El Congreso da el primer paso para obligar a los bancos a que todos los municipios tengan al menos un cajero

El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para obligar a los bancos a que tengan un cajero automático en todos los municipios de España. La medida, planteada por el Parlament de Catalunya, ha sido tomada en consideración gracias al apoyo de la práctica totalidad de los grupos, incluidos los dos mayoritarios, PP y PSOE. La medida trata de luchar contra la exclusión financiera del medio rural y de las zonas de la España vaciada tras años de cierres de sucursales en miles de municipios.

La proposición de ley nació del Parlament de Catalunya. Se trata de una medida que ya trató de impulsar en 2022 pero que necesita de un cambio de ley del Congreso al depender de una regulación estatal. El texto concluye que “la exclusión financiera de una parte de la ciudadanía, derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables y que debe ser inmediatamente revertida en favor de la igualdad y la justicia social”. Tres diputados del Parlament, de ERC, Junts y comuns, han sido los encargados de presentar el texto en el Congreso.

“Venimos a pedirles que no se queden con los brazos cruzados”, ha asegurado Jordi Orobitg, diputado en el Parlament de ERC. “Necesitamos una solución estructural, especialmente cuando el sector no deja de presentar beneficios récord tras récord”, ha añadido en referencia al reciente dato de las ganancias históricas de 26.000 millones anunciadas por las cinco grandes entidades.

La medida ha sido abordada por el Congreso con un amplio consenso que va a permitir que siga adelante su tramitación. Los distintos grupos que conforman la mayoría sobre la que se sustenta el actual Gobierno, BNG, Junts, ERC, EH Bildu, PNV o Sumar, han mostrado su posición favorable a su tramitación. “Apoyamos la iniciativa porque pese a las medidas que se hayan podido tomar en los últimos años, el problema sigue sin resolverse”, ha enunciado Oskar Matute, diputado de EH Bildu. “Ahora les toca poner de su parte a los bancos a los que rescatamos”, ha apuntado Félix Alonso, diputado de IU en Sumar.

Una vez que la medida traída por el Parlament de Catalunya ha tenido el aval del pleno del Congreso, arranca su tramitación en la comisión de Economía de la cámara. Durante la misma llegará el turno de las enmiendas que se aplicarán y que, en virtud de lo expresado por los distintos grupos, podrían modificar sustancialmente la propuesta.

Así lo ha expuesto el PSOE. El grupo socialista, que representa a la mayoría del Gobierno, ha expuesto que ya se han realizado distintos avances gracias a los códigos que se han firmado con el sector durante los últimos años y que parte de las medidas de esta proposición de ley han quedado “superadas”, como ha expuesto su diputada Alicia Álvarez. “Apoyamos la toma en consideración pero vamos a seguir trabajando”, ha expresado. “Las medidas que ya se han aplicado, funcionan”, ha enfatizado.

Un cajero en cada municipio o barrio

Entre otras cuestiones, el Parlament propone en esta ley que todos los municipios que no tienen servicios financieros tenga, al menos, un cajero automático en el que se puedan realizar las operaciones básicas bancarias. Es decir, en el que se pueda ingresar y retirar efectivo, consultar el estado de las cuentas y realizar transferencias. Además, también incluye en el ámbito de actuación a poblaciones inferiores al municipio, como son los barrios, con 5.000 habitantes y que no tengan servicios financieros.

Con este panorama, la ley tiene por finalidad garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos mediante un servicio de cajero automático de proximidad, independientemente del municipio de residencia. Los municipios y barrios que se encuentren en riesgo de exclusión financiera, reza la iniciativa, deberán disponer “como mínimo” de un cajero automático en el término municipal. En los entes de ámbito territorial inferior al municipio, el derecho de acceso se garantiza mediante el cajero automático del municipio al que pertenecen.

La redacción de la ley que se ha tomado hoy en consideración incluye un proceso para financiar la instalación de estos dispositivos. Esta medida se financiará mediante un fondo al que tendrán que aportar las entidades financieras. El primer año, para su instalación, y a partir del segundo para realizar las labores de mantenimiento y reparaciones.

El Banco de España tendrá tres meses desde su aprobación para elaborar un listado de municipios con una situación de exclusión financiera. Sobre ese listado se trabajará posteriormente para concluir las poblaciones que deberán tener un cajero automático. Primero se abrirá un proceso para propuestas voluntarias de entidades financieras para dotar a estos municipios de cajero y, posteriormente, pasará a ser decisiones obligatorias.

La medida, por tanto, viene de lejos. El Parlament lo aprobó con una amplia mayoría, incluyendo los votos del PSC y PP. El tema llegó al Senado en la pasada legislatura, quien aprobó y dio paso al Congreso para el debate de sus enmiendas. En este trámite encalló la propuesta y no terminó finalmente de aprobarse.