Los consumidores reclaman al Gobierno que, entre otras medidas, refuerce el bono social eléctrico ante la actual crisis de precios de la luz. Estos descuentos para consumidores vulnerables solo los disfruta “el 30% de los potenciales beneficiarios”, critica el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Carlos Ballugera, que reclama menos “burocracia” para su tramitación y cree que lo “ideal” es que se conceda de forma automática.
Ballugera se reúne este martes con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a representantes de las organizaciones de consumidores. El asunto principal es abordar la revisión de la tarifa regulada del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque el objetivo del CCU es también trasladar la necesidad de abordar mejoras en el bono social.
En plena pugna con las eléctricas por el impacto del plan de choque aprobado en septiembre para intentar contener la escalada de precios, el Ministerio ha abierto una consulta pública para recabar opiniones de cara a las posibles medidas a adoptar para disminuir la volatilidad del PVPC, al que hay acogidos más de 10 millones de consumidores, con vistas al proceso de transición energética. El proceso se ha abierto en mitad de una crisis que ha llevado los precios de la electricidad a niveles sin precedentes en Europa por el encarecimiento del gas y los derechos de emisión de CO2.
Este martes, el precio diario del mercado mayorista de la luz en España, al que está referenciado directamente el PVPC, va a situarse en su segundo registro más elevado de la historia (más de 203 euros). Los futuros del pool español para el primer trimestre de 2022 apuntan ya a un nuevo récord de 219 euros. El asunto está ya centrando la discusión de esta semana entre los países miembros de la UE.
De cara a esa reunión con Ribera, Ballugera espera que la anunciada reforma del PVPC permita dotar a la tarifa semirregulada de más “estabilidad” ante las “turbulencias” de los mercados energéticos y cree que “si sirve para bajar los precios, será bienvenida”. La vicepresidenta ha advertido de que ese cambio podría conllevar una mayor prima de riesgo a costa del consumidor. La reforma la llevan tiempo pidiendo las grandes eléctricas. Para el Gobierno, reduciría el coste político de los constantes récords del denominado pool.
Pero organizaciones como Facua y la OCU se han desmarcado de una propuesta que recuerda a las antiguas subastas trimestrales con las que se fijaba la tarifa doméstica, que se suprimieron en 2013 porque favorecían la especulación. La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), también convocada este martes, reclama que la reforma del PVPC se aborde “con cautela” y “a medio plazo”.
El presidente del Consejo de Consumidores insiste en la necesidad de abordar la “mejora” del bono social eliminando la “burocracia” que va aparejada a él y cambiando los criterios de concesión. En marzo (último ejercicio disponible) había acogidos al bono 1,1 millones de consumidores. Teniendo en cuenta la estimación de Ballugera, al menos 2,5 millones de hogares estarían quedándose fuera de los descuentos. Estos ascienden a un mínimo del 25% en la factura de electricidad. Es necesario estar acogido al PVPC para disfrutarlos.
Una de las herramientas que contemplaba la Estrategia contra la Pobreza Energética 2019-2024 era, además del suministro mínimo de energía aprobado en septiembre, que el bono social se concediera de forma automática, como en Francia o Portugal. Según el presidente del CCU, “sería ideal que se automatizara”, pero “el reto es de la Administración”, que sería la que tendría que identificar a sus beneficiarios. Actualmente hay que pedirlo a las comercializadoras, que son las que sufragan su coste.
“De espaldas” a los consumidores
“Le hemos trasladado al Ministerio que hay una brecha que no se cubre. Hay un 70% de potenciales beneficiarios que no lo están recibiendo”, insiste Ballugera, que reclama “que se aumente la información a los beneficiarios” porque “la tramitación es enrevesada” y “muchos beneficiarios no lo piden”. El presidente del CCU también critica que “las empresas eléctricas por lo general permanecen completamente de espaldas a las personas consumidoras”.
Ampliar el rango de beneficiarios y el porcentaje de los descuentos del bono social es una de las medidas “a corto plazo” que va a reclamar Hispacoop a Ribera en la reunión de este martes. Para abaratar la factura, la confederación reclama también entre otras medidas extender las rebajas de impuestos ya aprobadas (IVA e Impuesto Eléctrico) o cargar costes no relacionados con el suministro a los Presupuestos del Estado sacándolos de la tarifa.
Por su parte, Facua reclama al Gobierno que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida al PVPC, para limitar el efecto de las subidas de los precios energéticos sobre los consumidores. Pide que este descuento se aplique a la mayoría de familias, excluyendo solo a las de rentas más altas, y corra a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado.
Facua señala que “la agresión del oligopolio eléctrico a los consumidores y el pulso que está manteniendo con el Gobierno es lo suficientemente grave como para que haya una intervención contundente en los precios por parte del Ejecutivo”. “Se trata de utilizar una capacidad para la que los Estados miembros están facultados por la Directiva 2019/944, de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.