El pleno del Congreso de los Diputados ha acordado este jueves, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos, obligar a Aena a bajar los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes en los aeropuertos, lo que supondrá una merma en los ingresos del gestor aeroportuario de entre 1.200 y 2.000 millones de euros en cinco años.
A falta de la votación de la iniciativa, que fijará la posición de los diputados de todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, el PSOE se ha quedado sin suficientes apoyos para evitar la aprobación de una enmienda introducida en el Senado por Coalición Canaria para exigir la rebaja de alquileres por parte de Aena.
Durante el debate parlamentario todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de esta iniciativa, salvo Podemos, que se ha abstenido, al tiempo que el PSOE no se ha pronunciado sobre su voto, pero ha defendido que imponer una rebaja de alquileres desde el Parlamento generará inseguridad jurídica.
Así, el PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Nueva Canarias han avanzado su respaldo a esta rebaja, mientras que Unidas Podemos ha avanzado su abstención. El PSOE, que rechazó en el Senado la enmienda, ha criticado la medida, pero se ha limitado a decir que no la apoyará.
La enmienda fue incluida dentro del proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).
A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedará reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.
Durante el debate parlamentario, la diputada 'popular' ha defendido la modificación de los contratos para ajustarlos al tráfico pues, ha dicho, “es algo justo, razonable, equilibrado, legal, y ajustado al interés general”. Algo cuestionado por Manuel Arribas, del PSOE, que ve la modificación contraria a la legislación vigente y anticipa inseguridad jurídica.
“La situación de Aena no se puede entender”, ha abundado Ferrán Bel (PDeCAT), mientras que Ignacio López-Bas, de Cs, ha señalado que Adif sí ha adoptado medidas similares a la enmienda en cuestión. “Aena no debiera haber desoído olímpicamente la voz de la soberanía popular”, ha aseverado Joan Capdevila (ERC), recordando que, por unanimidad, ya se pidieron “acuerdos razonables”. También ha criticado el “sentimiento de superioridad” del operador aeroportuario Pedro Quevedo (NC).
“Esto no debería haber llegado aquí”, ha corroborado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, que cree que “el Estado debería tener una actitud ejemplar” a la hora de modificar los contratos ante esta situación sobrevenida y que, con la enmienda, “se lanza un poderoso mensaje”: “Tiene usted que negociar, señor Lucena”, en referencia al presidente de Aena, cuyo mayor accionista es el Estado.
El PNV, que se resistió a apoyar la enmienda en el Senado, ha apostado por avalarla en el Congreso por una cuestión “de equidad”, ha defendido Iñigo Barandiaran, recordando que las Administraciones han exigido al sector privado adaptar los contratos de alquiler a los comercios
El pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unanimidad en su Comisión de Hacienda una iniciativa no legislativa, a propuesta de ERC, para exigir “acuerdos equilibrados” con los negocios ubicados en los aeropuertos. A esa iniciativa alude CC en su enmienda, criticando en su justificación que “este mandato unánime del Congreso no sólo ha sido desatendido por Aena, sino que en muy buena medida el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas”, y denunciando que Aena exige el pago íntegro de la RMAG y fuerza la apertura total de locales “con la amenaza de la imposición de graves penalidades en caso contrario y la resolución de los contratos”.
Aena ha asegurado que la aprobación de la enmienda supondría “una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa”, porque “priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado”, el operador nacional, “que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español”.