María Jesús Montero: un peso pesado del Gobierno de Susana Díaz para la Hacienda pública de Sánchez
La broma estaba servida. De Montoro a Montero. De hecho, ya muchos titulares previos habían usado el juego de palabras para escenificar el enfrentamiento político entre el hasta ahora ministro de Hacienda y la consejera del ramo en Andalucía, María Jesús Montero. Pero el cambio de la “e”, para los que conocen a la consejera de cerca, implica sumar “estudio”, “esfuerzo”, “empatía” y “experiencia”. A Montero se le reconoce -incluso sus adversarios políticos- una gran capacidad de trabajo, negociación, pedagogía política y empatía con sus rivales.
Esta es la elección de Pedro Sánchez para su Gobierno, una de las mujeres de más peso del Ejecutivo de Susana Díaz, que asumirá el reto de la cartera del Ministerio de Hacienda.
Montero tiene 52 años, dos hijas y es médica de profesión. Militó en su juventud en el Partido Comunista y entró como independiente en el Gobierno andaluz en 2002, como viceconsejera de Salud de Francisco Vallejo, después de haber sido directora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es, con mucho, la persona más experimentada y veterana del Ejecutivo, 16 años en el Consejo de Gobierno: fue consejera de Salud y de Bienestar Social en el gabinete de Manuel Chaves, cambió a la cartera de Hacienda y Administración Pública de la mano del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y mantuvo el cargo bajo el mandato de Díaz.
Es la responsable directa de haber negociado y sacado adelante los últimos tres presupuestos autonómicos con Ciudadanos, el partido que sustenta al Ejecutivo andaluz en esta legislatura, y también es la responsable de haber negociado las cuentas con IU, socio del PSOE en el mandato anterior, presumiendo siempre de haber intentado hacer presupuestos “de izquierdas”. También es la artífice del cumplimiento de las exigencias económicas del Ejecutivo del PP como el objetivo de déficit que tanto discurso le ha dado a la presidenta frente a Rajoy.
La futura ministra de Hacienda se ha ganado el respeto de sus adversarios y la confianza de tres presidentes autonómicos, y ahora del presidente del Gobierno. Montero ha sabido hacer política y vender la imagen del Ejecutivo, primero desde la cartera de Salud donde explotó la expresión “hitos de la medicina” y “medida pionera” como el derecho a una muerte digna, a la segunda opinión médica o al diagnóstico genético preimplantatorio.
El nombre de María Jesús Montero empezó a sonar como posible sucesora de Susana Díaz cuando los socialistas andaluces daban por hecho que la presidenta derrotaría a Pedro Sánchez en las primarias, dejaría el Gobierno autonómico en manos de una persona de confianza, y se marcharía a Madrid. Ella siempre bromeó con estas quinielas, de las que decía que al hacerse públicas ya la descartaban del puesto.
Lo que significa Montero
Ahora es otro nombramiento el que se ha hecho efectivo y Montero desembarcará en Madrid siendo uno de los perfiles políticos menos conocido fuera de la región. Su nombramiento para una de las carteras de mayor peso tiene varias lecturas. Sirve para coser el desgarro del PSOE de las primarias que enfrentó a Díaz con Sánchez, en tanto que el presidente ha aceptado la propuesta de la federación andaluza. Montero no es una susanista acérrima, no tiene peso orgánico en el partido; de hecho, hasta hace poco no estaba afiliada. Pero sí estuvo con Susana Díaz durante las primarias, aunque mantuviese un perfil de no confrontación abierta.
El lunes, el PSOE de Susana Díaz se mostró confiado en que el nuevo presidente tendría una sensibilidad especial hacia Andalucía, y esa confianza se materializa en el nombramiento de Montero en Hacienda. La elección explica que Sánchez y Díaz se han propuesto reconciliarse en el poder para no prolongar el pulso orgánico con él en Moncloa, y ella en San Telmo. Es el signo más inequívoco de reunificación del PSOE desde que se inició la guerra civil que dejó abierto en canal el partido, hace casi dos años. Pero además, el nuevo nombramiento aporta muchos más significados, tanto para el Gobierno de España, en la actual tesitura política, como para la situación andaluza.
Política de números
La todavía consejera de Hacienda ha sido el azote del ministro Cristóbal Montoro en los últimos años, y es la principal valedora de la reforma del modelo de financiación autonómica, que Susana Díaz ha convertido en piedra de toque de su agenda política, convirtiendo en argumentos políticos los farragosos números. Montero y su equipo diseñaron la primera propuesta del país de reforma del sistema de financiación autonómica, un documento que logró pactar con todos los partidos de la oposición (excepto con sus socios de Ciudadanos), y que fue avalado por el Parlamento andaluz, con la aportación especialmente significativa de toda la bancada del PP. Su propuesta de reforma plantea al Estado una inyección de 16.000 millones de euros más a la caja común de las comunidades autónomas, de los cuales 4.000 corresponderían a Andalucía. También propone que las regiones acaparen más ingresos por los tributos que ahora gestiona mayoritariamente el Gobierno central, como el IVA o los impuestos especiales.
Pedro Sánchez, de todos modos, ha enfriado las expectativas sobre este asunto durante el debate de la moción de censura en el Congreso. En respuesta a Joan Baldoví, Sánchez aseguró que su Ejecutivo no disfrutaría de la estabilidad y fortaleza necesaria para abrir ese melón. Y por tanto no sería una prioridad en una legislatura que se antoja convulsa. Con todo, sólo la mera convocatoria de un Consejo de Política Fiscal servirá como gesto para abrir una negociación que la mayoría de comunidades demandan. Además es un foro propicio para volver a arrimar al Gobierno de Cataluña al marco constitucional.
Los últimos hitos del Gobierno andaluz, usados con orgullo frente al Ejecutivo de Rajoy, han sido el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, marcados por Bruselas y por Moncloa, la reducción de la deuda (por debajo de la media nacional), la reducción del tiempo medio de pago a proveedores, y por último, la solicitud al Ministerio de Hacienda para que Andalucía abandone el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y vuelva a financiarse en los mercados. Díaz usó esta herramienta para acosar más al Ejecutivo de Rajoy, acudió a Moncloa para exigir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y le pidió que desatascara el debate territorial, aunque el conflicto catalán siguiera latente. Ahora esa solicitud de Andalucía, que Montoro nunca llegó a trasladar al Consejo de Ministros, está en su mano aprobarla.
Montero es la que más conoce la situación de infrafinanciación de su comunidad, porque es la que ha dado voz a esa reclamación en Madrid. Conoce a todos los consejeros de Hacienda, porque ha participado en todos los Consejos de Política Fiscal, tiene buena relación personal con el exministro (también andaluz), aunque se ha convertido en su archienemiga política. Ahora tendrá que mediar entre todas las comunidades autónomas para lidiar con uno de los toros más difíciles del Gobierno de España, la financiación autonómica, aunque sólo sea para plantearla.
Todo ese conocimiento llega a un Ministerio de Hacienda con poco margen de maniobra, y que gestiona unos Presupuestos Generales diseñados por el PP que el Gobierno andaluz, y singularmente la propia Montero, han calificado de “tramposos, nefastos” y “un castigo para Andalucía”.
