El Congreso envía al Senado la reforma para despenalizar los piquetes informativos en las huelgas

Seis años y centenares de encausados después, el Congreso ha enviado este jueves al Senado la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. A favor se han contabilizado 189 votos, 151 en contra y ocho abstenciones. Las Cortes dan así un nuevo paso en el lento camino para despenalizar los piquetes informativos en las huelgas, cuyo redactado actual fue introducido en 2015 por el PP a pocos meses de las elecciones generales en las que perdió la mayoría absoluta. Ahora será la Cámara Alta la que debatirá y votará la contrarreforma y, si no hay cambios, quedará definitivamente aprobada. Si los senadores aprueban enmiendas, el Congreso deberá volver a pronunciarse sobre ellas.

La derogación del punto que penaliza los piquetes ha sido una reclamación constante de los sindicatos de clase desde su aprobación. Y una promesa de los partidos del bloque progresista ya desde las elecciones de diciembre de ese año. La primera vez que llegó una proposición de ley para derogarlo fue al comienzo de 2016 por parte de Podemos. El bloqueo político en el Congreso (con hasta 53 ampliaciones del plazo de enmiendas), las convocatorias electorales de 2019 y la pandemia han pospuesto una reforma que emboca ahora sus últimos trámites.

Le reforma que se ha votado este jueves en el Congreso fue planteada por el PSOE en septiembre de 2020 y ha sido aprobada en el Congreso por la mayoría de la investidura. Este jueves se han debatido las enmiendas que los diferentes grupos han decidido mantener, pese a que ya fueron rechazadas en la Comisión de Justicia durante el llamado trámite de ponencia.

Los grupos que han mantenido las enmiendas las han defendido sobre la tribuna. Mikel Legarda (PNV) ha planteado la necesidad de mantener el tipo penal porque se puede “producir un efecto bumerán” al aplicar el tipo genérico del delito de coacciones“, que podría suponer, según ha dicho, ”una penalidad agravada de hasta 4,5 años“. ”No consideramos llana y adecuada la simple derogación“, ha dicho el representante del PNV, que ha abogado por mantener el tipo recogido en el 315.3 con un tope de dos años de prisión.

El tono ha subido con las defensas de las enmiendas de VOX, PP y Ciudadanos. Los tres partidos han rechazado frontalmente la derogación y han acusado a los partidos que la apoyan de fomentar la violencia.

El representante de la extrema derecha, Juan José Aizcorbe, ha señalado que “España necesita trabajo, ley y orden” y que el PSOE “pretende armar de insolencias el desorden”. En su opinión, la derogación tendrá “consecuencias indeseables sesgando la libertad de los trabajadores”. “Los liberados coaccionan. No se puede tolerar”, ha sostenido, para hablar de “rancio matonismo sindical propio de los sindicatos de clase ebrios de luchas fratricidas”. Y ha zanjado: “En no mucho tiempo Vox gobernará. Derogaremos todo cuanto violente la voluntad de los trabajadores españoles y la paz social. España necesita trabajo, ley y orden”.

El PP, que defendía la actual redacción del 315.3, ha reclamado “impedir la derogación” para “evitar trato de favor a los encausados por este delito”. El diputado Jaime de Olano ha dicho defender el derecho de huelga. “Por eso estamos a favor del 315.3 para proteger a los trabajadores en las dos esferas”, el derecho a la huelga y el derecho al trabajo y para que estos no sean “coaccionados por una turba de violentos”. De Olano ha comparado a los piquetes españoles “con los montoneros argentinos”.

En cuanto a Ciudadanos, su hoy portavoz, Pablo Cambronero, ha dicho que este debate “no es urgente ni necesario”. “¿De verdad estamos hablando de huelgas?”, se ha preguntado. “No van a quedar trabajadores. Deberíamos hablar de generar empleo”, ha dicho, para criticar a CCOO y UGT: “Esta iniciativa nace de los sindicatos más representativos, que sabemos de qué pie cojean. Mientras piden suspender la prohibición del 8M, a nosotros nos interesan la salud y el trabajo”.

En defensa de la derogación han salido los partidos del Gobierno de coalición, así como la mayoría de sus aliados parlamentarios habituales. Oskar Matute (EH Bildu) ha lamentado el “último intento desesperado de las patronales a través de sus terminales políticas para mantener elementos coactivos en el legítimo libre ejercicio del derecho a huelga”. “Nadie hace huelga por capricho”, ha defendido el diputado vasco, sino “por necesidad, para autodefenderse de una decisión violenta, que es desposeer de un puesto de trabajo”, ha explicado. Matute ha arremetido contra el PNV por su enmienda para mantener, aunque rebajado, el 315.3: “Lo que no dicen es que no hablan solo de actitudes coactivas, sino que introducen que se penalicen actitudes que 'condujeren a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Algo que, ha dicho, colisiona con el Estatuto de los Trabajadores. “Constata lo que temíamos”, ha dicho Matute: “Se llevan mejor con el PP porque el PNV se ha derechizado”.

Desde ERC, Jordi Salvador ha criticado la lentitud para llevar a cabo esta reforma y otras de las promesas del acuerdo de coalición. Salvador ha lanzado una explícita advertencia, que sigue la que ya hizo el portavoz republicano, Gabriel Rufián, el miércoles: “Si no cumplen sus programas y acaban con la ley mordaza y las reformas laborales, del ERTE al ERE va a haber un paso. El tiempo se está acabando y nuestra paciencia también”. Salvador ha reclamado que el Gobierno “vuelva al terreno de la política” y ha pedido una “ley de la amnistía” para Catalunya: “Tomen nota, tomen nota, tomen nota. Salgan de la caverna”. Y ha concluido: “El [rechazo al] tercer grado fue un golpe. No nos vamos a arrepentir de lo que somos. Les damos la mano y ustedes la rechazan. No habrá justicia, y sin justicia no habrá paz social. Y sin paz social, lo tornarem a hacer”.

Aína Díaz (Unidas Podemos) ha señalado que el 315.3 “es un artículo injusto que dificulta el ejercicio de una derecho fundamental y criminaliza a quienes garantizan su ejercicio”. La diputada catalana, que proviene precisamente del sindicalismo, ha asegurado que es una “ley antihuelga” y que “es injustificable que centenares de personas hayan pasado por un tortuoso proceso penal por el ejercicio de un derecho”. “Les debemos una disculpa”, ha concluido, para señalar que “el piquete más efectivo y violento es el de la patronal, que vulnera derechos fundamentales con total impunidad. Por eso no hay empresarios juzgados por el 315.3, solo sindicalistas sin antecedentes penales”.

El debate lo ha cerrado la diputada socialista Sandra Fernández, quien ha calificado la derogación de “deuda pendiente con el sindicalismo”. “Pese a que la mayoría progresista ya ha mostrado su apoyo, las derechas se han alineado para disentir. Las enmiendas pretenden condicionar y reducir el derecho fundamental a huelga. No tienen preocupación por garantizar derecho al trabajo”, ha dicho. Fernández ha pedido a esas derechas que “no denigren al sindicalismo” y “tengan más respeto” cuando hablen de derecho del trabajo: “Es sangrante. Su salida de la crisis fue abaratar despidos, reducir salarios y garantizar el capital de los empresarios frente a los derechos de los trabajadores. Toda una generación fue abocada a la temporalidad. Cortaron los cables del ascensor social”.