655 euros al mes: es la cuantía mensual en catorce pagas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España. Su evolución, si sube y cuánto o si se congela, es potestad del Gobierno, que, eso sí, debe consultar con sindicatos y patronal. Sin embargo, eso puede cambiar: este martes el Congreso aprobó una proposición de ley de Unidos Podemos para elevar el SMI a 950 euros mensuales a final de la legislatura y para blindar por ley subidas que aseguren su poder adquisitivo.
La subida del salario mínimo sería paulatina a lo largo de la legislatura. Así, el 1 de enero de 2018 debería ser de 800 euros mensuales en 14 pagas o, lo que es lo mismo, 11.200 euros anuales. En 2020, el SMI deberá alcanzar ya los 950 euros al mes en 14 pagas, que equivalen a un salario anual de 13.300 euros. Estas cifras son siempre para jornadas completas de ocho horas.
“Esta cuantía del salario mínimo interprofesional podrá incrementarse en años sucesivos, pero en ningún caso podrá disminuir”, dice el texto aprobado. La propuesta va más allá e incluye blindar por ley las subidas del SMI: cada año se revalorizará su cuantía conforme al IPC previsto. Si a final de año la inflación real fuera mayor a esa cifra, el salario volvería a crecer en ese porcentaje.
La subida supondría cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea, que indica que, para asegurar un nivel de vida decente, el salario mínimo debe estar por encima del 60% de la remuneración media neta. Implicaría también acercar algo más a España a otros países desarrollados. En Francia, por ejemplo, el salario mínimo ronda los 1.400 euros, una cifra similar a la de Alemania, Irlanda o Reino Unido.
La diputada encargada de defender la proposición de ley, Aina Vidal, asegura que se trata de “modernizar de forma inmediata pero realista” el SMI y también de garantizar “que no pueda volver a caer”. En la última legislatura, el Gobierno de Rajoy congeló su cuantía en 2011 y 2013. “Creemos que servirá, además, para presionar los salarios al alza y como motor de la negociación colectiva. Es un instrumento para luchar contra la pobreza”, dice la diputada de Podemos.
Una mayoría simple del pleno del Congreso apoyó la proposición de Podemos. El Partido Popular votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. Dentro de los apoyos hay, no obstante, matices. Como el mostrado por algunos grupos nacionalistas, que plantean la posibilidad de que no exista un único salario mínimo, sino que éste se pueda adaptar, siempre al alza, a los territorios en función del coste de la vida.
Diferencias y coincidencias se debatirán ahora en la Comisión de Empleo, donde los grupos harán sus enmiendas. De ahí, el texto volverá a pasar por el pleno, que lo enviará al Senado. La última palabra la tendrá el Congreso. En todo caso, será un trámite largo. Vidal admite que es muy posible que el texto sufra modificaciones, pero es optimista: “No todos comparten las cifras exactas o algunos puntos de las disposiciones adicionales. Pero sí están de acuerdo en que hay que hablar de esto y negociarlo”.
La proposición de ley está en línea con las reivindicaciones de los sindicatos. Desde CCOO, celebran su aprobación y ven imprescindible que salga adelante como forma de impulsar salarios y luchar contra la desigualdad. “El SMI es un instrumento muy importante contra la pobreza. El PP debería escuchar: el diálogo del que hablan se tienen que materializar en acuerdos concretos y este, junto a la renta mínima de inserción, es uno de los más urgentes”, asegura su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz. Comisiones reivindicaba empezar la legislatura con un SMI de 800 euros y acabarla cumpliendo con la Carta Social Europea.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó este miércoles que los salarios tienen que crecer y que hay que recuperar “la distribución de la riqueza”. Álvarez recuerda que unos 5,5 millones de trabajadores cobran en España el salario mínimo o menos (su parte proporcional en función de las horas que trabajen). “Con estos salarios ni se pueden mantener los servicios de salud, de educación ni la Seguridad Social”.
Una subida mayor que entre 2004 y 2008
La subida propuesta es mayor que la que se produjo entre 2004 y 2008, la legislatura reciente en la que más creció el SMI. Entonces, pasó de 491 euros en 14 pagas a 600 euros. De salir adelante el texto aprobado, en esta legislatura el salario mínimo subiría en 225 euros.
Uno de los argumentos en contra es que la subida planteada implicaría un aumento del gasto público. Expertos recuerdan, sin embargo, que el salario mínimo nada tiene que ver con el gasto público, pues es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que también fija el Gobierno, el que sirve para calcular subsidios, ayudas, becas o subvenciones.
En cuanto a la polémica de si un salario mínimo elevado desincentiva la contratación y aumenta el paro, la evidencia científica apunta en el sentido opuesto. Así lo indicaron 600 economistas, entre ellos 7 premios Nobel, que escribieron una carta al presidente de EEUU, Barack Obama, para pedir la subida del salario mínimo federal. Los economistas defendían su subida como un impulso clave en términos de gasto y condiciones de vida de las familias. No hay, en cualquier caso, literatura económica concluyente sobre los efectos perniciosos de la subida del salario mínimo a largo plazo en el mercado laboral.
El aumento del SMI podría servir, de hecho, para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, de los que tanto se habla estos días. Salarios más robustos implicarían mayores cotizaciones y, por tanto, más entradas para las cuentas de la Seguridad Social.