones que formen parte de las sociedades fiscales.
El impuesto a la banca
A este “paquete fiscal”, este jueves se han añadido distintas enmiendas con otros cambios en los impuestos y nuevos tributos. Entre ellas, el impuesto a la banca, apoyado, de nuevo, por los grupos en el Congreso de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG, Junts, PNV y Podemos. En 2024, el gravamen temporal a las entidades financieras recaudó cerca de 1.500 millones de euros. Este gravamen se creó por los récords de beneficios del sector, tanto en 2022 como en 2023, gracias a las subidas de los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE).
Este 2024, pese a los recortes del 'precio' oficial del dinero en la eurozona desde mitad de año, los tipos de interés estarán de media en máximos o muy cerca del nivel promedio de 2023, apoyando otro ejercicio extraordinario para los bancos, mientras muchas familias se han visto ahogadas por sus hipotecas a tipo de interés variable.
El nuevo impuesto bancario que “grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España”, según detalla el Ministerio de Hacienda. El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable. La recaudación obtenida se distribuirá a las Comunidades Autónomas. “El objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta”, defienden desde el departamento que lidera la vicepresidenta Montero.
“La reforma fiscal se nos ha quedado en paquete fiscal, pero no tenemos que renunciar a seguir avanzando. Porque nos enfrentamos a retos como el envejecimiento de la población, la lucha contra el cambio climático...”, ha incidido Carlos Martín Urriza. “No renunciamos al impuesto a las energéticas, ni a un nuevo tributo al lujo, a las herencias...”, ha proseguido el portavoz de Sumar. Según ha recordado, “España no es un infierno fiscal. Todo lo contrario, estamos 80.000 millones por debajo de la media europea”.
“Quizá no es el mejor acuerdo, pero es el posible”, ha expresado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV en el Congreso. “Este es el acuerdo que la aritmética parlamentaria nos permite. Esta es una legislatura del mínimo común múltiplo”, ha comentado. Según ha señalado, el PNV había pedido dos condiciones, que “los impuestos aprobados sean concertados”, primero. Es decir, que los recaude y gestione Euskadi, en el caso que le compete a su formación. Y que se ataje el fraude en los hidrocarburos, una enmienda que efectivamente ha sido aprobada este jueves.
Podemos, PP y Vox frustran la subida al diésel
Entre las enmiendas rechazadas, Podemos ha sumado sus votos a los de PP, Vox y UPN para frustrar el intento del PSOE de eliminar, a partir del 1 de abril de 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto al gasolina. Este rechazo se traduce en una pérdida de ingresos públicos de cerca de 1.000 millones.
También se han quedado por el camino un puñado de medidas pactadas entre PSOE y Sumar, como “el fin a los privilegios fiscales de la SOCIMIs”, el tributo a los seguros sanitarios privados o la subida del IVA a los pisos turísticos. Es cierto que la ley aprobada este jueves “insta al Gobierno a impulsar la modificación de la directiva armonizada del IVA para poder gravar el IVA a los arrendamientos de vivienda turística en zonas donde estos alojamientos dificultan el acceso a una vivienda”, según recuerdan desde el Ministerio de Hacienda.