Los impuestos medioambientales y a las bebidas azucaradas no han acompañado el proyecto de Presupuestos que aprueba este viernes el Consejo de Ministros. Las patronales alimentarias, los agricultores y los transportistas se han mostrado en todo momento contrarias a estas tasas, que se han caído gracias a Ciudadanos, según defiende la propia formación. La versión de Hacienda es que ni se habían llegado a contemplar. En el caso del azúcar porque está en estudio y en el de los impuestos verdes porque se reservan para la reforma de la financiación autonómica.
El plan presupuestario para 2017 que envió el Gobierno el pasado diciembre a Bruselas incluía estas dos nuevas figuras impositivas: un impuesto a las bebidas azucaradas que tendría una recaudación de unos 200 millones (y que serviría además para tumbar la tasa equivalente que ya ha aprobado Cataluña) y otros “impuestos verdes” que podrían recaudar unos 600 millones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado tras la aprobación del proyecto de ley de PGE que se está estudiando la viabilidad del impuesto a las bebidas carbonatadas y que ni existe el anteproyecto. Ha añadido que la patronal de la alimentación y las bebidas (FIAB) se dirigió a él “para expresar su preocupación porque este impuesto se implante en comunidades autónomas y de manera aún más agresiva que la estatal”.
Pero al explicar por qué va a apoyar al PP en el Congreso con este proyecto, Ciudadanos se había jactado de haber frenado la entrada en vigor de estas nuevas tasas. Unos días antes el ministro de Economía, Luis de Guindos, había sugerido que sí se aprobarían, lo que añade aún más confusión a este episodio.
Albert Rivera aseguró que gracias a su partido estos Presupuestos “vienen sin recortes sociales y sin meter la mano en el bolsillo de los españoles con más impuestos”. Fuentes de su formación afirmaron que hasta el último momento de la firma del acuerdo habían estado encima de la mesa de negociación los impuestos medioambientales y sobre bebidas azucaradas pero finalmente han conseguido excluirlos.
Aunque la patronal de la alimentación y las bebidas que se dirigió a Montoro no ha querido valorar que no se apruebe ahora este impuesto a las bebidas carbonatadas, hace pocos días publicaron un comunicado sobre el que ha entrado en vigor en Cataluña. Aseguraban que estas medidas envían un “mensaje negativo” a la sociedad porque retraen el consumo y afecta a la economía y al empleo. El sector solicitaba al Gobierno de España su intervención para garantizar la unidad de mercado y la competitividad en igualdad de condiciones en todo el país.
Los agricultores han sido especialmente agresivos en su campaña contra el impuesto, asegurando que destruiría empleo.
Se da la circunstancia de que Portugal aprobó en sus presupuestos de este ejercicio un impuesto equivalente. Poco después Coca-Cola suspendió una inversión millonaria prevista en este país.
Por su parte, fuentes de Coca-Cola en España no han querido valorar la decisión sobre la retirada de un impuesto sobre el que la multinacional nunca se ha pronunciado oficialmente, pero cuya posible implantación ya fue muy criticada en noviembre pasado por la Asociación de Bebidas Refrescantes de España (Anfabra), que este viernes no ha querido hacer comentarios.
En noviembre, Anfabra mostró su “total disconformidad” con una medida que, en su opinión, “perjudicaría la recuperación del consumo” y a la competitividad de la industria de bebidas, la hostelería y el turismo.
Respecto a Portugal, en el sector se recuerda que en Reino Unido se dio un plazo de dos años para la entrada en vigor del impuesto (estará vigente el año que viene) para permitir a la industria reducir el contenido de azúcar de sus productos. En Portugal ese plazo transitorio no ha existido y la tasa está vigente desde febrero.
Este impuesto viene impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que las dietas ricas en azúcar pueden contribuir a la formación de caries, aumentar los niveles de triglicéridos y favorecer el desarrollo de enfermedades del corazón. Esta teoría viene a desmentir estudios que pagó la industria azucarera en los años 50 y 60 a científicos para culpar a la grasa de los infartos.
Impuestos verdes
En cuanto a los “impuestos verdes”, derivarían en subidas de los carburantes más contaminantes y probablemente también del gasóleo. Es una de las vías de subir la recaudación que más recomiendan a España los organismos internacionales, ya que el país es el tercero que menos ingresos impositivos recibe por esta vía de la Unión Europea.
El ministro de Hacienda ha afirmado que se reserva este tributo a la reforma de la financiación autonómica y local, que está en el trámite de recibir el informe de los expertos. Ha explicado que se trata de un asunto de ordenamiento de figuras tributarias, ya que existen en la actualidad tasas muy dispersas y a veces incoherentes entre sí.
La patronal del transporte por carretera, Fenadismer, ha recibido con “satisfacción” que se frenen estos impuestos. “Lo valoramos muy positivamente”, señalan desde la asociación aunque apuntan que “la amenaza siempre está latente”.
En el plan presupuestario que envió a la Comisión Europea, el Gobierno afirmaba que con este impuesto buscaría asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una progresiva convergencia con la media de la Unión Europea en materia de tributación ambiental. Según Eurostat, los ingresos procedentes de impuestos ambientales representan en España el 1,85% del PIB frente a la media europea del 2,46%.
El problema que se planteaba es que esta subida tendría un impacto sobre los hidrocarburos, y por lo tanto sobre los transportistas, en especial los autónomos. En un momento en el que sobrevuela la amenaza de huelga de los estibadores por la reforma del sector, extender la conflictividad a otro de los puntos neurálgicos del sistema de importaciones y exportaciones podría resultar problemático.