Cada consumidor de luz aún tiene 261 euros de deuda eléctrica: faltan cuatro años para devolver 7.866 millones

La pesadilla del déficit de tarifa, el antiguo desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico, está más cerca de acabarse. Pero los consumidores de luz todavía tienen que hacer frente a una deuda de casi 7.900 millones de euros que van a seguir pagando a plazos en la factura y no se va a saldar del todo hasta 2028. A unos 261 euros por cada cliente de electricidad.

Esta cifra orientativa da idea de la cantidad que está pendiente de devolver, dos décadas después de que se empezara a generar esta enorme bolsa de deuda. Se basa en repartir los más de 7.866 millones de déficit pendiente a cierre de 2023, según el último informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre los 30.419.729 suministros que este organismo calcula que tendrá este año el sistema eléctrico nacional. 

El pasado ejercicio, tras el pago de otros 231,8 millones solo en intereses, la deuda acumulada bajó de 10.000 millones por primera vez en muchos años. Se redujo un 21,5% respecto a 2022, hasta esos 7.866 millones. Cuando desaparezca del todo, supondrá aliviar la factura en más de 2.000 millones cada año. Pero falta para eso. La anualidad de 2024 será similar a la de 2023, de 2.371,4 millones, unos 78 euros por usuario, equivalente a la factura mensual de un hogar medio en 2022, último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los 261 euros que cada consumidor tiene todavía pendiente de pagar equivalen a más de una cuarta parte de los 979 euros que, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, se gastó de media un hogar español en electricidad en 2022, el año de la gran crisis energética tras la invasión de Rusia. En 2014, cuando la bola del déficit llegó a rozar los 27.000 millones, más que el rescate a Bankia de 2012, salía a la friolera de 930 euros por suministro. 

El importe pendiente irá cayendo hasta situarse en unos 8,8 euros por consumidor en 2027. La previsión es que la deuda quedará finalmente saldada en 2028. El cálculo se basa en los suministros que la CNMC estima que habrá para 2024 y 2025, recogidos en la memoria de la orden de peajes para este ejercicio.

Invento de Rato

El déficit de tarifa fue un invento que creó Rodrigo Rato, artífice del denominado milagro económico español, en la época de José María Aznar. Fue pocos años después de la liberalización del sector que comenzó en 1998 y que, según se explicó entonces, iba a traducirse en menores precios para los consumidores.

El pronóstico no se cumplió y esa liberalización tuvo como contrapartida los multimillonarios costes de transición a la competencia o CTC, el famoso “billón de las eléctricas”: unos 9.000 millones de euros para compensarles por los perjuicios que en teoría iba a generarles el nuevo sistema.

El mecanismo lo explicaba en una entrevista en elDiario.es Jorge Fabra, ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): con esa figura, al sector, entonces casi un duopolio, “la ley les garantiza esa retribución de 36 euros por cada MWh desde 1998 hasta 2010, más esos 8.664 millones con los que se compensará al conjunto de las instalaciones. La propia ley decía que si el precio de mercado supera esos 36 euros, la diferencia se considerarían CTC cobrados”.

“Lo que ocurrió es que el mercado se disparó muy por encima de esos 36 euros y a partir de 2005 se empiezan a producir los beneficios caídos del cielo. Entre 2005 y 2006, cobran en concepto de CTC entre 1.600 millones y 2.500 millones de más. Y todavía no tenemos una liquidación de esa cantidad que las empresas adeudan a los consumidores”.

Tras los CTC, Rato aprueba el Real Decreto 1432/2002 y llega el déficit de tarifa. Se incluye, como un nuevo coste de la tarifa, “el desajuste de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas que se ha producido en años anteriores al que se dicta la norma, recuperables de forma lineal hasta el año 2010”, fecha que coincidía con el plazo máximo para la recuperación de los CTC.

El artificio permitió al gobierno de entonces no tener que subir la luz y cumplir los objetivos de inflación pactados con la UE. Las empresas se apuntaban como deuda la diferencia entre los costes regulados que se les reconocían y lo que pagaban los consumidores, que la iban devolviendo con intereses mediante un porcentaje del recibo.

El artefacto acabó explotando en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, como consecuencia en gran parte de un generoso régimen de primas a las energías renovables (entonces necesitaban ayudas para ser rentables) que propició que se instalara mucha más potencia verde de la que se había previsto: en 2008, con el barril de petróleo batiendo récords, el desfase rozó los 6.300 millones en un solo ejercicio. 

Poco después, tuvo que salir al rescate el Estado, dando su aval a esa deuda en 2010 para poder titulizarla, colocarla entre inversores y sacarla del balance de las eléctricas, a cambio de que los consumidores siguieran devolviéndola a plazos y con intereses. El mecanismo fue similar al que luego se utilizó para pagar la indemnización a ACS por el cierre del Castor, aunque en el caso del fallido almacén de gas se hizo mediante un decreto ley exprés que acabó anulando el Tribunal Constitucional.

