La consejera andaluza María Jesús Montero será ministra de Hacienda tras años de enfrentamientos con Montoro
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, será la nueva ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, ha confirmado eldiario.es. Entre sus atribuciones tendrá la tarea de negociar los presupuestos generales del estado de 2019, cuyo techo de gasto deberá ser aprobado en el próximo mes, según el calendario europeo.
Montero tiene 52 años, dos hijas y es médica de profesión. Militó en su juventud en el Partido Comunista y entró como independiente en el Gobierno andaluz en 2002. Es, con mucho, la persona más experimentada y veterana del Ejecutivo, 16 años en el Consejo de Gobierno: fue consejera de Salud y de Bienestar Social en el gabinete de Manuel Chaves, cambió a la cartera de Hacienda y Administración Pública de la mano del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y mantuvo el cargo bajo el mandato de Díaz.
En los últimos años ha cumplido con la ley de Estabilidad Presupuestaria en Andalucía (objetivo de déficit, regla de gasto y deuda). Es la responsable directa de haber negociado y sacado adelante los últimos tres presupuestos autonómicos con Ciudadanos, el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz en esta legislatura, y también es la responsable de haber negociado las cuentas con IU, socio del PSOE en el mandato anterior, presumiendo siempre de haber intentado hacer presupuestos “de izquierdas”.
Desde que accedió a su cargo, Montero ha protagonizado varias disputas con el ministro de Hacienda saliente, el también andaluz Cristóbal Montoro.
Por ejemplo, en diciembre del año pasado Andalucía, junto a otras nueve comunidades autónomas, recibió una carta de Hacienda reclamándoles ajustes adicionales. “La Junta de Andalucía cumple de sobra la regla de gasto”, aseveró entonces la consejera. Se preguntó “de dónde saca el ministro que esta comunidad autónoma ha tenido un aumento del gasto del 2,8%, frente al 2,1% establecido como límite”.
La socialista afirmó que “no es baladí que haya llegado después de que se se hizo al Ayuntamiento de Madrid” y que acabó con la intervención de su hacienda. Por ello, la consejera criticó “la falta de transparencia sobre cómo computa la previsión de la cifra de la regla de gasto”, dado que no se le ha trasladado “ninguna metodología” para saber de dónde sale que Andalucía se ha situado en ese 2,8%.
Negociación presupuestaria en ciernes
El compromiso del nuevo presidente, Pedro Sánchez, ha sido mantener los presupuestos negociados por el PP con PNV y Ciudadanos. Fue una de las garantías que le reclamaron los nacionalistas vascos, aunque ahora está en cuestión debido a la posibilidad de que los populares enmienden sus propias cuentas en el Senado.
En todo caso, con los retrasos acumulados prácticamente se va a solapar la aprobación del presupuesto del 18 con el inicio del de 2019. Según el calendario impuesto por Bruselas, antes del 30 de junio el nuevo Gobierno deberá aprobar el techo de gasto para las cuentas del año que viene. Este techo será el que determine el carácter expansivo o restrictivo de los nuevos presupuestos.
Recientemente, la Comisión Europea recomendó para 2019 al Gobierno español un esfuerzo estructural equivalente al 0,65% del PIB, que corresponde a unos 7.000 millones de euros. “(Recomendamos) asegurar que el crecimiento nominal del gasto público neto primario no excede el 0,6% en 2019, correspondiendo con un ajuste estructural anual del 0,65% en 2019”, exponía Bruselas.
La Comisión Europea considera que España incumplirá el objetivo de déficit este año (calcula que cerrará en el 2,6% del PIB, un porcentaje que es cuatro décimas superior al objetivo pactado, y eso antes de haber tenido en cuenta en la estimación la subida de las pensiones pactada. En 2019 sí se esperaba que España saliera del brazo corrector y del Protocolo de Déficit Excesivo, donde es el último país europeo que permanece.
Agencia Tributaria, impuesto a las tecnológicas
Precisamente para cuadrar las cuentas y el déficit, y tras pactar una subida de pensiones según IPC para lograr aprobar los presupuestos, Montoro había anunciado que se aprobaría un impuesto a las grandes tecnológicas, sobre el que ahora deberá decidir Montero.
La hasta ahora consejera andaluza tendrá también en sus manos decidir quién ocupará la dirección general de la Agencia Tributaria (AEAT), un cargo que en la actualidad desempeña Santiago Menéndez.
La reforma de la financiación autonómica pendiente
La reforma de la financiación autonómica es una de las grandes tareas que deja pendiente Montoro. El histórico ministro siempre aseguró que sin el PSOE era una misión imposible. En estos días se había pretendido dar cierto impulso a este propósito, pero con la presentación de la moción de censura volvió a caerse de las prioridades. La propia consejera de Hacienda de Castilla y León, también del PP lamentó que Hacienda llevara un año “mareando la perdiz”. Pedro Sánchez ya advirtió de las dificultades de abrir este melón en esta legislatura de duración incierta.
El Gobierno del PP llegó a encargar a un comité de expertos que elaborase un informe sobre la reforma, pero los acontecimientos de Catalunya frenaron el avance de los trabajos.
Este febrero, Montero remitió una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública con la que ha formalizó la petición de salir a los mercados y para que el Consejo de Ministros autorizara a Andalucía a captar 1.000 millones de euros en dichos mercados. La intención era “desligarse progresivamente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y recuperar la autonomía financiera” para Andalucía.