Con Mariano Rajoy, la bola de nieve siguió creciendo, en una tendencia que agravó el desplome de la demanda eléctrica por la crisis económica. Y el agujero era ya tan grande, casi 30.000 millones de déficit, que llegó a poner en serio riesgo las finanzas públicas, porque esa deuda tenía aval del Reino de España. El gobierno de entonces aplicó fuertes subidas de la luz y duros recortes al sector, muy en especial, las renovables, que propiciaron una catarata de denuncias de inversores extranjeros ante tribunales internacionales de arbitraje que colea hasta ahora.

En aquel momento, el Ejecutivo adujo un riesgo cierto de quiebra del sistema. Lo señalaba el preámbulo de la Ley del Sector Eléctrico de 2013: “Pese a que los peajes [parte regulada del recibo que sufraga el transporte, la distribución o las antiguas primas a las renovables] crecieron un ciento veintidós por ciento entre 2004 y 2012, situando el precio de la electricidad en nuestro país muy por encima de la media de la Unión Europea, eran insuficientes para cubrir los costes del sistema”. 

“Esta situación de desequilibrio ha llegado al punto de que la deuda acumulada del sistema eléctrico supere en el momento actual los veintiséis mil millones de euros, el déficit estructural del sistema alcanzase los diez mil millones anuales y la no corrección del desequilibrio introdujera un riesgo de quiebra del sistema eléctrico”, decía el texto de la ley eléctrica todavía hoy en vigor.

Meses antes de su aprobación, la extinta CNE advirtió en un informe específico sobre el problema del déficit de tarifa que, de no adoptarse medidas, seguiría disparándose año tras año, hasta rozar los 11.000 millones de nuevo déficit en 2020. El documento dejaba patente que los precios de la electricidad de los consumidores domésticos eran ya entonces superiores a la media europea. 

La razón, “la incorporación como costes del sistema de un volumen creciente de costes reconocidos a las actividades reguladas, planificados inicialmente en un contexto donde se esperaba un mayor crecimiento de la demanda”, “los sobrecostes de las instalaciones del régimen especial”, la compensación a los sistemas extrapeninsulares y la evolución de la retribución del transporte y la distribución. A “un sistema deficitario continuado en el tiempo y a sus elevados costes de financiación” se sumaba “el creciente coste de las anualidades correspondientes al pago de la deuda”. 

Solo desde 2014 los consumidores de electricidad han pagado más de 6.000 millones en intereses por ese déficit, según datos de la CNMC recopilados por La Información. Pese al entorno de altos tipos de interés, en 2024 el coste medio de la deuda se va a situar en el 2,444%, superior al 2,042% de 2023, aunque lejos del 3,85% que se pagaba hace una década.

La creación de nuevos déficit tarifarios quedó atrás hace años, aunque el desplome de la demanda de 2020 por el confinamiento despertó temores a un repunte. Hoy, con las renovables convertidas en la fuente más barata para generar electricidad y ya mayoritarias en el mix eléctrico, parece un problema muy lejano. En los últimos ejercicios, de hecho, el sistema ha registrado superávit: en 2022, se registró un récord de casi 6.200 millones, consecuencia de transferencias extraordinarias de las subastas de CO2 y de los Presupuestos, y menos costes del antiguo régimen especial de las renovables, el antiguo sistema de primas conocido como RECORE. Los precios récord del mercado mayorista propiciaron un menor coste de las antiguas primas y de los sistemas eléctricos aislados (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla).

Ese superávit se destina a rebajar los cargos, la parte regulada de la factura que fija el Ministerio para la Transición Ecológica y que cubren la financiación de las renovables, el sobrecoste extrapeninsular o las anualidades del déficit. El informe de la CNMC señala que “del importe del superávit generado desde 2014, se han aplicado 8.762 millones”, esto es, “prácticamente su totalidad”.

La propuesta de orden de cargos del ministerio para 2024 prevé inyectar a esta partida sendas aportaciones que suman 1.828 millones con origen en esos superávits. La más relevante se ha dispuesto tras la aprobación del decreto del pasado diciembre con medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que recogía una aportación para financiar los cargos que va a sumar 1.375 millones procedentes del superávit de 2023, más otros 453,8 millones del excedente de 2022. Con ello, los cargos netos se situarán en 2.532 millones.

El 83,5% del déficit pendiente corresponde al Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE). El déficit del ejercicio 2013 supone el 16,5 % restante. Una tercera categoría, el denominado Déficit Ex Ante, así llamado porque se reconocía antes de que se produjera, quedó saldada el pasado 29 de mayo. La identidad de los fondos que tienen esas emisiones se desconoce, ya que es un dato “confidencial” en los informes de la CNMC.

El organismo calcula que el pasivo del FADE quedaría liquidado el 17 de marzo de 2027, cuando se produciría la última amortización. El activo del fondo seguiría vivo hasta 2028, al extinguirse el último derecho de cobro. Con ello, la deuda quedará repagada 25 años después de que empezara a generarse. La moratoria nuclear de los 80, otro rescate encubierto a las eléctricas, no quedó saldada hasta 2015. La historia no se repite, pero a veces rima.